Denuncia EM · MCCI

Denuncia EM



Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2018

Asunto: denuncia por hechos de corrupción

Lic. Alberto Ramos Ramos
Titular de la Unidad de Atención Inmediata,
Unidad Especializada de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y Contra la Administración de
Justicia de la Procuraduría General de la República
P R E S E N T E

DESPACHO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGIO ESTRATÉGICO, A.C. (en adelante, “DILE”), en su carácter de víctima conforme a lo previsto en los artículos 105 y 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación al artículo 4 de la Ley General de Víctimas, a través de sus apoderados Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez; personalidad que se acredita en términos del instrumento notarial número 57,075, otorgado ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, notario público número 246 de la Ciudad de México (Anexo 1); se designa en este acto como sus como asesores jurídicos a los Licenciados en Derecho Estefanía Medina Ruvalcaba con número de cédula profesional 8171668, Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz con número de cédula profesional 8294414 y Rocío Laura Torón Hernández con número de cedula profesional 6986080; se señala como domicilio para notificaciones el de Montes Urales 723 PB, oficina 3, Col. Lomas de Chapultepec V Sección, C.P. 11000, así como los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected]; se promueve denuncia por la posible comisión de delitos de corrupción en contra de cualquier funcionario público que pertenezca o haya pertenecido a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano o a la Universidad Autónoma del Estado de México y que resulte responsable de los hechos delictivos que se narran a continuación:

I. Hechos:

Derivado de la investigación periodística “La Estafa Maestra: graduados en desaparecer dinero público”[1] realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, mediante las auditorías 13-4-99015-12-0246, 13-0-20100-12-0269, 14-4-99015-12-0207 realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) respecto de los ejercicios de la cuenta pública de 2013 y 2014, se detectaron múltiples irregularidades de las que se advierte una red de corrupción generada entre servidores públicos del ámbito federal y local, así como particulares, con el objetivo de generar el desvío de recursos federales destinados para el debido cumplimiento de programas sociales.

La referida red de corrupción se desarrolló al amparo de lo previsto en el quinto párrafo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), el cual permite a las dependencias o entidades de la administración pública federal exceptuar su aplicación y por ende el proceso ordinario de contrataciones públicas (a través de licitación) cuando los contratos se lleven a acabo entre dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o de la administración pública de alguna entidad federativa y conforme a las siguientes disposiciones:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

“(…)”

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.

“(…)” 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

“Artículo 4.- Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o con las asociaciones y sociedades civiles asimiladas a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como con municipios y órganos paramunicipales, cuando dichas personas funjan como proveedores.

“Para los efectos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente público. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas.

“En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, los procedimientos de contratación con terceros y la ejecución de los contratos celebrados con éstos, se rigen por las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.

“Para la asignación del contrato bajo el supuesto del párrafo segundo de este artículo, el Área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al señalado. Dicha documentación deberá ser entregada antes de la firma del contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Área contratante.”

De lo anterior se desprende que, por regla general, los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, no estarán dentro del ámbito de aplicación de la LAASSP, esto significa que podrá contratarse directamente sin necesidad de seguir los procedimientos de contratación pública, entiéndase licitación pública.

Sin embargo, ello es posible cuando se cuente con capacidad para entregar el bien o prestar el servicio por sí mismo y no requiere subcontratar más del 49% de la actividad a realizar, toda vez que si excede dicho monto no resulta aplicable la excepción y deberá estar sujeta la contratación pública a la aplicación de la LAASP. Por ello, tendría que seguir el procedimiento de contratación pública, entiéndase licitación pública.

Se entiende que una dependencia y/o entidad obligada tiene capacidad para entregar el bien o prestar el servicio por sí misma, cuando no requiere subcontratar el servicio o bien encomendado en más del 49% a un tercero. Lo anterior significa que, si la dependencia y/o entidad para subcontratar el bien o prestar el servicio se ve en la necesidad de subcontratar a un tercero para la ejecución del contrato en más del 49%, se encuentra sujeta a la LAASSP, entiéndase a los procedimientos de contratación pública ahí establecidos, es decir, a la licitación pública.

En los casos previstos en los puntos anteriores, la dependencia y/o entidad que deba prestar el bien y/o servicio deberá proporcionar la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49%, del que se formará un expediente y quedará a responsabilidad de la entidad o dependencia contratante.

En ese sentido, para la ejecución de diversos programas sociales con recursos federales, la SEDESOL llevó a cabo una serie de contratos con la UAEM, posiblemente, con el objetivo de eludir el cumplimiento de licitación pública y los demás procedimientos ordinarios que prevé la LAASSP, probablemente a sabiendas que se incumplía con el requisito fundamental para la aplicación de dicha excepción. El requisito consistente en que la dependencia o entidad tuviera la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requeriría de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado.

Del reportaje referido líneas arriba se desprende que este esquema indebido de contratación se realizó con el propósito de que con posterioridad a la celebración los contratos entre la SEDESOL y la UAEM, esta última, a su vez, subcontratara el 100% de las obligaciones y el más del 90% de los recursos federales, tal como aconteció en la especie. Lo cual, se traduce en flagrante transgresión a la ley, posiblemente realizado de común acuerdo entre las autoridades de la Universidad y las empresas particulares, con fin de obtener beneficios para sí o para terceros.

Aunado a ello, se estima que las autoridades tanto de la SEDESOL como de la UAEM fueron omisas en la supervisión y revisión del cumplimiento de las obligaciones de los diversos contratos, lo que permitió que se simularan los servicios y las adquisiciones; se subcontratara proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material o humana para prestar los servicios comprometidos, y que éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y personas físicas; sin las capacidades referidas o vinculadas directamente entre sí o con propios servidores públicos.

Lo anterior, tuvo como resultado que no se cumpliera con el objetivo del gasto destinado al cumplimiento de los programas sociales y que cambio se obtuvieran beneficios económicos por parte de autoridades federales y locales, así como de particulares, en agravio del erario federal y el derecho humano de la población a desarrollarse en un ambiente y sociedad libre de corrupción.

En concreto, los hechos delictivos fueron ejecutados conforme a lo siguiente:

  1. Cruzada Nacional Contra el Hambre

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 13-0-20100-12-0269, fue posible advertir lo siguiente:

“1. El 1 de marzo de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribió con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) un convenio de colaboración para desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo directamente relacionados con el cumplimiento de sus atribuciones y fines institucionales.

Posteriormente, el 15 de abril de 2013, la SEDESOL suscribió con la UAEM un anexo técnico, con dos apéndices para el desarrollo de tres servicios, por un importe de 159,850.8 miles de pesos, con los objetivos siguientes:

1) Eliminar el hambre mediante la mejora de la alimentación y nutrición de personas de escasos recursos. Para ello, la SEDESOL buscaría generar un mejor conocimiento de la alimentación, y sentar las bases mínimas a través del desarrollo de las redes de orientación nutricional, las cuales consisten en sensibilizar y persuadir en un principio a 500 mil madres de familia, sobre la importancia de la alimentación de sus hijos.

Este servicio se desarrollaría en 21 municipios de 12 entidades federativas, las cuales serían determinadas con base en los datos y resultados del estudio y la investigación que llevaría a cabo la UAEM.

2) Fortalecer y construir alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno. La UAEM, bajo el auspicio de la SEDESOL, llevaría a cabo un evento ferial para la divulgación del trabajo comunitario, realizado a lo largo y ancho del territorio nacional, para favorecer y coadyuvar a difundir los alcances de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH).

3) Promover la CNcH. La SEDESOL, a través de la UAEM, organizaría un concierto, el cual tendría como objetivo la concientización de los jóvenes respecto al problema del hambre, y se desarrollaría en el Auditorio Nacional.

En el apéndice 1, se estableció la forma de coordinación para la ejecución del proyecto denominado: Compartamos la música, erradiquemos el hambre; su alcance, la descripción del proyecto y los servicios, así como los entregables, el costo y la forma de pago de 12,135.3 miles de pesos, para la contratación de cuatro grupos musicales que participarían en un concierto de rock el 30 de abril de 2013, con una mecánica de intercambio que consistiría en otorgar un boleto a cambio de un producto de la despensa de la canasta básica. Se establecieron los costos siguientes: renta y gastos del Auditorio Nacional por 1,466.0 miles de pesos; de los grupos musicales, 6,482.3 miles de pesos; personal de producción, 547.0 miles de pesos; renta de equipos de audio y luz, 1,938.2 miles de pesos; y 2 otros gastos asociados con la producción del evento, 1,701.8 miles de pesos. La SEDESOL proporcionó un cuadernillo con la memoria del evento, un álbum fotográfico y un video. 

