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Los recursos analizados del FONE corresponden a partidas identificadas como “nóminas estatales subsidiadas”, “FONE servicios personales SEP” y “gastos de operación y entero a terceros institucionales”. Con estas aportaciones, la Federación cubre el pago de nóminas a personal educativo que ocupa las plazas transferidas a los estados, así como servicios personales.
En 2020, la Auditoría detectó que 107.9 millones de pesos de dicho fondo federal fueron a dar al pago de salarios a maestros que ya habían muerto. Ocho estados —Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán— no solventaron las observaciones por pagos realizados a trabajadores fallecidos por un monto cercano a los 7.2 millones de pesos.
Sin embargo, la problemática no es nueva e incluso se presentó en mayor proporción en el ejercicio anterior. De acuerdo con los resultados de las auditorías, en 2019 las entidades pagaron 48.4 millones de pesos a personal identificado como decesos, de los que 19 estados no solventaron pagos por 31.4 millones de pesos.
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, son las entidades con pagos pendientes por aclarar de ese año a personal fallecido.
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