Más dinero para Pemex y contratos a socios corruptos

Por Alejandra Barriguete

La actual administración federal abrió investigaciones y congeló cuentas a Grupo Kosmos por supuestas irregularidades en contratos del anterior sexenio, pero reclutó como directivo de Segalmex a Bernardo Fernández Sánchez, quien además de continuar como socio del conglomerado empresarial, fue su director corporativo entre 2016 y 2018, periodo en el que obtuvo contratos por casi 4 mil millones de pesos para venderle alimentos al gobierno de Enrique Peña Nieto.

A los pocos meses de que Fernández Sánchez se integró al equipo directivo de Segalmex, esa dependencia entregó un contrato por 15 millones de pesos a Productos Serel, una de las empresas que forman parte de Grupo Kosmos, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El ex director corporativo de Kosmos trabaja desde el 1 de diciembre de 2018 como director de operaciones en Liconsa, mientras que el contrato a Serel lo otorgó Diconsa el 2 de mayo de 2019. Ambas áreas (Liconsa y Diconsa) pertenecen a la estructura de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

• Adicionalmente a las aportaciones patrimoniales de Sener, Pemex tuvo ampliaciones por más de 5 mil millones de pesos.
• Al primer semestre de 2021, los recursos asignados para la función de salud han tenido una disminución de 10,611 millones de pesos (-2%), mientras que los recursos planificados para combustibles y energía han incrementado en 99,902 millones de pesos (+8%).
• Se creó el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales en sustitución del Fonden, pero el gasto observado decreció  en 79% en términos reales respecto al año anterior. 
• La Guardia Nacional recibió una ampliación de 1,086 millones (+4%) para su operación.
• La Secretaría de Turismo presenta un importante retraso con respecto al gasto programado debido al subejercicio del Tren Maya por 10,302 millones (-45%).
• El programa para la compra de suministros de claves de medicamentos del ISSSTE mantiene un grave retraso en el gasto por 2,789 millones (-66%). 

Por Monserrat Peralta, Vanessa Cisneros, Estefanía Sánchez y Juan Gómez

El 23 de junio pasado, un montón de plafón y fierros se desplomó sobre los parabrisas de dos autos que circulaban sobre Calzada de Tlalpan. El material cayó desde una de las pasarelas elevadas que conectan los andenes con la taquilla de la estación del metro Villa de Cortés.

Esta fue sólo la última de una serie de irregularidades en torno a una obra que, impulsada por una empresa privada y con el permiso de las autoridades, intentó convertir el espacio público en un negocio familiar y millonario.

Por María Amparo Casar

Contrario a lo que se dice, la consulta de revocación de mandato es un instrumento en manos del poder público, no del poder ciudadano. Lo mejor que le podría pasar a México es que el presidente desistiera de llevarla a cabo. El presidente es quien ha puesto en la agenda someter su mandato a revocación y la ha promovido desde las conferencias matutinas. Nadie más lo ha hecho. Hasta el momento no hemos visto a ninguna organización ciudadana buscarla, difundirla o impulsarla.

Por Gerardo Carrasco

El deseo de Andrés Manuel López Obrador de renovar votos con quienes lo eligieron para ser presidente de México ha desatado una gran polémica. Lo que en un inicio comenzó como una idea —no propia, pues la revocación de mandato existe desde hace más de un siglo en otras democracias— se convirtió en nuevas iniciativas de reforma constitucional que posteriormente fueron transformadas en derecho positivo vigente. La revocación de mandato es hoy una realidad. Si la ciudadanía así lo permite, en marzo del próximo año tendremos el primer ejercicio de revocación del mandato presidencial en México.

Sin embargo, aún existe mucha confusión en torno a las normas que regulan el proceso y cómo debe llevarse a cabo. Dejaré a un lado mi opinión acerca de los beneficios o perjuicios que la revocación del mandato presidencial puede traer a la democracia mexicana, y me limitaré a explicar en castellano —tratando de no utilizar un lenguaje demasiado jurídico— las reglas aplicables en torno al procedimiento.