En el apéndice 2, se observó que carece de los requisitos esenciales en materia de adquisiciones dispuestos por ley, el precio y las características de los servicios objeto del contrato adjudicado, el precio unitario y el importe total por pagar, o bien, la forma en que se determinó el importe total; es decir no se establecieron las condiciones, términos y las especificaciones. Sin embargo, se pactaron dos servicios, con un costo global de 147,715.5 miles de pesos. El primero, para el diseño e implementación de redes nutricionales a nivel nacional, y el segundo, para un evento ferial con la participación de organizaciones de la sociedad civil; como alcance de los servicios, se estableció el conjuntar esfuerzos a través de la colaboración y participación de las organizaciones de la sociedad civil, reunirlas para conocer el proyecto y aportar ideas. El evento se realizó los días 19 y 20 de abril de 2013 en la Plaza de la República (Monumento a la Revolución).

En relación con las redes de orientación nutricional, éstas se conformarían con el objetivo de implementar acciones para disminuir el índice de pobreza alimentaria, combatir la desnutrición y otros problemas asociados, y distribuir 500,000 paquetes a través de 450 promotoras, para que la población se integrara a la CNcH; así como entregar playeras y gorras, para mejorar su calidad de vida e incentivar la participación de las comunidades, (…) 

La adquisición de los artículos, la logística y su entrega estaría a cargo de la UAEM, conforme al estudio y la investigación que desarrollaría para su distribución; sin embargo, no fue proporcionado ningún documento que lo sustentara. Para comprobar la metodología y logística de la entrega de los bienes, el 29 de mayo de 2014, el Director General de Recursos Materiales de la SEDESOL proporcionó, en copia fotostática, 53 manifiestos de embarque aparentemente emitidos por MYM Logística, S.A. de C.V., que amparan el número de bienes que supuestamente recibieron los coordinadores del programa en los domicilios particulares de las subdelegadas de Desarrollo Comunitario y Participación Social y coordinadoras del Programa de Redes de Orientación Nutricional, en 11 estados participantes. Asimismo, presentó 897 formatos correspondientes a igual número de reuniones de Redes de Orientación Nutricional y no presentó evidencia de las otras 49,103 que se tenían programadas (50,000 en total).

Para verificar la información entregada, se realizó visita domiciliaria a la empresa MYM Logística, S.A. de C.V., la cual proporcionó la factura número ML2844, del 13 de junio de 2013, por un importe de 18,569.3 miles de pesos, a favor de la empresa Dumago Systems, S.A. de C.V., por concepto de distribución de kits para la campaña CNcH, programa redes de nutrición, así como copia del estado de cuenta bancario donde se observa que el 4 de julio  de 2013 se realizaron dos transferencias, por 5,350.0 miles de pesos y 13,219.3 miles de pesos (en total 18,569.3 miles de pesos).

Sin embargo, se negó a proporcionar el original de la copia consecutiva de los 53 manifiestos de embarque, que también le fueron solicitados; como consecuencia, se inició el procedimiento para la imposición de una multa al representante legal de la empresa (oficios DGAF/0673/2014 del 9 de julio de 2014 y DGAF/01016/2014 del 22 de agosto de 2014), toda vez que durante las visitas domiciliarias realizadas a las delegaciones federales de la SEDESOL, las personas responsables de la operación del programa proporcionaron a la ASF los originales de los manifiestos de embarque que muestran las cantidades reales de los bienes recibidos, con los que se comprobó que de 500,000 despensas y 2,294,058 artículos diversos que deberían entregarse, sólo fueron recibidos 39,492 despensas y 1,294,130 artículos. Se encontró que los manifiestos de embarque proporcionados por la SEDESOL presentan diferencias en la cantidad y concepto, quedando constancia de ello en once actas administrativas circunstanciadas de auditoría.

Del análisis de la información, se advierte que los datos proporcionados por la SEDESOL no coinciden con los documentos y testimonios recabados por la ASF; y se observa una diferencia en la entrega de 460,508 despensas y de 999,928 artículos.

Por lo que respecta a la Feria de Organizaciones Sociales, no se cuenta con elementos que acrediten los beneficios que este evento aportó a la población objetivo.

Auditoría en la UAEM

Simultáneamente, la ASF realizó la auditoría número 246 denominada Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por la UAEM, en la cual se revisó el cumplimiento del convenio con la SEDESOL. En lo que se refiere a los proveedores, se encontró que no se llevó a cabo ningún proceso de licitación o adjudicación; además, no se contó con la documentación que justifique y ampare la descripción de los costos de los servicios.

Para la ejecución de los tres proyectos: concierto compartamos la música, erradiquemos el hambre; diseño e implementación de redes nutricionales a nivel nacional; y, evento ferial para la participación de organizaciones de la sociedad civil, la UAEM pagó a cuatro proveedores el 100.0% de los servicios sin firmar contratos, y no proporcionó un estudio de mercado que justificara la selección del proveedor, el precio, cantidad, lugar, plazo y objeto de los servicios.

La UAEM realizó pagos por 144,876.8 miles de pesos, el 91.0% de los recursos que amparan el convenio con la SEDESOL, de la siguiente manera:

  1. a) Concierto. 41,337.2 miles de pesos a la empresa S&C Constructores de Sistemas, S.A. de C.V., monto superior en 29,201.9 miles de pesos al costo estipulado en el apéndice 1 del convenio de colaboración de 12,135.3 miles de pesos. Las facturas que amparan los conceptos pagados fueron las siguientes: 
  1. b) Servicios de diseño e implementación de redes nutricionales y evento ferial. Se realizaron pagos a tres empresas, Advanced Computer Knowledge, S.A. de C.V., Dumago Systems Solution, S.A. de C.V., y S&C Constructores de Sistemas, S.A. de C.V., como sigue:

(…)

  1. c) Servicios de capacitación. La empresa Asesorías Nacionales Expanders, S.A. de C.V. recibió 1 miles de pesos, sin que se tenga evidencia de que esos servicios se hubieran proporcionado.

Visitas domiciliarias a proveedores

Por otra parte, la ASF realizó visitas domiciliarias a los proveedores, los cuales no proporcionaron información que evidencie la realización de los servicios, y se determinó lo siguiente:

1) La empresa S&C Constructores de Sistemas, S.A. de C.V., a la cual la UAEM pagó 75,455.3 miles de pesos, por concepto del concierto de rock y el evento ferial, cuyo giro es ajeno a los servicios requeridos (otras materias primas para otras industrias), manifestó que no cuenta con un documento soporte del contrato, ya que firmaron anexos técnicos, los cuales no fueron devueltos por la UAEM; también señaló que no existe documentación formalizada adicional a las facturas y pagos efectuados, y que los eventos no fueron realizados por ellos. Resalta el hecho de que ni la UAEM y tampoco la SEDESOL entregaron información que permita conocer los conceptos inherentes a los gastos y costos que se generaron en los dos eventos.

2) Respecto de las visitas domiciliarias a las empresas Advanced Computer Knowledge, S.A. de C.V., cuyo giro es la fabricación de otros equipos de comunicación; y a Dumago Systems Solution, S.A. de C.V., (comercio al por menor de computadoras y sus accesorios), las cuales supuestamente proporcionaron los servicios de diseño e implementación de redes nutricionales a nivel nacional, por un monto de 69,043.3 miles de pesos, se conoció que ambas tienen el mismo domicilio fiscal y se presume un vínculo familiar (hermanos) de los representantes legales.

 Adicionalmente, los representantes de estas empresas no proporcionaron la documentación que comprobara la ejecución de los servicios, además, manifestaron que no cuentan con contratos suscritos con la UAEM, y que toda la documentación que ambas empresas generaron con motivo de la subcontratación para la realización de los servicios es propiedad de sus representadas; las cuales a su vez subcontrataron a otros proveedores para la supuesta prestación de los servicios.

3) Por otra parte, no fue localizada la empresa Asesorías Nacionales Expanders, S.A. de C.V., la cual recibió 378.1 miles de pesos, supuestamente por servicios de capacitación, sin que se tenga evidencia de que tales servicios fueron proporcionados.

Análisis de los depósitos y transferencias bancarios

Del análisis realizado por la ASF para constatar el pago a la empresa S&C Constructores de Sistemas, S.A. de C.V., por el evento ferial y el concierto de rock, se comprobó que del 26 de junio al 3 de julio de 2013, la UAEM realizó una transferencia por 75,455.3 miles de pesos, y que este proveedor a su vez, transfirió a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., 800.0 miles de pesos y 6,600.0 miles de pesos el 28 de junio, y 7,029.2 miles de pesos el 4 de julio de 2013, para un total de 14,429.2 miles de pesos.

