Poder, opacidad y discrecionalidad

 Esta semana compartimos investigaciones que destapan problemas serios en el Congreso y en hospitales públicos de nuestro país, temas que nos afectan a todos y merecen nuestra atención.

Entre 2018 y 2024, el Congreso aprobó miles de contratos millonarios, pero más del 80% se asignaron sin licitación, lo que aumenta la opacidad y el favoritismo. Este mal hábito no es exclusivo del Legislativo; en el Ejecutivo pasa algo muy parecido, mostrando una falta preocupante de cultura de rendición de cuentas. Como señala María Amparo Casar en su columna más reciente, nuestra democracia está en riesgo cuando la transparencia se vuelve solo un trámite.

Por si fuera poco, hospitales públicos en varias regiones aún usan ventiladores Philips modelo E-30, que la FDA declaró peligrosos desde 2021 por los riesgos que representan para la salud de los pacientes. A pesar de las alertas, estos equipos siguen en uso, poniendo en peligro a quienes más los necesitan.

Esperamos que esta edición de Cuentas Claras sea de tu interés. 
 

Entre 2018 y 2024, el Congreso de la Unión no ha sido precisamente un modelo de transparencia. La Cámara de Diputados entregó, en promedio, 15 contratos diarios que sumaron 6.8 millones de pesos, mientras que el Senado firmó 12 contratos al día por un total de 6.9 millones. Lo más preocupante no es solo la cantidad de dinero, sino la forma en que se gasta: en la mayoría de los casos, sin competencia.

La adjudicación directa, una vía que abre la puerta al favoritismo y la opacidad, fue la regla, no la excepción. Se usó en 81 de cada 100 contratos asignados por los diputados y en 90% de las contrataciones del Senado.

En el fondo, no se trata de un problema aislado del Ejecutivo, donde también 8 de cada 10 contratos se entregaron por esta vía, sino de una cultura institucional donde rendir cuentas sigue sin ser una prioridad. 

Entre 2022 y 2024, tres empresas mexicanas enviaron por tren más de 130 millones de litros de supuestos desechos de petróleo a Maxim Crude Oil, una firma en E.U ligada a la familia Jensen, señalada por autoridades estadounidenses como parte de una red de huachicol con nexos criminales en México.

James Jensen, al frente del negocio, ya había sido acusado en 2011 por Pemex por vender gas robado. El 23 de abril de 2024, él y su esposa fueron detenidos en Utah, mientras que su hijo Maxwell también enfrenta cargos por introducir crudo con documentos falsos y haciéndolo pasar por desechos.

Jensen ya había sido acusado en el sexenio de Calderón de haber traficado gas condensado que era robado a Pemex.

Esta semana en A juicio de Amparo, María Amparo Casar pone el foco en una de las piezas clave de toda democracia: la transparencia. 

Con la demolición institucional impulsada por el actual gobierno, México ha transitado peligrosamente del pluralismo democrático hacia el autoritarismo.

La columna retoma el caso de las contrataciones públicas del Congreso entre 2018 y 2024, cuyo hallazgo central se centra en la opacidad y discrecionalidad en las compras públicas, en la que destaca el abuso de las adjudicaciones directas. 

Durante los últimos seis años, el Congreso de la Unión, bajo mayoría de Morena, ha caminado hacia la opacidad. Lo que antes eran escándalos públicos sobre gastos absurdos que generaban presión ciudadana, hoy están escondidos tras nuevos modelos de “transparencia” que solo simulan rendición de cuentas. El resultado: se ha hecho más difícil para periodistas y ciudadanos vigilar cómo se usa el dinero público.

Aunque las autoridades presuman cumplimiento y la Auditoría no detecte faltas graves, el retroceso es evidente. La transparencia se ha vuelto decorativa, y el control ciudadano, más difícil. Sin vigilancia constante, el poder se acomoda en la opacidad.

Hospitales públicos en México continúan usando ventiladores E-30 de la marca Philips, pese a que desde 2021 la FDA los declaró riesgosos para la salud de los pacientes. Personal médico de instituciones en CDMX, Durango, Michoacán y el Estado de México compartió con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fotografías que evidencian que estos equipos no han sido retirados y siguen en funcionamiento.

En las imágenes recientes se ven pacientes conectados a estos ventiladores, diseñados para atender complicaciones respiratorias, aunque la FDA alertó que la espuma interna del modelo E-30 puede degradarse y liberar partículas tóxicas que podrían ser inhaladas o ingeridas. A pesar de esta advertencia clara, estos dispositivos continúan en uso dentro de hospitales públicos del país, poniendo en riesgo la salud de quienes los necesitan.