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Por encima de la ley.
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@amparocasar
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A muchos presidentes anteriores se les ha complicado el fin de sexenio. Es muy posible que a López Obrador le pase lo mismo.
El año comenzó con un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre una serie de contratos otorgados por la Sedatu que involucran a los amigos de Andy López Beltrán y tres reportajes de Latinus abordando el tráfico de influencias de los hijos del Presidente; dos piezas periodísticas internacionales y una nacional sobre sus presuntas ligas con el crimen organizado; el hackeo de los datos personales de 319 periodistas que asisten a la mañanera; la denuncia de Sanjuana Martínez, a quien pidieron 20% de la liquidación de los trabajadores de Notimex para la campaña, y el arribo a la cifra de 180 mil homicidios dolosos.
Siguieron las revelaciones sobre el tráfico de influencias de sus hijos y sus amigos; el escándalo de 100 mil millones de contratos de Pemex asignados a empresas vinculadas a miembros de la familia presidencial (MCCI); la Auditoría Superior de la Federación reveló irregularidades por 32 mil millones sólo en 2022 que, sumados a los desvíos desde 2019, llegan a 241 mil millones de pesos del presupuesto.
Y para cerrar con broche de oro, la increíble declaración de que él y su libertad, su autoridad moral y política y la de su movimiento que llegó por la vía democrática, están por encima de la ley. Esto, por la reprobable e ilegal revelación del celular de la jefa de la corresponsalía del NYT y autora de un artículo sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico. Días después, desafiante, dijo que lo volvería a hacer y lo hizo porque a él no lo van a calumniar. Agregó, ni un paso atrás.
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Los libros del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) dirigido por Gabriel Cámara Cervera, amigo de AMLO desde hace años, deberían de apoyar en la educación a la niñez más pobre del país, sin embargo, los estudiantes están recibiendo libros inglés, pese a que ni los maestros ni los alumnos dominan el idioma.
Para ser educador del Conafe, los únicos requisitos son tener escolaridad mínima de secundaria y ser mayor de 18 años. Nada dice sobre el aprendizaje o enseñanza de la lengua inglesa.
En los libros del Conafe, lecciones como el embarazo adolescente o matemáticas básicas están en inglés. Lejos de enseñar, estos errores abonan más a la confusión pues ni los tutores pueden enseñar ni los alumnos aprender.
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José Miguel Bejos, un empresario amigo de Enrique Peña Nieto, se ha convertido en el mayor contratista del gobierno incluso por encima de Carlos Slim. En la revisión de documentos realizada por MCCI consta que en este sexenio las empresas de la familia Miguel Bejos han recibido el área de PEMEX a cargo de Núñez López contratos por 63 mil millones de pesos. De hecho, la mayoría de los contratos (51 mil millones) fueron firmados por Javier Núñez López, un exdirigente de Morena que en 2012 fue acusado de corrupción.
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Los socios o accionistas de estos esquemas usualmente son prestanombres, es decir, personas que simulan realizar operaciones financieras y asumen las obligaciones legales como si fueran suyas, con la diferencia de que el dinero obtenido es para otra persona, esta acción puede incurrir en delitos fiscales o fraudes, como, por ejemplo, ser cómplice en actos ilícitos como lavado de dinero o evasión de impuestos.
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Alejandro Esquer Verdugo es uno de los candidatos plurinominales de Morena. En 2017, el actual secretario particular del Presidente de México, junto con una subordinada y otras cuatro personas, fueron captadas en video cuando se formaban en una fila, depositaban 50 mil pesos y se volvían a formar. Así lo hicieron durante 20 minutos hasta sumar 1.4 millones de pesos en efectivo. Un monto tan debió haber sido reportado a Hacienda, de acuerdo con la ley antilavado pero eludieron la supervisión al fragmentarlo en depósitos “hormiga”.
El dinero se supone que era para ayudar a damnificados del sismo, pero en realidad una porción fue a dar a políticos de Morena, entre ellos un sobrino de Bartlett.
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Recientemente se presentó la propuesta de desaparecer los organismos constitucionales autónomos como una medida de austeridad. El argumento en favor de su destrucción sostiene que su operación supone gastos dispendiosos para las finanzas públicas. Frente a tal propuesta, resulta necesario argumentar lo contrario. Es preciso mantener y mejorar las instituciones autónomas en el país, pues los beneficios y consecuencias de sus trabajos superan con creces los costos.
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