Por lo que respecta a la empresa Advanced Computer Knowledge, S.A. de C.V., se comprobó que del 26 de junio al 3 de julio de 2013, la UAEM le transfirió 39,834.4 miles de pesos como pago por los servicios vinculados con las redes nutricionales, el 8 de julio de 2013, este proveedor también realizó una transferencia a Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de

C.V., por la cantidad de 9,512.0 miles de pesos, que se cita en el resultado 7, del informe de la auditoría 246.

Por todo lo anterior se considera que la SEDESOL omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos con las mejores condiciones para el Estado.

En la reunión de presentación de resultados finales, la SEDESOL proporcionó el cuarto informe trimestral de actividades de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre del 16 de noviembre de 2013 al 15 de febrero de 2014; memoria fotográfica y testigo de video del concierto; el escrito del 14 de mayo de 2013 de la UAEM con el que remitió a la SEDESOL el informe finiquito que ampara el 100.0% de los entregables; copia de 53 manifiestos de embarque; y el informe ejecutivo de las redes nutricionales. Por lo que respecta a la Feria de Organizaciones Sociales, esa dependencia no contó con elementos que acrediten los beneficios para la población objetivo. Esta información una vez valorada, no aporta elementos para solventar la observación. 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 147,715,537.96 pesos (ciento cuarenta y siete millones setecientos quince mil quinientos treinta y siete pesos 96/100 M.N.), en virtud de que no se acreditaron los gastos y la prestación de los servicios, y se presentaron documentos presumiblemente alterados para justificar la recepción de los bienes, de los que tampoco se cuenta con elementos que permitan comprobar su adquisición, distribución y destino final.

Lo anterior por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario.

(….) 

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en las que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $147,715,537.96 pesos (ciento cuarenta y siete millones setecientos quince mil quinientos treinta y siete pesos 96/100 M.N.).

  1. Acompañamiento de Jornaleros Agrícolas (2013)

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 13-0-20100-12-0269, fue posible advertir lo siguiente:

“El 2 de enero de 2013, la SEDESOL suscribió con la UAEM el acuerdo de ejecución número DGAGP/0001/2013, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2013, por un importe de 50,000.0 miles de pesos, provenientes de recursos reasignados, con el objeto de operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, mediante la construcción de una red de protección social para brindar, a través de la instalación de ventanillas, asistencia a personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad que formen parte de la población jornalera agrícola.

Se realizó una aportación adicional por 10,000.0 miles de pesos, por lo que el monto total de recursos reasignados ascendió a 60,000.0 miles de pesos, sin que se especificaran las metas y objetivos correspondientes.

 La instalación y el equipamiento de las ventanillas estuvo a cargo de la empresa Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., la cual manifestó que el costo por ventanilla instalada fue de $65,089.92 (sesenta y cinco mil ochenta y nueve pesos 92/100 M.N.), y que recibió 38,403.1 miles de pesos como pago por los trabajos. El número de ventanillas se determinó conforme a la microplaneación proporcionada por la SEDESOL. Del análisis de la información se determinó que la UAEM no cumplió con la instalación de las 838 ventanillas convenidas, (…)

Cabe señalar que en los resultados obtenidos en la auditoría 246, se determinó que la UAEM no utilizó la totalidad de las ventanillas instaladas, es decir, permanecieron cerradas, lo cual generó pagos por servicios no utilizados y subutilizados por 13,152.1 miles de pesos (…) 

Por otra parte, la reasignación de los 10,000.0 miles de pesos adicionales, se autorizó el 31 de diciembre de 2013. La SEDESOL liberó estos recursos en enero de 2014, no obstante que los servicios ya habían sido prestados y pagados.

Adicionalmente, el monto presentado como ejercido por 51,652.7 miles de pesos no se considera correcto, ya que incluye 2,737.3 miles de pesos pagados al proveedor Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., por servicios administrados de cómputo que corresponden al ejercicio 2012, y no se relacionan con el convenio de 2013, por lo que el monto real aplicado fue de 48,915.5 miles de pesos. La UAEM manifestó que este remanente fue acreditado en cuentas bancarias propiedad de la institución; sin embargo, la ASF determinó que en su calidad de ejecutor, esa universidad debió aplicarlo en el convenio y comprobarlo en su totalidad, o reintegrarlo a la Tesorería de la Federación, situación que no ocurrió.

(….)

Asimismo, de los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 13-4-99015-12-0246, fue posible advertir lo siguiente:

“Respecto del convenio modificatorio al acuerdo de ejecución núm. DGAGP/0001/2013, que se suscribió el 20 de noviembre de 2013, para operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, se acordó una ampliación a la UAEM de recursos reasignados por 10,000.0 miles de pesos, aportados por la SEDESOL en enero de 2014, sin un fin específico, y se transfirieron a la universidad cuando ya habían concluido los servicios convenidos, el 31 de diciembre de 2013.

No obstante, la universidad reportó que aplicó 1,652.8 miles de pesos para complementar pagos del ejercicio 2012, y la diferencia por 8,347.2 miles de pesos fue depositada en cuentas bancarias propias.

Sin embargo, como instancia ejecutora, la UAEM debió reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos no aplicados, conforme lo estipulan las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

(…)

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10,000,000.00 pesos (diez millones de pesos 00/100 M.N.), por desviar recursos federales a fines distintos a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, resultante de actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron ni verificaron su aplicación, con lo que provocaron un daño al erario.”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $60,000.000.00 pesos (sesenta millones pesos M.N.).

  1. Misión crítica

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 13-0-20100-12-0269, fue posible advertir lo siguiente:

“El 15 de julio de 2012, la SEDESOL y la UAEM suscribieron el convenio de coordinación plurianual número DGI/33301/04/2012, por un importe mínimo de 88,282.0 miles de pesos y un máximo de 220,705.0 miles de pesos, para el servicio administrado de infraestructura de misión crítica, de conformidad con el anexo técnico, con un periodo de ejecución del 15 de julio de 2012 al 30 de noviembre de 2015. Se revisaron 32,565.0 miles de pesos, pagados en el ejercicio 2013, por una solución integral para eficientar la operación a través de la automatización de procesos y la implementación de metodologías para la administración de proyectos.

En las declaraciones del convenio, la UAEM manifestó que contaba con los recursos materiales, técnicos y humanos suficientes para prestar el servicio, así como con los certificados con nivel TIER 4, avalados por el Up Time Institute, o el International Computer Room Expert Asociation (ICREA) u otro equivalente, que garantizara la confiabilidad y continuidad de las operaciones en las instalaciones físicas donde residirían los servidores. Sin embargo, la ASF constató que esa institución no contaba con las certificaciones requeridas, y que subcontrató el 100.0% de los servicios por un monto de 29,265.4 miles de pesos con las empresas Wingu Networks, S.A. de C.V., y Sixsigma Networks México, S.A. de C.V., las cuales, además, son responsables del resguardo de la información de los padrones, sin que en el contrato celebrado con esos proveedores se hubiera establecido una cláusula específica sobre el tratamiento de datos sensibles en posesión de terceros.

Los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, propiciaron un esquema de facturación a través de la simulación de operaciones, ya que si bien la factura que presenta la UAEM cumple con todos los requisitos legales, el trabajo lo realizan otros proveedores, que inclusive, le reportan directamente a la SEDESOL, sin intervención de la universidad. Estos servicios, por sus características especiales, pudieron ser contratados sin intermediación y con el consecuente ahorro de recursos.”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $29,265,400.00 pesos (veintinueve millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos 0/100 M.N.).

  1. Programa de Pensión para adultos mayores (2013)

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 13-4-99015-12-0246, fue posible advertir lo siguiente:

“El 15 de febrero de 2013 la UAEM suscribió con la SEDESOL, por un monto de 480,000.0 miles de pesos, el convenio de coordinación número 411/DGRM/001/DAC/279/13, para la implementación y puesta en marcha de ventanillas de atención por demanda, para la incorporación de 1,600,000 beneficiarios al Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM) al esquema de inclusión financiera, del 1 de marzo al 31 de octubre de 2013; y dos convenios modificatorios; el del 31 de octubre, en el cual se acordó ampliar el periodo al 31 de diciembre de 2013 y, el segundo, del 13 de diciembre de 2013, para incrementar el monto máximo a 576,000.0 miles de pesos y ampliar la terminación del periodo de servicio al 31 de marzo de 2014. Por otra parte, el segundo convenio modificatorio, al extender su periodo de ejecución, se pagaría con cargo al presupuesto del ejercicio 2014, por lo que su revisión tuvo limitaciones en su alcance.

