Radiografía de los hallazgos de la ASF en el gasto de 2020

En su tercera entrega de la fiscalización del gasto de 2020, la ASF ha identificado 49,766 millones de pesos en irregularidades. Contando las tres entregas, el gasto público de 2020 presentó irregularidades por 63,011 millones de pesos, una cifra equivalente al presupuesto combinado que en 2022 tendrán las secretarías de Economía, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Cultura, Función Pública, Presidencia y todavía sobraría para pagar 5 veces el presupuesto del INAI.

Del total de irregularidades, 21,587 millones de pesos corresponden a la Administración Pública Federal, es decir, directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto equivale a todo el presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2022.

El 61% de las irregularidades pertenecen al gasto de Desarrollo Económico, en donde el caso principal corresponde a las redes de corrupción en la institución Seguridad Alimentaria Mexicana, que MCCI documentó desde agosto de 2020.

Por cada 100 pesos que se auditaron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se encontraron 30 pesos usados irregularmente.

A pesar de que el ramo de Salud debió utilizar sus recursos de la mejor manera para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia, fue el sector que tuvo mayor monto de irregularidades durante 2020: hay 2,750 millones de pesos sin aclarar.

El sector de Educación Pública tuvo una muestra auditada de 3,547 millones de pesos y se encontraron inconsistencias en 1,120 millones. Por cada 100 pesos gastados por la SEP, la ASF encontró irregularidades en 31.6 pesos.

En la Secretaría de Gobernación se identificaron 143 millones de pesos de irregularidades y por cada 100 pesos que la ASF revisó, encontró ilegalidades en 17 pesos.

El 98.4% de las irregularidades que detectó la ASF en el gobierno de López Obrador no han sido aclaradas hasta el momento y hay pocas esperanzas de ello, pues aún siguen en total impunidad el 99.1% de los hallazgos de la revisión del gasto de 2019. 

En el gasto de 2020, la ASF identificó 41,396 millones de pesos de irregularidades en los recursos federales entregados y ejercidos en conjunto con los gobiernos locales, una cifra equivalente al presupuesto de toda la Secretaría de Marina y la Secretaría de Economía.

66 pesos de cada 100 pesos en irregularidades del gasto de 2020 corresponden al Gasto Federalizado en los gobiernos locales. 

Entre las inconsistencias en el Gasto Federalizado, 65% corresponde al ejecutivo de cada entidad federativa, 14.6% a los convenios de las dependencias federales, 14.2% a las administraciones municipales, 5.6% a las universidades, 0.3% a los congresos locales y 0.2% a las instituciones judiciales de cada entidad. 

Los gobiernos municipales presentaron un probable daño económico al presupuesto en 6 de cada 100 pesos que revisó la ASF.

Los recursos destinados a Salud fueron el principal componente de irregularidades, presentaron problemas en 5% de los recursos que suman 9,978 millones de pesos usados al margen de la ley.

Baja California Sur y Nayarit son las entidades con mayor proporción de irregularidades, pues la ASF encontró 15 pesos usados al margen de la ley por cada 100 pesos que auditó. Les siguen Oaxaca y Sonora, en donde esa cifra fue de 7 y 6 pesos, respectivamente.

El 95.6% de los hallazgos de la ASF en el Gasto Federalizado siguen sin ser aclarados o devueltos. 

Las entidades con mayor rezago son Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Baja California, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa, pues en todas estas entidades el dinero sin aclarar supera el 99%. Las que presentan mayores avances son Guanajuato y Querétaro, con 46.3% y 80.1% de dinero pendiente de devolver o aclarar.

Los 25 entes auditados con mayores irregularidades concentran el 70.7% de los daños a la Cuenta Pública de 2020.

En Insabi no  acreditó la recepción de 650 ventiladores con un costo de 920.4 millones, no acreditó la entrega de un millón de mascarillas por 40 millones y no proporcionó la documentación justificativa para la compra de 2,250 ventiladores más por 1,600.3 millones de pesos.

Segalmex tuvo irregularidades por 5,641 millones de pesos debido a que hubo numerosas inconsistencias en el ejercicio del programa Precios de Garantía.

Los principales programas y proyectos del Gobierno Federal suman 10,985 millones de pesos en irregularidades, el equivalente al presupuesto para Sedatu en el 2020.

Una vez entregado el tercer informe de las auditorías, los entes tendrán 30 días para solventar o aclarar los pliegos de observaciones. A partir de ello, la ASF presentará un informe final ante la Cámara de Diputados, el cual debería ser aprobado antes del 31 de octubre.

Hasta la fecha se ha aclarado o recuperado sólo 3.5% de los recursos usados al margen de la ley en la Cuenta Pública de 2020, por lo que aún están pendientes 60,829 millones de pesos, que equivalen a 96.5% del total. 

Sobre la Cuenta Pública de 2019, que corresponde al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han aclarado sólo el 18.6% del total de irregularidades detectadas. 81.5% del monto total sigue en la impunidad, equivalente a 84,381 millones de pesos.

El 77.3% de las irregularidades de la Cuenta Pública de 2018, que corresponde al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, siguen sin ser aclaradas y sin la devolución del dinero, que es igual a 145 mil millones de pesos que siguen en la impunidad, la tercer cifra más alta en la historia de la ASF, sólo por debajo de las irregularidades de 2019 y 2020.

Hasta este momento, la ASF ha presentado ante la Fiscalía General de la República 1,109 denuncias penales por posibles delitos identificados en sus auditorías, sin embargo, no ha presentado ni una sola sobre el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador a pesar de que en sexenios anteriores ya lo había hecho antes del tercer año de gobierno.

Las denuncias penales de la ASF ante la FGR usualmente terminan en impunidad, pues solo se ha dictado sentencia en 20 casos, es decir, en el 2% del total de denuncias.

Los resultados de las auditorías deben servir como un indicador para identificar los sectores que poseen menores mecanismos internos para evitar las irregularidades y daños a la Hacienda Pública.