Relevan a director de Segalmex tras reportajes de MCCI

La salida de Ignacio Ovalle de la dirección de Segalmex, que fue anunciada este lunes, se dio luego de una serie de investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que evidenciaron el desvío multimillonario de fondos públicos, en un esquema que involucró a empresas fachada y convenios irregulares para el procesamiento de leche.

Apenas una semana antes del cese de Ovalle, el ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades derivado de la compra de títulos bursátiles con recursos públicos de Segalmex.

Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California Sur y actual director del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) llega en sustitución de Ovalle, quien se mantiene en el Gobierno Federal al ser designado por el presidente como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

En los primeros dos años de gestión de Ignacio Ovalle, Segalmex no pudo acreditar el destino de más de 10 mil millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación, convirtiéndose en la dependencia con las mayores irregularidades detectadas de toda la Administración Pública Federal.

Durante su periodo como director general, MCCI documentó los malos manejos dentro de Segalmex, entre los que se encuentran convenios irregulares para el procesamiento de leche, la entrega de contratos millonarios a empresas fachada y el extravío de estados financieros.

En septiembre de 2020, MCCI reveló las redes de amiguismo que llevaron a Liconsa a firmar dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos para el secado de leche con Grupo Vicente Suárez 73, una compañía fundada por el empresario Alejandro Puente Córdoba.

Ignacio Ovalle fue, hasta poco antes de su llegada a la dirección de Segalmex, presidente de México con Valores, una organización perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, por el que Alejandro Puente Córdoba fue candidato a senador en 2012.

La ausencia de responsabilidad o justicia erosiona a las instituciones y daña a las personas. El ataque al CIDE es un ejemplo más de cómo el gobierno de la 4T parece querer retroceder a una época donde el presidente era todo y los ciudadanos nada.

Por Antonio Farías

En el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) hemos denunciado claras violaciones a la normatividad vigente:

1. En el proceso de nombramiento del Director General, el Grupo de Auscultación Externa estuvo conformado por personas con claro conflicto de interés, a pesar de que la normatividad pide que este grupo sea independiente.

2. El estatuto general vigente en ese momento facultaba al Consejo Directivo a formalizar el nombramiento del Director General. La lógica jurídica sugiere que, si alguien tiene la facultad para formalizar, también tienen la facultad de no hacerlo. Sin embargo, la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) buscó obligar al Consejo Directivo a formalizar el nombramiento sin discusión o votación alguna.

3. Se modificó el Estatuto General por la Asamblea de Asociados sin el visto bueno del Consejo Académico o el Consejo Directivo, a pesar de que el estatuto así lo determina.

4. El Director General realizó la contratación, directamente al nivel más alto (Profesor Investigador Titular “C”), de un profesor sin doctorado, que no imparte clases o realiza investigación, ni cuenta con publicaciones académicas, entre otros requisitos que el Estatuto del Personal Académico del CIDE exige para estos puestos. Este nombramiento irregular no ha sido el único.

5. Derivado de los amparos presentados por la comunidad estudiantil, un juez resolvió que el Conacyt debe entregar el acta protocolizada del nombramiento del Director General, orden a la cual se han negado e incluso han interpuesto quejas para no hacerlo. Si el nombramiento fue legal y de acuerdo a la normativa, ¿por qué esconder el acta? De existir, este documento es el fundamento legal que faculta al Director General y sin él ninguna decisión o acción que lleve a cabo es legal.