Del monto ejercido en 2013, por 480,000.0 miles de pesos, la UAEM contrató y pagó a dos empresas: Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., y Symmetrix Architecture, S.A. de C.V., la cantidad de 241,789.6 miles de pesos por la puesta en marcha, la infraestructura y la operación de 460 ventanillas para el programa PPAM, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2013.

En la visita realizada a las empresas, proporcionaron información del costo mensual por los servicios, que fue de 61.8 miles de pesos, por cada ventanilla, y la relación de las que se abrieron y cobraron. Para corroborar los datos, con el análisis de la documentación 4 proporcionada por la UAEM, relativa a los entregables, microplaneación y reportes de fechas de apertura de las ventanillas, así como la base de datos de la incorporación de beneficiarios, se comprobó que no fueron operadas en su totalidad las ventanillas instaladas por el proveedor; y que algunas fueron abiertas de forma parcial, (…)

De lo anterior se determina que la SEDESOL no supervisó los trabajos pactados con la UAEM por lo que la universidad realizó cobros injustificados por 96,853.9 miles de pesos, toda vez que las ventanillas no fueron abiertas o lo fueron de forma parcial, lo cual provocó que no se diera cumplimiento a la meta de incorporar a beneficiarios al esquema de inclusión financiera del PPAM.

Asimismo, el responsable técnico de proyectos del Centro de Desarrollo Tecnológico de la UAEM proporcionó las bases de datos que incluyen 1,761,877 registros y el enrolamiento de 1,617,798 beneficiarios al programa.

Cabe señalar que en la auditoría número 270 realizada por la ASF a la SEDESOL denominada “Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo del Programa de Pensión para Adultos Mayores y el Convenio de Coordinación para la Comprobación de Supervivencia, al Amparo del Artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, se analizó la base de datos de la SEDESOL que incluye 5,058,862 de beneficiarios. De acuerdo con el cotejo de los datos proporcionados por la UAEM, de los 1,617,798 adultos mayores que supuestamente incorporó al padrón de la SEDESOL, 158,635 no lo están y 457,626 ya estaban incorporados con anterioridad (…)

De lo anterior se concluye que los datos que presenta la UAEM como entregable para cumplir con el convenio de coordinación suscrito, para enrolar 1,600,000 beneficiarios al esquema de inclusión financiera del PPAM, tienen inconsistencias, ya que del análisis de la base de datos, se desprende que sólo incorporó 1,001,537 de adultos mayores; no obstante, la SEDESOL pagó a la UAEM el monto total por 480,000.0 miles de pesos.

Por lo tanto, se considera que ni la SEDESOL ni la UAEM supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos contratados, lo que propició un daño al erario por un pago injustificado por 179,538.9 miles de pesos.

(…)

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 179,538,900.00 pesos (ciento setenta y nueve millones quinientos treinta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.), en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), no logró incorporar a 598,463 adultos mayores, a un costo unitario de trescientos pesos, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión recibieron recursos públicos federales sin que se realizara la totalidad de los servicios convenidos, así como por efectuar pagos a terceros por servicios que no utilizó.”

En ese sentido de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $179,538,900.00 pesos (ciento setenta y nueve millones quinientos treinta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.).

  1. Seguimiento a ventanillas

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 13-4-99015-12-0246, fue posible advertir lo siguiente:

“Se constató que la UAEM contrató y pagó al proveedor Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., la cantidad de 21,177.4 miles de pesos, por concepto de monitoreo de ventanillas de adultos mayores y supervivencia, con recursos que recibió a través del convenio de coordinación número 411/DGRM/001/DAC/279/13, para la implementación y puesta en marcha de ventanillas de atención por demanda (…)

Del análisis se desprende que, la factura número 49, del 14 de enero de 2013, pagada a la empresa Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., por 4,430.0 miles de pesos por concepto de asesoría en conectividad y en servicios de cómputo administrativo, es improcedente, ya que los servicios fueron convenidos a partir del mes de marzo del mismo año. 

Cabe señalar que esta empresa no fue localizada en ninguna de las visitas realizadas a los domicilios registrados y de acuerdo con el SAT, no presentó declaración anual de ISR. Adicionalmente, los supuestos socios abrieron la cuenta bancaria donde se les depositó el pago, con credenciales de elector presumiblemente apócrifas.

Asimismo, se constató que en los domicilios particulares señalados por los socios, no los conocen y que no habitan ahí, hechos que se hicieron constar en dos actas administrativas circunstanciadas de auditoría.

Por otra parte, los pagos realizados por el concepto de monitoreo de ventanillas están sustentados en un convenio de asociación de las partes, suscrito el 2 de enero de 2013, firmado por el entonces Director de Recursos Financieros de la UAEM y el representante legal de la empresa Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., para la realización de proyectos en materia jurídica, administrativa y de tecnología de la información y comunicaciones e investigación científica, objeto totalmente ajeno al concepto del pago. Sin embargo, se comprobó que los supuestos servicios por los que esta empresa recibió 21,177.4 miles de pesos, fueron realizados por otra, IT Guardian Auditing & Consulting Services, S.C., lo que se constató con el testimonio del responsable técnico de proyectos del Centro de Desarrollo Tecnológico de la UAEM, quien informó que no tuvo trato alguno con personal de la empresa Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., pero que sí contaba

con la dirección electrónica identificada como intranet.itguardian.como.mx/UAEMEX/SEDESOL%Ventanillas/Forms/Alltems.aspx de donde obtenía los entregables.

Asimismo, manifestó que acudió con el administrador del proyecto de monitoreo de ventanillas en IT Guardian Auditing & Consulting Services, S.C., quien le informó que su incorporación al proyecto fue a petición del entonces Director de Recursos Financieros de la UAEM (mismo que firmó el contrato con la empresa Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V.) que no conocía al proveedor Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., y que no cobraron por los servicios realizados; además, señaló que le proporcionaron la impresión del portal del repositorio de entregables, en la cual se aprecia que la URL es de la empresa IT Guardian Auditing & Consulting Services, S.C.

Por lo anterior, y para corroborar los hallazgos derivados de la fiscalización, el 2 de septiembre de 2014, personal de la ASF realizó una visita domiciliaria a la empresa IT Guardian Auditing & Consulting Services, S.C., en la cual uno de los socios y representante legal, manifestó que no se realizó ningún servicio de monitoreo de ventanillas de adultos mayores ni pruebas de supervivencia durante el ejercicio de 2013; en relación al documento que le fue exhibido por el personal auditor, como repositorio de entregables de la URL, señaló que en su momento fue un apoyo que se prestó a la UAEM, y que no obtuvo ninguna contraprestación por el mismo; que tampoco conoce a la empresa Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V. Lo anterior quedó asentado en acta administrativa circunstanciada de auditoría número 042/CP2013. 

Sin embargo, del análisis realizado a los pagos efectuados por la UAEM, se constató que la empresa Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., le pagó mediante cheques nominativos, tanto al Director General como al representante legal, -ambos socios- de IT Guardian Auditing & Consulting Services, S.C., por 1,146.5 miles de pesos y 1,703.1 miles de pesos, respectivamente, que suman un total de 2,849.6 miles de pesos, no obstante que ambos habían manifestado no conocer a la empresa Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V. Lo anterior evidencia la falsedad en las declaraciones, y un esquema de facturación a través de la simulación de operaciones de una empresa que factura una presunta prestación de bienes o servicios, en este caso, Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., y de la universidad que supuestamente los recibe de conformidad, con lo que avala una operación presumiblemente inexistente o simulada. 

Es importante resaltar que este proveedor “inexistente” no efectuó los trabajos, pero como pago recibió de la UAEM 21,177.4 miles de pesos, de los cuales, realizó una transferencia por 1,800.0 miles de pesos a la empresa Servicios Profesionales Antal, S.A. de C.V., cuyo administrador resultó ser el entonces Director de Recursos Financieros de la UAEM, quien la contrató y le pagó, lo que evidencia un conflicto de intereses y presume la comisión de conductas irregulares que causaron un daño al erario federal.

Por lo expuesto, se concluye que la UAEM realizó pagos injustificados durante el ejercicio 2013 con recursos provenientes de este convenio de coordinación por un monto de 21,177.4 miles de pesos, que utilizó un esquema de simulación de operaciones, y que los trabajos fueron realizados por una empresa vinculada con Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V., y el entonces Director de Recursos Financieros de la UAEM. (…)

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 21,177,406.50 pesos (veintiún millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 50/100 M.N.) por pagos injustificados a una empresa no localizada, que no realizó los trabajos, y utilizó un presunto esquema de simulación de operaciones. Los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos, propiciaron un daño al erario por este pago injustificado.”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $21,177,406.50 pesos (veintiún millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 50/100 M.N.).

