Vecinos temen desplome de edificio de gobierno

El mencionado edificio de siete niveles está ubicado en la colonia Tránsito, y era ocupado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017 quedó inhabitable y a punto del colapso.

El especialista en seguridad estructural Rafael Alberto Forsbach Prieto elaboró hace cuatro años un reporte en el que recomendó desalojar “de inmediato” el edificio donde trabajaban alrededor de mil 500 personas para la Secretaría de Salud local porque, ante los daños encontrados, el inmueble era de “muy alto riesgo”.

Forsbach Prieto alertó que el peligro se acentuaba porque había detectado que las varillas de las columnas, en el nodo de unión con las trabes, carecían de estribos. La colocación de esas piezas era importante para amortiguar el peso y posibles movimientos del edificio.

Para evitar fallas como las que se habían dado en el gran sismo de 1985, se establecieron desde octubre de 2004 nuevas normas para la construcción de edificios que obligan a que tanto las columnas como las trabes cuenten con estribos en los nodos.

No obstante, en el peritaje realizado en septiembre de 2017 se identificó que las autoridades capitalinas no habían cumplido con ese sistema de reforzamiento estructural.

El ingeniero Jesús Valdés Aguilar, quien realizó otra revisión del inmueble en septiembre de 2017, también observó que la inexistencia de estribos dañó nodos y provocó grietas en columnas.

El edificio de Xocongo 225 tuvo afectaciones desde sismos anteriores a los registrados en septiembre de 2017 y no hubo reparaciones en su estructura, de acuerdo con otros dictámenes obtenidos por solicitudes de acceso a la información.

“De varios quinquenios atrás y por tratarse de una estructura muy flexible, desde el sismo de 1985 la edificación sufrió desplazamientos de relevancia, los cuales le causaron a los elementos estructurales grietas, tales como en las columnas, trabes y muros, mismas que a la fecha no han sido atendidas debidamente”, indicó un reporte fechado el 26 de marzo de 2012 y firmado por el entonces coordinador técnico de la Secretaría de Obras, Renato Berrón Ruiz, quien actualmente se desempeña como director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Esa revisión fue hecha tras un sismo ocurrido el 20 de marzo de 2012, cuyo epicentro se registró en Oaxaca, con una magnitud de 7.4. Acompañado de personal de seguridad estructural de la Secretaría de Obras y de representantes de Protección Civil, ese mismo especialista inspeccionó en aquella ocasión el inmueble detectando grietas diagonales y horizontales, así como en los muros de la colindancias norte y sur. Además, los cubos de escaleras en el extremo poniente y oriente tenían el mismo problema.

El funcionario recomendó en aquel entonces emprender trabajos urgentes de reforzamiento, que incluían inyectar con resina epóxica las grietas detectadas en las columnas, resanar las grietas de los muros de mampostería, logrando que el mortero expansor penetrara a todo lo ancho y realizar trabajos de rigidización (convertir en rígida una estructura deformable) para minimizar desplazamientos horizontales de entrepiso que sufre el edificio durante sismos.

Pasaron más de dos años, y ninguna de esas recomendaciones fue atendida.

Derivado de la investigación “La Caja Negra de Aguascalientes” elaborada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), despachos simpatizantes en la lucha contra la corrupción presentaron una denuncia contra todos los y las diputadas de Aguascalientes por el caso “La Caja Negra de Aguascalientes”. Entre los 28 legisladores denunciados hay 14 diputados del PAN, 5 de Morena y 4 del PRI.

La investigación reveló que el Congreso de Aguascalientes pagó y ocultó más de 141 millones de pesos a 22 empresas por “servicios administrativos y legislativos”.

La mitad de las empresas forman tres redes de posible corrupción: una está vinculada con empresas fantasmas y empresas investigadas por al UIF y el gobierno estadounidense por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación; la segunda proporcionó información falsa en la contratación y está vinculada con el financiamiento ilegal de Morena en las elecciones de 2018; y la tercera podría haber participado en esquemas de colusión en contrataciones públicas en el Estado de Aguascalientes.

La denuncia se presentó ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes. Con esto, buscamos que se investigue un posible desvío de recursos y que se destituya, inhabilite, multe y obligue a resarcir el daño a los responsables de cualquier ilícito.

Es importante recordar que los diputados no tienen fuero que los proteja de una investigación por responsabilidades administrativas, por lo que todos los legisladores pueden ser investigados y procesados por el Órgano de Fiscalización Superior sin necesidad de esperar a que termine su mandato.

Con la unión de los esfuerzos y exigencias de toda la ciudadanía podemos vencer a la impunidad en este y otros casos de corrupción en México.

La Ciudad de México tiene un grave problema con sus archivos.

Información vital para conocer cómo se ha construido la metrópoli —planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelos, manifestaciones de construcción— no se encuentra en los archivos delegacionales o está incompleta.

En todas las demarcaciones se tuvieron negativas a solicitudes de información; incluso, se reservaron documentos, no contestaron o simplemente respondieron que no los tenían como fue el caso de Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

La vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina.

En la Ciudad de México 228 personas murieron en los edificios colapsados; cuatro más fallecieron en los hospitales durante los siguientes días. Además de los 38 edificios que colapsaron, las autoridades de la ciudad no han informado sobre la totalidad de inmuebles con daños. En octubre de 2017, las estimaciones del gobierno federal para la capital del país eran de 5 mil 765 viviendas afectadas; de las cuales 2 mil 273 tuvieron daño total. Se abrieron 204 carpetas de investigación; 135 por oficio, 65 por denuncia y obtuvieron 65 órdenes de aprehensión, según los datos del Programa de Reconstrucción que presentó el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo.

Los habitantes en la Ciudad de México saben qué hacer durante un sismo; cómo salir de un departamento o dónde resguardarse mejor. Quienes han fallado han sido las autoridades. En el siguiente terremoto, estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad.

La Ciudad de México tiene las mismas deficiencias legales, de protección civil y de construcción que hace dos años. Un sismo similar a los dos anteriores en 19 de septiembre volverá a traer damnificados y muertos que podrían evitarse.