MCCI refuta las acusaciones de la jefa de gobierno sobre Línea 12

Con anterioridad a la divulgación del peritaje de DNV y sin conocimiento de su contenido, MCCI llevó a cabo un trabajo de investigación periodística que implicó la revisión y análisis de más de 15 mil hojas de documentos: denuncias, informes y bitácoras de la construcción de la Línea 12 del Metro. Este trabajo es previo a la reciente controversia con la empresa DNV, planteada por la Jefa de Gobierno, y es una investigación que tuvo como objetivo dar cuenta de las anomalías en el diseño, construcción y mantenimiento del tramo de la Línea 12  que se desplomó. Nuestros hallazgos y metodologías son transparentes y están a la vista de la ciudadanía.

Además, en nuestro artículo sobre conflicto de interés, que la Jefa de Gobierno señala como el sexto paso de una supuesta acción coordinada con otros actores políticos, afirmamos que no hay evidencias de sus señalamientos de acuerdo con la propia definición legal de conflicto de interés de la Contraloría de la CDMX, por lo que en ningún momento se realiza una defensa de ninguna persona en específico. 

También señaló que se trata de una acción concertada políticamente. No sólo negamos categóricamente esta acusación, sino que recordamos a la Jefa de Gobierno que el desplome de una de las principales vías de transporte, que tuvo como consecuencia la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados, es uno de los asuntos públicos más importantes para la vida de la Ciudad de México. De ahí que merezca la máxima atención por parte de la sociedad civil y el gobierno.

Le pedimos que, de cara a la ciudadanía, cumpla los compromisos que asumió en mayo de 2021 de llegar al fondo de las investigaciones y ofrecer una explicación completa y transparente sobre las causas de esta tragedia. No desviemos la conversación. Es tiempo de buscar justicia.

Los problemas de diseño y construcción, junto con las fallas en inspecciones y de mantenimiento, son identificadas como causas concurrentes del desplome en un tramo de la L12, en el último reporte de la empresa DNV al que accedió el diario español.

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Por Carlos Alberto Navarrete Barajas

La iniciativa de reforma del presidente López Obrador para ampliar las atribuciones de la SFP configura un intento de centralización y un claro conflicto de intereses en su diseño institucional.