  1. Comprobación de Supervivencia

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 13-4-99015-12-0246, fue posible advertir lo siguiente:

“El 10 de enero de 2013, la UAEM suscribió con la SEDESOL el Convenio de Coordinación núm. DASNOP/SAC/001/2013, por un monto de 45,000.0 miles de pesos, para la comprobación de supervivencia de los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores, que reciben sus apoyos económicos mediante transferencia electrónica, con vigencia del 16 de enero al 31 de diciembre de 2013.

La UAEM pagó a las empresas Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., y Simmetrix Architecture, S.A. de C.V., la cantidad de 10,853.9 miles de pesos, por la instalación y equipamiento de 460 módulos, del periodo comprendido del 16 de enero al 31 de diciembre de 2013, sin embargo, el monto acordado era por 12,820.8 miles de pesos, por lo que se desconoce a qué programa se cargó la diferencia por 1,966.9 miles de pesos.

De la información proporcionada por las empresas subcontratadas, se conoció que el costo mensual de operación de cada módulo fue de 2.4 miles de pesos, que incluye los insumos; también se consideraron 409.9 miles de pesos por kits de vestuario. A pesar de esto, la UAEM cobró a la SEDESOL 3,700.5 miles de pesos por estos conceptos que no proporcionó.

Por otra parte, el monto total que debió pagar la UAEM por la atención de 122 ventanillas por los meses que estuvieron abiertas: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2013, enero y febrero de 2014, es de 5,752.5 miles de pesos. Sin embargo, realizó pagos por este concepto durante el periodo que se cita por un monto de 14,011.0 miles de pesos, por lo cual se determinó una diferencia pagada en demasía de 8,258.5 miles de pesos, por pagos de personal contratado en exceso. No obstante, la UAEM cobró una comisión que no le correspondía por 2,359.4 miles de pesos por los meses en que no abrieron las ventanillas.

(…)

En la auditoría número 270 realizada a la SEDESOL, del análisis de la documentación e información proporcionada por la Dirección General Adjunta de Operación de Programas de Atención a Grupos Prioritarios, responsable de la coordinación, seguimiento y control de los trabajos, que consistió en una base de datos, se desprende que del total de beneficiarios del programa sujetos a pruebas de supervivencia, de 2,237,973 incorporados al sistema bancarizado, únicamente se realizaron pruebas a 1,830,554, el 81.8%.

Asimismo, se identificaron registros de 202,412 beneficiarios a los que se les efectuaron de 4 hasta 26 pruebas de supervivencia, con lo cual se pudo constatar la falta de control, capacitación, supervisión y verificación de los servicios, lo que ocasionó pagos en exceso, toda vez que el costo se determina en función del número de pruebas realizadas.

Por lo que respecta a la base de datos que contiene un total de 2,820,889 beneficiarios que reciben sus apoyos económicos en efectivo, se localizaron 33,354 que indebidamente se les realizaron pruebas de supervivencia; y además, 27,456 personas no se localizaron en el padrón general.

Lo anterior, denota la falta de control, conocimiento y organización en la ejecución de las pruebas, aunado a que la SEDESOL no le entregó a la UAEM un protocolo de atención para los servicios, ni la base de datos actualizada con la información de los beneficiarios a quienes deben realizarse las pruebas, lo que propició pagos en exceso.

(…)  

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 14,318,453.65 pesos (catorce millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 65/100 M.N.), en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México realizó cobros injustificados a la SEDESOL, propiciado por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos.”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $14,318,453.65 pesos (catorce millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 65/100 M.N.).

  1. Programa de Pensión para adultos mayores (2014)

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 14-4-99015-12-0207, fue posible advertir lo siguiente: 

“El 31 de octubre de 2013, la UAEM y SEDESOL suscribieron un convenio modificatorio a este convenio de coordinación, en el cual se modificó la cláusula tercera relativo a la vigencia; además, en esta fecha se suscribió un segundo convenio modificatorio, en el cual se modificaron las cláusulas segunda, tercera y octava del convenio original, para ampliar el importe a un máximo de 576,000.0 miles de pesos y la vigencia al 31 de marzo de 2014. 

De lo anterior, la UAEM presentó la base de datos de enero a marzo de 2014 que contiene las transacciones de confronta y enrolamiento de beneficiarios por 143,746 y 128,990, respectivamente, y la Microplaneación del programa de Pensión para Adultos Mayores, incorporación de beneficiarios Ver.5.1 Ventanillas, del periodo del 27 de enero al 31 de octubre de 2014, en la cual se establecieron las metas de incorporación.

Auditoría a SEDESOL

 La ASF realizó la auditoría número 229 a SEDESOL denominada “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, en la cual se cotejaron la base de datos con 128,990 adultos mayores enrolados proporcionada por la UAEM, con la base integral de beneficiarios del programa con 5,892,877 beneficiarios pagados en el año 2014, proporcionada por SEDESOL, y se determinó que un total de 10,808 no fueron incorporados a la base integral, por lo que no recibieron el beneficio establecido en las Reglas de Operación del programa.

 Cabe señalar que SEDESOL, mediante la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) número 158 del 7 de marzo de 2014, realizó una transferencia bancaria en favor de la UAEM por 48,000.0 miles de pesos, con cargo en los recursos presupuestales del ejercicio 2014, con el cual la UAEM debió incorporar un total de 160,000 beneficiarios al programa, al considerar un costo de 300.00 pesos (trescientos pesos 00/100 M.N) por cada adulto mayor incorporado; sin embargo, la base de datos proporcionada por SEDESOL, como entregables en el periodo enero-marzo de 2014, sólo muestra un total de 128,990 adultos mayores enrolados, por lo que se determinó un pago injustificado realizado por SEDESOL a la UAEM por 12,545.4 miles de pesos, que corresponde a un total de 41,818 beneficiarios no incorporados.

(…)

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 12,545,400.00 pesos (doce millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) no logró incorporar a 41,818 adultos mayores a un costo unitario de 300.00 pesos (trescientos pesos 00/100 M.N). Los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión recibieron recursos públicos federales sin que se realizara la totalidad de los servicios convenidos, propiciaron un daño al erario público.”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $12,545,400.00 pesos (doce millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

  1. Ventanillas de atención para inclusión financiera

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 14-4-99015-12-0207, fue posible advertir lo siguiente:

“La UAEM y SEDESOL, el 31 de marzo de 2014, suscribieron el convenio específico de coordinación número DGAGP/DASNOP/SAC/002/2014, por un monto máximo de 145,242.6 miles de pesos y un mínimo de 58,097.0 miles de pesos, para la implementación y puesta en marcha de ventanillas de atención por demanda, para la incorporación de los beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores al esquema de inclusión financiera por el periodo del 1 de abril al 31 de octubre de 2014; asimismo, mediante un convenio modificatorio del 31 de octubre de 2014, se acordó ampliar el objeto y el periodo al 31 de diciembre de 2014, e incrementar el monto máximo a 174,291.1 miles de pesos.

Del análisis de la información proporcionada, se conoció que SEDESOL transfirió a la UAEM el importe de 170,991.2 miles de pesos, de los cuales realizó erogaciones con proveedores contratados y personas físicas en la modalidad de asimilados a sueldos y salarios, por un monto de 147,381.1 miles de pesos para la operación de 236 ventanillas por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2014, para la atención, confronta y enrolamiento de adultos mayores para ser incorporados al programa, con un remanente a su favor de 23,610.1 miles de pesos. 

Al respecto, la UAEM pagó a las empresas Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., y Symmetrix Architecture, S.A. de C.V., por la puesta en marcha y operación de las ventanillas por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2014 el importe de 88,534.5 miles de pesos, en la visita domiciliaria realizada a la empresa Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., el 19 de octubre de 2015, informó que el costo mensual que implicó mantener la infraestructura de cada ventanilla fue de 61.4 miles de pesos y, a la vez, proporcionó la cantidad de ventanillas que abrió en cada uno de los meses programados.

Con el análisis de la información proporcionada por la UAEM y por el proveedor, se determinó que no se abrieron todas las ventanillas programadas según las microplaneaciones propuestas por SEDESOL, toda vez que se constató que, durante los meses de junio a diciembre de 2014, el proveedor no abrió un total de 154 ventanillas; no obstante, la UAEM recibió de SEDESOL el pago por el total de las ventanillas programadas.

Por otra parte, la UAEM presentó la nómina pagada de personal que operó cada ventanilla por el periodo de abril a diciembre de 2014, en la cual se observó que utilizó un total de 5,753 personas, cantidad que supera en 1,564 a las requeridas según las microplaneaciones de SEDESOL, que consideró un máximo de 4,189, siempre y cuando se abrieran todas las ventanillas; sin embargo, tal como se señaló no se abrieron 154 ventanillas, y la cantidad de personas pagadas de más, aumentó para llegar a un total de 2,180.

