Pobres pagan por agua y empresas fantasma reciben millones de pesos

Ante el desabasto, los residentes de Ecatepec se surten con piperos y “huachicoleros” que sustraen el agua de las tuberías públicas, con lo que la gente termina comprando su propia agua.

Por Samuel Adam

El agua que extraen para su venta es la que corre en la red pública de tuberías y que debería llegar a los ecatepenses. Los piperos abren el registro a  plena luz del día y a la vista de todos, y con una bomba extraen el agua para descargarla en la pipa sin logos.

Alrededor de 800 mil personas que viven en la quinta zona de Ecatepec, al sur del municipio, llevan años sin agua potable en las tuberías de sus casas.

Para sobrevivir deben desembolsar de 100 a 160 pesos por mil litros de agua, que alcanza para menos de una semana de uso regular para una familia de cuatro personas. Si esta agua la recibieran por las tuberías pagarían 10.63 pesos.

Además de comprar el agua que debería de llegar a sus casas  le pagan al municipio por esa misma agua que no reciben.

Ante la carencia de agua cada vez más grave, mil 600 familias de esta zona se han amparado para recibir al menos mil litros de agua a la semana de parte del Municipio de Ecatepec, lo que es insuficiente.

Además, han realizado manifestaciones para exigir el suministro de agua.

En mayo del 2020, cuando en plena pandemia el agua escaseó aún más, alrededor de mil 600 familias de 47 colonias de Ecatepec se ampararon contra el desabasto. Un juez ordenó que el municipio les abastezca al menos mil litros de agua a la semana por residencia.

Como no sale agua de las tuberías, el municipio les manda pipas del Sistema de Aguas de Ecatepec.

Apoyados por Miriam Silva, abogada originaria de Ecatepec, los vecinos demandaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno por la falta de agua.

Por Alejandra Barriguete

Una empresa sin empleados y sin experiencia, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, vendió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) pruebas rápidas para detectar Covid a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas, de acuerdo con un cotejo realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, la SFP pagó un millón 046 mil 250 pesos a la empresa Grupo Val Integra SA de CV. Cada paquete fue pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA) mientras que en dos estudios de mercado elaborados por el IMSS en diciembre de 2020 y enero de 2021 se identificó que los proveedores Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa vendían un kit similar en un rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.

Las diferencias en el precio se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP, justificó Víctor Omar Pérez, socio y administrador de Grupo Val Integra, aunque él mismo reconoció que carece de empleados. El mismo argumento lo dio un vocero de la dependencia federal.

El contrato para la adquisición de pruebas lo firmó el 24 de diciembre de 2020 el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, a quien además se le encomendó la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento.

Por Miriam Castillo

Una empresa que en 2018 fue señalada públicamente por la Auditoría Superior de la Federación por contratos irregulares con el SúperISSSTE, ganó en 2019 licitaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social por 69 millones de pesos. 

Confecciones Isaac es el nombre de la empresa cuyos contratos hoy están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por transacciones con el SúperISSSTE donde se encontraron inconsistencias en contrataciones y la prestación de servicios. 

El pasado 19 de abril el portal Animal Político publicó que la FGR inició una carpeta de investigación por la posible desaparición de casi 600 millones de pesos en el ISSSTE, tan sólo durante el 2017. Dicha carpeta investiga, entre otros, los contratos de ese año del SúperISSSTE con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 

Según las indagatorias, el esquema de las irregularidades se asemeja al revelado por el reportaje La Estafa Maestra: instituciones públicas que contratan a otras dependencias del gobierno para evadir la licitación, y en donde los servicios o productos entregados se tercerizan incumpliendo lo pactado.

Por Roberto Mancilla

La administración de López Obrador ha apostado por rediseñar las instituciones para incrementar el control político del presidente sobre su gobierno.

En campaña, el hoy presidente habló de moralizar la vida pública por medio del combate a la corrupción “de arriba hacia abajo”; con esto, anunció que se iniciaría la Cuarta Transformación de la vida pública. Sin embargo, lo que parecía ser una revolución popular es más una institucional, consecuencia de un realineamiento de élites.

En el presente texto, a casi tres años del inicio del mandato de López Obrador, el autor analiza cómo se han rediseñado instituciones y capturado otras con el propósito de revertir las decisiones políticas que toman diversos órganos autónomos y poderes constituidos hacia la figura del presidente.