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¿Un gobierno transparente?
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En nuestra sección Arenas Movedizas, hablamos del asesinato de un vendedor de dulces en la colonia Roma y cómo este trágico suceso destapó un escándalo de corrupción en el IMSS, donde se han adquirido medicamentos a sobreprecios de hasta 1000%. Entre las empresas beneficiadas se encuentra Poyago, vinculada a un contador cercano a Amílcar Olán.
En Impunidad a la Mexicana, te contamos que cada día se presentan 900 solicitudes de información ante el INAI, con 52 quejas diarias debido a la negativa del gobierno federal a entregar datos. La administración de López Obrador llevó este problema a niveles récord, con más de 113,000 casos de recursos de revisión, un aumento del 116.1% respecto al sexenio anterior.
Y en A Juicio de Amparo, la columna de María Amparo Casar, reflexiona sobre la des-institucionalización del Estado mexicano, un proceso que se aceleró durante la administración pasada, con la captura de organismos clave como la CNDH, el INE y el Tribunal Electoral. Ahora, con la nueva legislatura y las reformas que otorgan más poder al ejecutivo, las señales de autoritarismo no dejan lugar a dudas: el poder está en manos de una sola persona.
Esperamos que este newsletter sea de tu interés.
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Contratistas del IMSS han vendido hasta 1000% más caro el medicamento Sitagliptina Metformina, fundamental para atender a los diabéticos. Entre las beneficiadas con esos sobreprecios está la compañía Poyago, en la que ha participado el contador del empresario Amílcar Olán Aparicio.
En compras consolidadas para 2023 y 2024, el IMSS había acordado pagar entre 210 y 225 pesos por cada envase del medicamento. Pero con el argumento de que las dosis adquiridas no fueron suficientes, las delegaciones del instituto hicieron compras emergentes y pagaron hasta en 2,300 pesos cada envase, lo que representó un precio 10 veces superior al pactado originalmente.
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Cada día en México se hacen 900 solicitudes del ámbito federal al INAI y se presentan 52 quejas porque el gobierno federal se niega a entregar información. En la administración de López Obrador, los recursos de revisión promovidos ante el INAI, debido a la negativa de las instituciones federales para entregar información, alcanzaron su máximo histórico con 113,610 casos, un incremento del 116.1% respecto al sexenio anterior.
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Durante el sexenio anterior hubo múltiples signos de ello a través de la captura de organismos como la CNDH o el INE y el Tribunal Electoral, de la des-profesionalización de las dependencias del sector público, del abuso de decretos presidenciales o de la simple desobediencia al orden legal. El inicio de la nueva legislatura con mayoría calificada y la bendición de la nueva presidenta a las reformas, no deja lugar a dudas. Todo el poder al titular del ejecutivo. Ya sea por colonización de instituciones o a través de reformas que acaben con ellas.
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¿Cómo vivió una funcionaria de la Suprema Corte la reforma judicial y su proceso de aprobación e impugnación desde adentro? Aquí una crónica de la abogada Paula X. Méndez Azuela.
El martes 5 de noviembre, perdimos la última batalla. La batalla que tenían que librar los ministros y las ministras de la Suprema Corte.
Se perdió por un voto. Nunca sabremos si la perdimos por una súbita iluminación que derivó en una supuesta congruencia que renunciar a la batalla salvaría al país de una crisis constitucional, o debido a que el partido en el poder es ya tan poderoso que pudo quebrar a un ministro que hasta ese día se había mostrado firme y valiente. Sin importar los culpables, la batalla se perdió.
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El 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Adopción, un momento importante para recordar que en México no hay un registro del número de adopciones en el país lo que dificulta dar un seguimiento sobre las condiciones de vida de los menores una vez que son adoptados.
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