Auditoría a SEDESOL

La ASF realizó la auditoría número 229 a SEDESOL denominada “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, de la cual se conoció lo siguiente:

El 31 de marzo de 2014, SEDESOL y la UAEM suscribieron este convenio específico de coordinación y sus anexos A, B, C y D y su modificatorio, por el cual SEDESOL pagó 170,991.2 miles de pesos, (…)

En cumplimiento de los objetivos de este convenio, SEDESOL proporcionó una base de datos con 571,214 beneficiarios incorporados en el ejercicio 2014 al programa de Pensión para Adultos Mayores al esquema de inclusión financiera, así como una base integral de 5,892,877 beneficiarios del programa a los cuales se les pagó en 2014. Dichas bases fueron cotejadas con la finalidad de comprobar que los 571,214 beneficiarios incorporados en 2014 se incluyeron en la base integral y que se les pagó el beneficio correspondiente, de conformidad con las Reglas de Operación del programa; además, se obtuvo el resultado siguiente:

Sólo están incorporados en la base integral un total de 459,228 beneficiarios, de los cuales, 116,036 están dados de alta en los 3 primeros meses de 2014, por lo tanto corresponden a servicios del convenio modificatorio celebrado en 2013, por lo que se determinó un total de 343,192 incorporados en la base integral para dar cumplimiento al convenio 2014. 

Con el pago realizado por SEDESOL a la UAEM por 170,991.2 miles de pesos, se debió incorporar un total de 569,971 adultos mayores al programa, el cual se obtiene de dividir el monto pagado entre 300.00 pesos (trescientos pesos 00/100 M.N), sin embargo sólo se integraron 343,192 beneficiarios por lo cual se tuvo un déficit de 226,779 adultos mayores, lo que trajo como consecuencia que SEDESOL realizara pagos injustificados a la UAEM por 68,033.7 miles de pesos, que resulta de multiplicar la meta no lograda de 226,779 por el costo unitario de 300.00 pesos (trescientos pesos 00/100 M.N).”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $68,033,700.00 pesos (sesenta y ocho millones treinta y tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.).

  1. Comprobación de supervivencia (2014)

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 14-4-99015-12-0207, fue posible advertir lo siguiente:

“El 28 de febrero de 2014, la UAEM y SEDESOL suscribieron el convenio específico de coordinación número DGAGP/DASNOP/SAC/001/2014, por un monto de 53,585.9 miles de pesos, para la comprobación de supervivencia de los beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores que reciben apoyos económicos directos mediante transferencias electrónicas por el periodo del 1 de marzo al 31 de octubre de 2014, asimismo, mediante convenio modificatorio del 31 de octubre de 2014, se acordó ampliar el periodo al 31 de diciembre de 2014 e incrementar el monto máximo a 64,303.0 miles de pesos.

Con el análisis de la información proporcionada por la UAEM, se constató que el monto transferido por SEDESOL en 2014 fue por 53,585.9 miles de pesos y en 2015 por 10,717.1 miles de pesos, para un total de 64,303.0 miles de pesos para la operación de 329 módulos durante el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014, y se pagó a empresas y personas físicas en la modalidad de asimilados a sueldos y salarios la cantidad de 54,576.6 miles de pesos, para la comprobación de supervivencia de los beneficiarios del programa.

El 19 de octubre de 2015, el personal comisionado de la ASF realizó visita domiciliaria a la empresa Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., en la cual se informó que el costo mensual por módulo fue de 9,014.58 pesos (nueve mil catorce pesos 58/100 M.N.), y además proporcionó el número de las ventanillas abiertas por mes programado.

Con el análisis de la documentación proporcionada de las microplaneaciones de la UAEM y de la empresa Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., se determinó que no se abrieron todos los módulos programados por la SEDESOL, toda vez que se observó que de abril a diciembre el proveedor no abrió un total de 518 módulos; no obstante, la UAEM recibió de SEDESOL el pago por el total de los servicios.

Por lo anterior, la UAEM realizó un cobro injustificado a SEDESOL por la cantidad de 4,669.6 miles de pesos; asimismo, pagó al proveedor un importe de más por 378.6 miles de pesos, por abrir módulos de más a los estipulados por SEDESOL, (…)

La ASF realizó la auditoría número 229, a SEDESOL denominada “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, de la cual se conoció lo siguiente: 

SEDESOL pagó en 2014 y 2015 a la UAEM el importe total de 64,303.0 miles de pesos y proporcionó una base de datos que contiene 5,319,089 pruebas de supervivencia exitosas y 172,233 no exitosas, para un total de 5,491,322 realizadas con las cuales cubrió las metas propuestas.

En respuesta a la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación sobre la integración de los costos y número de ventanillas abiertas; no obstante, éstas no son coincidentes con la información contenida en la microplaneación presentada por la UAEM y con la entregada por el proveedor. 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16,006,438.71 pesos (dieciséis millones seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 71/100 M.M.), en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México realizó cobros injustificados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por concepto de gastos que no corresponden al servicio, los cuales se integran por 4,669,552.65 pesos (cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 65/100 M.N.), por módulos de comprobación de supervivencia que no fueron abiertos, así como 11,336,886.06 pesos (once millones trescientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) por pagos de personal que no corresponde al servicio; lo anterior fue propiciado por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos.”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $16,006,438.71 pesos (dieciséis millones seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 71/100 M.M.). 

  1. Padrón de beneficiarios del Programa de Adultos Mayores

De los resultados expuestos por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoría 14-4-99015-12-0207, fue posible advertir lo siguiente:

“El 30 de abril de 2014, la UAEM y SEDESOL suscribieron el convenio específico de coordinación número DGAGP/DASNOP/SAC/003/2014 y su anexo único, por un importe de 130,000.0 miles de pesos, con objeto de que la UAEM le preste a SEDESOL, el servicio integral de mantenimiento al padrón de beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores y la digitalización de documentos, de conformidad con las Reglas de Operación del programa y en el anexo único, suscrito al amparo de los artículos 1, quinto párrafo, de la LAASSP y 4 del RLAASSP, durante el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014.

Con el análisis de la información proporcionada, se comprobó que el monto transferido a la UAEM fue por 130,000.0 miles de pesos, de los cuales, se erogaron 113,597.7 miles de pesos con proveedores contratados y personas físicas (asimilados a sueldos y salarios), para la operación de 329 ventanillas durante el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014 y se quedó en sus cuentas bancarias un monto de 16,402.3 miles de pesos. 

Del monto ejercido por 113,597.7 miles de pesos, la UAEM pagó a las empresas Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., y Symmetrix Architecture, S.A. de C.V., por la puesta en marcha y operación de las ventanillas durante el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2014 el importe de 86,770.1 miles de pesos, y en la visita realizada a la empresa Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., se informó que el costo mensual fue de 41.4 miles de pesos por cada ventanilla y además proporcionó el número de las que estuvieron abiertas por mes programado.

En el convenio específico de coordinación, en la declaración I.3, se estableció que las acciones se realizarían conforme a la microplaneación versión 7.1, ajuste 4; sin embargo, la UAEM utilizó la correspondiente al programa de Pensión para Adultos Mayores, Comprobación de Supervivencia, versión 7.1, Ventanillas, ajuste 4, por lo que para el análisis de este convenio, se tomó esta última.

Con el análisis de la documentación proporcionada por la UAEM y por el proveedor Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., se determinó que no se abrieron todas las ventanillas programadas según las propuestas por SEDESOL, toda vez que se observó que el proveedor no abrió un total de 119 ventanillas; no obstante, la UAEM recibió de SEDESOL el pago por el total de las ventanillas programadas. Por lo anterior, la UAEM realizó un cobro injustificado a SEDESOL por la cantidad de 4,930.4 miles de pesos, de la misma forma realizó pagos al proveedor por 5,895.4 miles de pesos, integrados por 4,155.3 miles de pesos que no corresponden a la vigencia del convenio y 1,740.1 miles de pesos por ventanillas que abrió de más a las estipuladas en las microplaneaciones por SEDESOL, (…)

Por otra parte, la UAEM presentó la nómina pagada del personal que operó cada ventanilla durante el periodo de mayo a diciembre de 2014 y se observó que utilizó un total de 3,363 personas, cantidad que supera en 216 a las requeridas, según las microplaneaciones de SEDESOL, que consideró un máximo de 3,147, siempre y cuando se abrieran todos los módulos; sin embargo, tal como se señaló en el párrafo anterior, no se abrió un total de 119 ventanillas, por lo que la cantidad de personas pagadas de más aumenta para llegar a un total de 589. Por lo anterior, la UAEM realizó un cobro injustificado a SEDESOL por un importe de 3,605.2 miles de pesos, (..)

