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Morena y aliados dieron la vuelta a la ley.
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Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó una conformación de la Cámara de Diputados en la que Morena y sus partidos aliados tendrán sobrerrepresentación. Es indiscutible que obtuvieron un amplio apoyo popular con 55% de los votos, pero terminarán teniendo 73% de las diputaciones.
En esta edición del newsletter te explicamos qué hicieron Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para darle la vuelta a la ley y obtener más diputaciones de las que deberían de tener. Además, te contamos cuáles son los riesgos que implica que una sola fuerza política tenga la capacidad de modificar las reglas de nuestra democracia por sí sola.
La nueva legislatura del Congreso empieza en los próximos días y el primer asunto que discutirán será la reforma judicial que, entre otras cosas, propone que los principales nombramientos del Poder Judicial de la Federación, desde ministras y ministros de la Suprema Corte hasta juezas y jueces, sean electas por votación popular.
Te compartimos algunos textos de nuestro blog Desarmar la Corrupción que analizan algunas preocupaciones e implicaciones sobre esta nueva propuesta.
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¿Morena ganó “legalmente” 256 distritos de 300 junto con sus aliados? No caigas, esto es desinformación. En este video Leonardo Núñez, Director de la Unidad de Investigación Aplicada, nos explica.
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¿Reforma judicial o reforma política? La reforma judicial no hace nada por facilitar el acceso a la justicia. La propuesta presentada por el presidente López Obrador lejos de ofrecer alternativas para atender la exigencia de acceso a la justicia para las millones de víctimas en el país, se limita a ser una reforma política al Poder Judicial, que modifica la forma en la que son designadas las personas, pero sin cambiar la forma de hacer justicia.
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La remoción de todos los juzgadores y juzgadoras sería un golpe a la independencia judicial. Esto porque no existirá claridad sobre si los nuevos jueces electos responderían a los intereses del electorado o a la ley, ni tampoco si tendrían la certeza de poder resolver con libertad, pues se enfrentarían a un sistema de premios y castigos derivados de una nueva reforma constitucional.
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De acuerdo con la propuesta de reforma del presidente, las juezas y jueces de distrito, así como las magistradas y magistrados de tribunales de circuito, tienen los días contados.
No importa si el proceso por el cual fueron designados fue transparente, riguroso o democrático. Su designación se verá desplazada por la voluntad de las fuerzas políticas, si se logran las mayorías necesarias y deciden que a partir de ahora deberán elegirse mediante voto popular.
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La decisión de quién debe ocupar un lugar en la Corte no debe encomendarse al consenso de las mayorías, pues, más que una persona con representatividad popular, se debe privilegiar que el lugar sea ocupado por personas con las cualidades necesarias para atender el encargo: destreza técnica, independencia al poder político e integridad ética.
Caer en la falacia de la democratización de la Corte mediante la elección popular de sus integrantes nos puede llevar a politizar la justicia constitucional, a llevar sus decisiones al terreno electoral.
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