Regreso a clases presenciales, sin condiciones sanitarias

Desde el 2018, el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, ahora Mejoredu) señaló la insuficiencia de la infraestructura física educativa, sobre todo en comunidades indígenas. Por ejemplo, indicó que uno de cada diez preescolares y primarias públicas carecen de baños o sanitarios, pero en comunidades indígenas, la falta de estos  servicios representa uno de cada cinco. Una parte fundamental para explicar estas carencias ha sido el estancamiento de la inversión física en el sector educativo. En 2019 y 2020 se tuvo la menor inversión en la infraestructura escolar de toda la década, con cifras 47% menores que el punto más alto alcanzado en 2013.  

Acabar con la corrupción ha sido uno de los pilares en las promesas del presidente López Obrador; sin embargo, las estrategias para combatirla no han sido siempre claras. Para reducir la incidencia de actos de corrupción, es necesario contar con órganos gubernamentales eficientes que brinden servicios de calidad tanto a la ciudadanía como al sector privado de la economía. Este mes, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), que nos permite conocer la percepción de las empresas sobre corrupción, sus experiencias al recibir servicios del gobierno y la confianza que tienen en las instituciones. Además, podemos comparar los resultados de este año con los de 2016 para determinar la evolución de estos aspectos en los últimos cuatro años.

Por Unidad de Investigación Aplicada

Esta encuesta fue realizada entre noviembre y diciembre de 2020 con la participación de 34 mil 919 empresas. Como con la ENCIG —la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental—, la ENCRIGE ofrece información sobre la corrupción que denominamos extractiva, es decir, la que sucede en la interacción con un funcionario público.

INEGI estima que existen alrededor de 4.1 millones de unidades económicas del sector privado. Más de 85% de estas son unidades económicas con 10 empleados o menos. Las grandes empresas, con más de 100 empleados, representan menos de un punto porcentual. Por actividad económica, la encuesta distingue tres grandes sectores: 38.3% de las empresas están en la industria, 31.3% ofrecen algún tipo de servicio y 30.5% se dedican al comercio.

A nivel nacional, la percepción de corrupción de las empresas respecto a la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos disminuyó respecto a 2016, pasando de 82.2 a 71.5% en 2020. Esta cifra está 10 puntos por debajo de la percepción reportada por la población general mayor de 18 años de la ENCIG 2019, que fue de 87%.

El trámite con mayor experiencia de corrupción es el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.3%. Es importante resaltar que este servicio también es el que reporta menor satisfacción por parte de las empresas (39.9%); además, 54% de las empresas declararon que el servicio de policía en su municipio o demarcación territorial contribuyó a generar una sensación de seguridad.

Por Marcia Itzel Checa

En 2015 se aprobó una reforma constitucional que sentó las bases del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el objetivo de contar con un andamiaje institucional que facilite la coordinación de las distintas acciones encaminadas a poner en marcha una política pública integral anticorrupción. En la conformación del SNA, destaca la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC), una entidad conformada por cinco ciudadanas y ciudadanos responsables de liderar las tareas del Comité Coordinador^[1] del SNA, proponer políticas que resuelvan la problemática de la corrupción y fungir como enlace con la sociedad.

A seis años del comienzo este camino, actualmente el CPC cuenta con un solo integrante y tiene el enorme reto de demostrar la vigencia de esta apuesta institucional de coordinación. Por ello, la próxima designación de las cuatro personas que asumirán esta importante responsabilidad pública dentro del Comité de Participación Ciudadana es fundamental para el fortalecimiento del SNA en su conjunto.

Para entender el caso de Ricardo Anaya, a quien se le acusa de delitos de cohecho, lavado de dinero y delincuencia organizada, hay que entender la trama de sobornos de Odebrecht en México.

Anaya es uno de los 16 exaltos funcionarios señalados por Emilio Lozoya como parte de un red delictiva que recibió sobornos a cambio de aprobar la reforma energética de 2014. Parte del dinero que les entregaron proviene la firma brasileña.