Nuera de AMLO creó empresa con proveedor de Pemex vinculado a Baker Hughes

El notario que atestiguó el compromiso de no reelección de López Obrador es el mismo que auxilió a Carolyn Adams a crear una empresa en la Ciudad de México cuyo objetivo es representar a todo tipo de compañías como agente, comisionista o intermediaria. Su socio en ese negocio es un viejo contratista de Pemex que ha participado en Dos Bocas y que tiene alianza con una firma asociada a Baker Hughes, la multinacional que estuvo en el centro de la polémica por “La Casa Gris”, revela nuevo libro de Editorial Grijalbo.

Carolyn Adams, nuera del presidente de México, es accionista mayoritaria en CA Twelve SA de CV, una empresa que tiene como objetivo principal representar a compañías y a empresarios en negocios de todo tipo en México, ya sea como agente, comisionista o intermediaria.

Para crear CA Twelve, Carolyn se asoció con el empresario mexicano Eduardo Joel Arratia Vingardi, un antiguo contratista de Pemex, quien tiene alianzas con proveedores de la refinería Dos Bocas, una de las obras emblema del presidente López Obrador, y que ha trabajado con compañías multinacionales de servicios petroleros, entre ellas Baker Hughes. Esta compañía —investigada en Estado Unidos— ha estado en el centro de la polémica por la llamada “Casa Gris”, la residencia que José Ramón López Beltrán (hijo mayor del presidente) y su esposa ocuparon en Houston.

El notario que auxilió a Carolyn a crear su empresa es el mismo que en julio de 2019 fue convocado por López Obrador para que acudiera a Palacio Nacional a atestiguar su compromiso de no reelección.

Las anteriores revelaciones forman parte de un nuevo libro que estará en circulación a partir de la próxima semana, titulado precisamente “La Casa Gris”, de editorial Grijalbo, el cual aporta nuevos hallazgos en torno a la investigación publicada en enero de 2022 que evidenció el estilo de vida de José Ramón en Houston, en una residencia que pertenecía a un alto ejecutivo de Baker Hughes, uno de los contratistas de Pemex más beneficiados en el gobierno de López Obrador.

Por Eduardo Buendía

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política y poder para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal. 

Una investigación en expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPPyC) y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche revela que a abril de 2022 “Alito” Moreno, su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y Juan José Salazar Ferrer -identificado como su arquitecto de cabecera- son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado. 

Cuatro propiedades cedidas por Alejandro Moreno a su mamá Yolanda Cárdenas fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de diciembre de 2019, como parte de una carpeta de investigación que se inició contra el exgobernador en la que se le imputó haber cometido enriquecimiento ilícito; así lo establecen boletas de historiales registrales de los inmuebles. No obstante, en septiembre de 2020 se cancelaron esas retenciones y las propiedades volvieron al poder del líder priista. 

Alejandro adquirió varios de esos inmuebles a precio preferencial. En algunos, los metros cuadrados tuvieron un monto menor a un peso; luego las cedió a sus cercanos con el objetivo de que las vendieran en cantidades millonarias y así obtener liquidez para realizar otras operaciones. 

Por Ernesto Aroche*

“Le pregunto de manera general: ¿cómo se integra la Cuenta Pública?”. Quien pregunta es Sergio Salomón Céspedes Peregrino, un priista que hoy preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla (Jugocopo) bajo los colores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al frente y a su derecha, Amanda Gómez Nava prepara su respuesta. Ella acaba de renunciar a su cargo como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado de Puebla, para competir por la vacante como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Esta vacante se produjo luego de que el anterior auditor, Francisco Romero Serrano, fuera destituido por el Congreso local tras enfrentar denuncias por violencia doméstica. Romero Serrano llegó como titular del ASE a finales de 2019, cuando el Congreso poblano, dominado ya por Morena, lo eligió para ocupar el cargo hasta 2026.

Aunque se trata de un cargo que por su naturaleza —valorar, estudiar y calificar la Cuenta Pública del estado— debe mantener autonomía del poder político, especialmente del Ejecutivo. Sin embargo, lo cierto es que es una posición en la que el titular del Poder Ejecutivo tiene la última palabra, así fue durante los gobiernos priistas, así fue durante los gobiernos panistas y así ha sido con el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa. De hecho, la salida de Romero Serrano de la ASE fue una larga novela que se leyó en las columnas políticas locales, las cuales fueron contando las desavenencias con el gobernador y cómo cayó de su gracia.

*Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de cada uno de los autores y no representan la postura de Nexos o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.