Al respecto, la ASF realizó la auditoría número 229 a SEDESOL denominada “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, de la cual se conoció que la citada dependencia pagó a la UAEM el importe de 130,000.0 miles de pesos (…)

En relación de los entregables proporcionados por SEDESOL, se conoció lo siguiente:

Reporte de ventanillas activas por mes y comprobación de equipamiento: Proporcionó 167 reportes de remisión para el equipamiento de 102 ventanillas, de las cuales, sólo 81 ventanillas fueron para las actividades relativas al servicio de mantenimiento del padrón de beneficiarios y digitalización de documentos, las restantes correspondieron a ventanillas de otro convenio de coordinación.

Reporte de consultores de atención por estado. Presentó 8 relaciones mensuales de personal de los cuales se identificó que la UAEM contrató de 248 a 539 consultores por mes a los cuales les pagó un importe de 17,234.4 miles de pesos.

Reporte de población atendida por estado y ventanilla. Proporcionó 8 reportes mensuales de mayo a diciembre de 2014, en los cuales se registraron 254,717 personas atendidas en un rango de 334 a 507 ventanillas abiertas por mes, (…)

De lo anterior, se observa la falta de planeación en la operación de las ventanillas, toda vez que, durante mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, se contrataron consultores que atendieron más de una ventanilla y en julio, agosto y diciembre existieron ventanillas operadas por más de un consultor.

Reporte de número de expedientes digitalizados. Proporcionó 8 reportes mensuales de digitalización por estado con 2,882,429 documentos digitalizados durante el periodo de mayo a diciembre de 2014, por lo que la UAEM no logró cumplir con la meta establecida en la microplaneación de digitalizar 3,997,791 documentos. La diferencia por 1,115,362 documentos no digitalizados no se pudo costear, ya que la cotización de los servicios se realizó en forma integral.

En respuesta a la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación sobre la integración de los costos y número de ventanillas abiertas; no obstante, éstas no son coincidentes con la información contenida en la microplaneación presentada por la UAEM y con la entregada por el proveedor.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,535,638.36 pesos (ocho millones quinientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 36/100 M.N.), en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México realizó cobros injustificados a la Secretaría de Desarrollo Social por 4,930,370.59 pesos (cuatro millones novecientos treinta mil trescientos setenta pesos 59/100 M.N.), así como por 3,605,267.82 pesos (tres millones seiscientos cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 82/100 M.N.) por pagos de personal que no corresponde al servicio; lo anterior fue propiciado por los actos y omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos.

(…)

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,895,420.11 pesos (cinco millones ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos veinte pesos 11/100 M.N.), en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México realizó pagos a proveedores fuera del convenio suscrito con dicha dependencia, por 4,155,289.34 pesos (cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve pesos 34/100 M.N.), así como por ventanillas no autorizadas en la microplaneación pagadas al proveedor por 1,740,130.78 pesos (un millón setecientos cuarenta mil ciento treinta pesos 78/100 M.N.); lo anterior fue propiciado por los actos y omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos.”

En ese sentido, de los referidos hechos se advierte la existencia de diversas conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, en la que se vieron involucrados diversos servidores públicos del fuero federal, local y particulares, causando una afectación al erario público de $11,790,840.20 pesos (once millones setecientos noventa mil ochocientos cuarenta pesos 2/100 M.M.).

  1. Desvío de 700 millones de pesos

Derivado de la nota periodística presentada por el periódico Reforma el pasado 11 de septiembre de 2018, se advierte que, aparentemente, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de recursos durante las gestiones de María del Rosario Robles Berlanga al frente de SEDESOL y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ya que, de los mil 900 millones de pesos del erario público asignados por esas secretarías, más de 700 millones en efectivo fueron enviados finalmente a diez domicilios distintos.

De acuerdo con el diario Reforma, a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

La nota refiere que, en febrero pasado, la ASF dio a conocer que tanto SEDESOL como la SEDATU simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario.

Asimismo, se reveló que el dinero público siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas. De acuerdo con registros obtenidos por la ASF, 6 de los proveedores subcontratados para prestar servicios a SEDESOL y SEDATU y otras 9 empresas emitieron las órdenes de transferencia. Servicios Empresariales Helte, fue uno de los destinatarios, con una oficina supuestamente ubicada en Sócrates 128-3 en Polanco, según relata Reforma.

Afirma el diario, que Helte aparece como una subsidiaria contratada por un sistema de televisión estatal que debe cumplir con un servicio y también aparece como receptora del efectivo en el último eslabón de la cadena.

Asimismo, Reforma refiere que entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte de Polanco.

Según Reforma, los 708.2 millones de pesos repartidos en billetes representan 37 por ciento del total del monto desviado conforme la indagación de la ASF. En Playa del Carmen se entregó el dinero a una casa de cambio; en Cancún se llevó a una oficina de ADO y en Villahermosa a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Tres de los domicilios donde supuestamente el personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero no existen, como lo narra Reforma.

En la ficha de la empresa Transportes Blindados Tameme, el personal registró el 26 de abril de 2016 una orden de envío de cinco envases de billetes que en su conjunto sumaban 22 millones de pesos, tal y como lo establece el periódico referido.

Según el Reforma, la carga que aparentemente fue enviada a las 17:08 horas tenía como destino la calle de Sócrates 128, en Polanco, y debía ser entregada a la empresa Servicios Empresariales Helte S.A. de C.V. Ese día, pero con otra orden de envío, aparentemente el personal de traslado de valores también entregó en la misma dirección otros siete envases con 20 millones de pesos.

De acuerdo con información recabada por la ASF, a la que Reforma, refiere tuvo acceso, los envíos del dinero en efectivo tuvieron su origen en depósitos que dos compañías hicieron a la cuenta de Tameme a través de cheques de BBVA Bancomer.

Servicios Fiscales en Administración SiC S.A. de C.V. depositó los 22 millones pesos que se empaquetaron en los cinco envases, en tanto que Compu Draz Comercializadora S.A. de C.V. transfirió los 20 millones de pesos en billetes y colocados en siete envases, refiere el diario.

Además del destino y el destinatario, las dos empresas depositantes tenían algo más en común: el dinero convertido en circulante les había sido transferido por otras compañías que, a su vez, lo habían recibido de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) que, a su vez, lo había recibido de la SEDESOL, según establece Reforma.

Un camino similar siguieron los recursos que la SEDATU pagó al Servicio Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo. Estas entidades, al igual que RTH, subcontrataron empresas que convirtieron los recursos de manera directa o lo hicieron a través de otras compañías, narra Reforma.

A continuación, se muestra una tabla que describe la síntesis de los 11 desvíos anteriormente expuestos:

Tema Empresas relacionadas Montos de afectación
1.         Cruzada Nacional Contra el Hambre MYM Logística, S.A. de C.V., Dumago Systems, S.A. de C.V

S&C Constructores de Sistemas, S.A. Advanced Computer Knowledge, S.A. de C.V.  Asesorías Nacionales Expanders, S.A, Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V.,

147,715,537.96

 

2.         Acompañamiento de Jornaleros Agrícolas (2013) Inteligencia y tecnología informática, S. A. de C. V. 60,000.000.00
3.         Misión crítica Wingu Networks, S.A. de C.V., y Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. 29,265,400.00
4.         Programa de Pensión para adultos mayores (2013) inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., y Symmetrix Architecture, S.A. 179,538,900.00
5.         Seguimiento a ventanillas 5.         Servicios Administrativos Zulma, S.A. de C.V IT Guardian Auditing & Consulting Services, S.C Antal, S.A. de C.V. 21,177,406.50
6.         Comprobación de Supervivencia 6.         Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., y Simmetrix Architecture, S.A. de C.V. 14,318,453.65
7.                    Programa de Pensión para adultos mayores (2014) Se desconoce 12,545,400.00
8.         Ventanillas de atención para inclusión financiera Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., y Symmetrix Architecture, S.A. de C.V. 68,033,700.00
9.         Comprobación de supervivencia (2014) Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V. 16,006,438.71
10.       Padrón de beneficiarios del Programa de Adultos Mayores Inteligencia y Tecnología 11,790,840.20
11.  Caso 700 millones Servicios Empresariales Helte S.A. de C.V., Transportes Blindados Tameme, Servicios Fiscales en Administración SiC S.A. de C.V., Compu Draz Comercializadora S.A. de C.V. 708,000,000.00
Total   1,268,392,076.00

II. Clasificación jurídica:

Del análisis de los hechos expuestos, se advierte la posible comisión de los siguientes delitos por parte de funcionarios públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a cualquiera de las entidades públicas que hayan sido referidas a lo largo de la presente denuncia:

A. Cualquier funcionario que resulte responsable que pertenezca o haya pertenecido a la SEDESOL.

Por otorgar por sí o a través de otro, contratos de manera indebida incumpliendo lo previsto en la LAASSP y su reglamento, con la UAEM, con el objeto de obtener algún beneficio para sí o un tercero y por recibir a través de sí o un tercero, dinero o beneficios para sí o un tercero, a cambio de omitir la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales para el cumplimiento de las obligaciones para el cumplimiento de programas sociales a su cargo.

