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Más opacidad, menos denuncias.
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@amparocasar
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La justicia en México opera de manera selectiva y una investigación que publicamos esta semana lo evidencia. López Obrador dijo que se sancionaría a todos los involucrados en el caso Odebrecht pero no ha sido así. Leonardo Cornejo Serrano, uno de los colaboradores más cercanos a Emilio Lozoya cuando fue director de Pemex, es ahora el responsable de la construcción de la Refinería Dos Bocas y maneja un presupuesto multimillonario a su antojo. Los detalles en nuestra sección Arenas Movedizas.
Esta semana también tenemos dos análisis interesantes: el primero es sobre el mito de la austeridad republicana en la actual administración y el segundo sobre cómo López Obrador ha distribuido los recursos públicos en beneficio de sus proyectos prioritarios, mientras que otros programas e instituciones han sufrido recortes.
También queremos recordarte que los datos de nuestra Encuesta MCCI- Reforma 2023 ya están disponibles en nuestro sitio. ¿Sabías que apenas el 10% de los encuestados considera que denunciar es de utilidad?
Esperamos que esta edición de nuestro newsletter sea de tu interés.
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Leonardo Cornejo Serrano, uno de los colaboradores más cercanos a Emilio Lozoya cuando fue director de Pemex, asumió el seguimiento a un contrato asignado a Odebrecht obtenido mediante sobornos. Cornejo confesó que negoció el pago de 6 millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de un contrato en la refinería de Tula.
Pese a que el presidente López Obrador prometió que se castigaría a todos los involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht, el único encarcelado fue Lozoya. Mientras que Cornejo Serrano fue exonerado y se integró al equipo de AMLO. Este personaje se convirtió en el responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas, desde entonces le han delegado el presupuesto multimillonario, el cual ha manejado en total opacidad.
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La Encuesta MCCI-Reforma 2023 sugiere que en los últimos tres años se ha reducido drásticamente el porcentaje de personas que le encuentran algún sentido a denunciar actos de corrupción: apenas más del 10% cree que tiene alguna utilidad. La única forma de estimular la denuncia es hacerla más sencilla y evitar la revictimización.
Si tomamos como ejemplo el caso en el que un estudiante copia en un examen, es necesario hablar de la importancia de aprender a señalar las irregularidades sin minimizar quién o bajo qué circunstancias se comete.
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Cuando López Obrador llegó a la presidencia prometió luchar contra la corrupción y encabezar un gobierno caracterizado por la austeridad republicana, pero no gastó menos ni acabó con la corrupción. Lo que aumentó en su administración fue la opacidad.
Parte de su estrategia consistía en fusionar o extinguir organismos desconcentrados y transferir sus funciones a las secretarías de Estado. También hubo recortes de mandos medios y superiores, así como de salarios y prestaciones adicionales. Por si fuera poco, quiso “blindar” a su administración utilizando la seguridad nacional como justificación para ignorar los límites legales. De acuerdo con analistas, estas acciones resultaron en un desmantelamiento del Estado.
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Existe evidencia de que el presidente ha controlado los recursos públicos para beneficio de sus proyectos, programas e instituciones favoritas, mientras que otros programas e instituciones que no son de su interés han sufrido recortes.
Entre 2019 y 2022, el Poder Ejecutivo gastó 1,014 millones de millones de pesos más de los que originalmente tenía aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Mientras que el PEF estipulaba que la Sedena debió haber gastado 469,297 mdp en el periodo de 2019 a 2022, la Cuenta Pública revela que terminaron ejerciendo 597,222 mdp.
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Actualmente hay 67% menos becarios que en 2018. Los datos oficiales prueban que las becas Conacyt para estudiar en el extranjero están en proceso de extinción.
Los efectos más notables de esta caída es a nivel maestría, al pasar de 2,157 en 2012 a su punto más alto en 2015, con 4,166 y caer hasta sólo registrar 334 en 2023, una caída de 85%. A nivel doctorado, la caída ha sido ligeramente menos pronunciada: en 2012 había 2,524 personas beneficiarias, en 2015 esta cantidad pasó a ser 3,250 y para 2023 la cifra se redujo a 1,010 personas, una disminución de 69%.
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