EL NEWSLETTER DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD



Ante la alarma que desató la ola de asesinatos tan solo en los primeros 4 meses del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que todos los jueves en su conferencia matutina se informe de los supuestos avances en las investigaciones. Así, por ejemplo, exhibe una tabla con una columna que presume, tramposamente, “detenidos o buscados”. Como si fuera justicia una orden de aprehensión que todavía no se aplica porque la persona está prófuga, y como si las detenciones no fueran apenas un primer paso de un largo proceso donde a veces los únicos que llegan a pisar la cárcel son quienes jalaron el gatillo, pero no quienes mandaron silenciar a un periodista.

Eso es lo que ha pasado con la mayoría de casos a lo largo de los años. Para las familias de las y los periodistas asesinados, para la sociedad civil eso no es justicia. 





El presidente manifiesta que la culpa de tanta impunidad se le debe a las Fiscalías de los Estados. Sostiene que es en lo local donde se tiene que investigar. Pero desde el año 2010 existe a nivel federal una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, y la propia Constitución dice en su artículo 73 que esa Fiscalía “podrá” atraer las investigaciones de comunicadores asesinados. El problema es ese “podrá”, pues con ello se deja abierto que lo haga o no, y no hay criterios claros de cuándo un caso sí se debe llevar o no a ese nivel.

ESCUCHAR EL PÓDCAST

Créditos:

Dirección: Darío Ramírez

Investigación y guión: Itxaro Arteta

Producción: Gloria Hernández

Ilustración: Adán Vega

Programación: Eduardo Mota


Entrevistas:

  • Sara Mendiola, Directora de Propuesta Cívica, organización que lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en México.
  • Griselda Triana, activista, viuda del reconocido periodista mexicano Javier Valdez, asesinado en 2017.
  • Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco medio de Tamaulipas.
  • Joel Vera, periodista y abogado de Vera Abogados, defensor de Monitor Michoacán.
  • Jorge Sánchez, periodista beneficiario del Mecanismo de protección a periodistas, hijo del reportero Moisés Sánchez, asesinado en enero de 2015.
  • Alberto Xicoténcatl, defensor de derechos humanos y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección a periodistas.
  • Exescolta del Mecanismo de protección a periodistas (testimonio anónimo).

 



Dos empresas que el SAT ha identificado como “fantasma” recibieron 20 millones de pesos durante la anterior campaña de Delfina Gómez en el Edomex, en la cual fungió como coordinador de Morena el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán. El dueño de una de esas factureras está ligado con el cobro de “diezmo” a trabajadores de Texcoco, para beneficio de Morena, y el administrador de la otra compañía solía presumir en redes su cercanía con políticos morenistas. Para 2023, Delfina volverá a ser candidata a la gubernatura del Estado de México, confirmó este viernes el presidente López Obrador.



En la anterior campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México, Morena recurrió a los servicios de al menos dos empresas que el SAT ha identificado como “fantasma”, a las que se les pagaron 20 millones de pesos por apoyo en mítines. 

El coordinador de Morena en aquella elección del Edomex en el 2017 fue José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de agosto, AMLO confirmó que Delfina Gómez dejará la Secretaría de Educación Pública para competir nuevamente en el 2023 por la gubernatura del Edomex por Morena. “Es una mujer buena, trabajadora, honesta”, dijo sobre ella el presidente.

En el libro “La Casa Gris”, escrito por el director de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documentó que cuando Delfina fue candidata en 2017, se contrataron para su campaña a las empresas Servicios Logísticos HMC Negrete y Servitransportadora Turística Olmeca, las dos declaradas oficialmente por el SAT como simuladoras de operaciones o compañías “fantasma”, porque carecían de infraestructura y capacidad para desempeñar las actividades por las que emitieron facturas.

IR A LA NOTA
 





Por Luis Javier Moreno

La recaudación del gobierno es uno de los graves problemas del país. Incluso si de un día para otro se acaba el desvío de recursos públicos y el gobierno no gasta mal un solo peso, la discrecionalidad y la corrupción en recaudación seguirá siendo un problema para gobiernos locales y nacional.

IR AL BLOG
 



Gracias por leer una edición más del newsletter de MCCI. Te invitamos a que te unas a la discusión y nos hagas llegar tus comentarios a [email protected]

Hasta la próxima 

Facebook

Twitter

Website