Se les atribuye la posible comisión del delito de Ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 220 Fracción I, del CPF, consumado de manera continuada, en donde intervinieron los coautores directos en forma de acción dolosa, en concurso real con el delito de Cohecho previsto por el artículo 222, fracción I, del CPF, consumado de manera continuada, en donde intervinieron los coautores directos, en forma de acción dolosa.

B. Cualquier funcionario que resulte responsable que pertenezca o haya pertenecido a la UAEM.

Por otorgar por sí o a través de otro, contratos de manera ilícita, incumpliendo lo previsto en la LAASSP y su reglamento, con diversas empresas excediendo las proporciones previstas en ley, con el objeto de objeto de obtener algún beneficio para sí o un tercero y por recibir a través de sí o un tercero, dinero o beneficios para sí o un tercero, a cambio de omitir la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales para el cumplimiento de las obligaciones para el cumplimiento de contratos a su cargo.

Se les atribuye la posible comisión del delito de Ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 220 Fracción I, del CPF, consumado de manera continuada, en donde intervinieron los coautores directos en forma de acción dolosa, en concurso real con el delito de Cohecho previsto por el artículo 222, fracción I, del CPF, consumado de manera continuada, en donde intervinieron los coautores directos, en forma de acción dolosa.

C. Socios y representantes legales de las empresas contratadas, pagadas o vinculadas por la Universidad Autónoma del Estado de México y/o quien resulte responsable.

Por entregar beneficios económicos a cambio de la suscripción de contratos y de la omisión de su supervisión, que les permitió realizar la simulación de diversos actos y desvío de recursos.

Se les atribuye la posible comisión del delito de Cohecho, previsto por el artículo 222, fracción II del CPF, cometido de manera instantánea, en donde intervinieron los coautores directos, en forma de acción dolosa.

D. Cualquier persona moral de carácter privado que haya participado en los hechos narrados en la presente denuncia.

Por entregar beneficios económicos a cambio de la suscripción de contratos y de la omisión de su supervisión, que les permitió realizar la simulación de diversos actos.

Se les atribuye la posible comisión del delito de Cohecho, previsto por el artículo 222, fracción II del CPF, cometido de manera instantánea, en donde intervinieron los coautores directos, en forma de acción dolosa, conforme a la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas en términos de lo previsto por el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 11 Bis. Fracción V del Código Penal Federal.

E. Socios y representantes legales de las empresas que recibieron depósitos en efectivo de SEDESOL y SEDATU y/o cualquier otra persona que resulte responsable.

Por entregar beneficios económicos a cambio de la realización de diversos actos para la obtención de recursos con el fin de desviarlos de su objeto.

Se les atribuye la posible comisión del delito de Cohecho, previsto por el artículo 222, fracción II del CPF, cometido de manera instantánea, en donde intervinieron los coautores directos, en forma de acción dolosa.

F. Empresas que recibieron depósitos en efectivo de SEDESOL y SEDATU y/o cualquier otra persona que resulte responsable.

Por entregar beneficios económicos a cambio de la realización de diversos actos para la obtención de recursos con el fin de desviarlos de su objeto.

Se les atribuye la posible comisión del delito de Cohecho, previsto por el artículo 222, fracción II del CPF, cometido de manera instantánea, en donde intervinieron los coautores directos, en forma de acción dolosa, conforme a la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas en términos de lo previsto por el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 11 Bis. Fracción V del Código Penal Federal.

III. Datos de prueba

Como datos de prueba de los hechos señalados se anexan los siguientes:

  1. Auditoría Superior de la Federación 13-0-20100-12-0269 (anexo 2).
  2. Auditoría Superior de la Federación 13-4-99015-12-0246 (anexo 3).
  3. Auditoría Superior de la Federación 14-4-99015-12-0207 (anexo 4).
  4. Nota del periódico Reforma del 11 de septiembre de 2018 titulada “Saquean con Robles 700 mdp en efectivo”. (Anexo 5)

IV. Solicitudes

En mi carácter de víctima, en términos de lo previsto el artículo 108 del Código Nacional de Procedimeintos Penales en relación con el quinto párrafo del articulo 4° de la Ley General de Víctimas, solicito que se dé inicio a una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva de los hechos aquí denunciados.

Asimismo, se solicita que, de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta se mantenga bajo su mas estricta confidencialidad.

Solicitud de actos de investigación:

De conformidad con lo previsto por el artículo 109 fracción XVII, así como el artículo 216[2] del Código Nacional de Procedimeintos Penales, solicito que, de manera urgente por tratarse de un asunto de interés nacional, se lleven a cabo los siguientes actos de investigación:

  1. Se requiera a la SEDESOL copia de todos los contratos y convenios suscritos con la UAEM durante 2013 y 2014.
  2. Se solicite a la UAEM copia de todos los contratos y convenios suscritos con la SEDESOL durante 2013 y 2014.
  3. Se ordene a al UAEM copia de todos los contratos realizados con motivo del cumplimiento de los contratos y convenios suscritos con la SEDESOL durante 2013 y 2014.
  4. Se requiera a la UAEM que remita sus estados financieros relativos al 2013 y 2014.
  5. Se solicite a la Auditoria Superior de la Federación toda la documentación relacionada con las auditorías 13-0-20100-12-0269, 13-4-99015-12-0246, 14-4-99015-12-0207, así como aquellos informes a los que hace referencia el periódico Reforma en el punto 11 del capítulo de hechos.
  6. Se ordene a la SEDESOL, remita copias de los nombramientos otorgados por dicha dependencia a cualquiera de los funcionarios públicos involucrados en los hechos narrados en la presente denuncia.
  7. Se requiera a la UAEM para que remita copias de los nombramientos otorgados a cualquiera de los funcionarios públicos involucrados en los hechos narrados en la presente denuncia.
  8. Se requiera a la Secretaría de la Función Pública que remita las declaraciones patrimoniales de cualquiera de los funcionarios públicos involucrados en los hechos narrados en la presente denuncia.
  9. Se solicite al Registro Público de la Propiedad, remita copia de las actas constitutivas modificatorias, actas de asamblea, así como poderes otorgados por cualquiera de las personas morales privadas a las que se refiere la ASF en las auditorías mencionadas.
  10. Se solicite, previo control judicial, el aseguramiento de todas las cuentas bancarias, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas encuentren a nombre de cualquiera de los funcionarios públicos involucrados en los hechos narrados en la presente denuncia, así como a nombre de cualquiera de las personas morales privadas a las que se refiere la ASF en las auditorías mencionadas.
  11. Se requieran los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias que se encuentren a nombre de cualquiera de los funcionarios públicos involucrados en los hechos narrados en la presente denuncia, así como a nombre de cualquiera de las personas morales privadas a las que se refiere la ASF en las auditorías mencionadas, considerando el periodo 2013 a la fecha.
  12. Se requiera a los Registros Públicos de la Propiedad del país, informen respecto de todos los bienes que se encuentren registrados a nombre de cualquiera de los funcionarios públicos involucrados en los hechos narrados en la presente denuncia, así como de cualquiera de las personas morales privadas a las que se refiere la ASF en las auditorías mencionadas.
  13. Se solicite al Juez de Control, autorización para la intervención a las cuentas de correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, o cualquier otro medio de comunicación digital, de los dispositivos móviles o fijos que se encuentren u hubiesen estado, a nombre o en posesión de cualquiera de los funcionarios públicos involucrados en los hechos narrados en la presente denuncia, para realizar inspección del periodo de enero de 2013 a la fecha.
  14. Se solicite a la Auditoria Superior de la Federación toda la documentación relacionada con las auditorías realizadas a SEDESOL y SEDATU en relación con la cuenta pública de 2014 y 2015.


[1] Esta denuncia se suma a aquéllas promovidas por la propia Auditoría Superior de la Federación presentadas con motivo de los informes individuales en los que se basó el reportaje referido. Asimismo, derivado de distintos medios de comunicación se desprende que la Procuraduría General de la República también inició carpetas de investigación al respecto.

[2] Artículo 216. Proposición de actos de investigación.

Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.

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