A un año de la elección de 2018: Perspectiva y prospectiva de la corrupción

La corrupción es un fenómeno complejo que afecta la vida de una parte importante de los ciudadanos y con consecuencias desastrosas, lo que lo ha convertido, en los hechos y en la percepción ciudadana, en uno de los principales problemas del país. Cuando la mirada de los mexicanos voltea hacia atrás, se encuentra con un panorama desolador: 26% cree que la corrupción se ha mantenido inalterada y 46% considera que la situación ha empeorado. Prácticamente tres de cada cuatro mexicanos ven en la corrupción un problema que no ha cedido ni un solo paso.

El pesimismo en la persistencia de la corrupción no es una novedad dentro de los hallazgos de esta encuesta. Lo que sí resulta sorprendente es lo que aparece al horizonte en las expectativas ciudadanas: una esperanza sin precedentes de que la corrupción puede ser combatida y derrotada. El 51% considera, con certeza, que se puede acabar con la corrupción y sólo el 22% de las personas cree que en los próximos 12 meses la corrupción incrementará. Que más de 45 millones de personas vean hacia el futuro casi inmediato con este optimismo abre una ventana de oportunidad única, al mismo tiempo que coloca la vara en un punto muy alto.

Entre estas valoraciones negativas del pasado y optimistas sobre el futuro, la campaña presidencial y el resultado de las elecciones de 2018 jugaron un papel determinante. En el discurso, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) usó al combate a la corrupción como uno de sus principales estandartes, lo que tuvo eco en una ciudadanía harta y enfurecida con las administraciones previas. Fórmulas sencillas y simplistas, como la promesa de que la honestidad del presidente es suficiente para eliminar la corrupción o la propuesta de crear una constitución moral como un mecanismo para cambiar el comportamiento de las personas, fueron tan potentes y exitosas que, actualmente, alrededor de 60% de las personas están de acuerdo con estas ideas.

La nueva administración, y en particular el presidente, han comenzado a gobernar no sólo con un amplio respaldo ciudadano, que se observa en que 78% de los encuestados aprueban el trabajo de AMLO en general, sino con una percepción considerable de que está combatiendo a la corrupción de una manera adecuada: casi 70% creen que lo está haciendo bien o muy bien, mientras que solo 12% tiene una apreciación negativa.

A pesar de la ausencia de una estrategia nacional anticorrupción o de resultados tangibles en los primeros meses, el apoyo al presidente en el inicio de su gestión también puede observarse en que, ante la posibilidad de que en las elecciones intermedias AMLO ponga sobre la mesa la revocación de su mandato, si la votación se realizase hoy, su permanencia estaría garantizada. Prácticamente tres cuartas partes de los encuestados (77.7%) apoyaría la continuidad de AMLO como presidente, mientras que 14.5% preferirían que renunciara.

Esta valoración positiva de los ciudadanos no sólo le redituaría beneficios electorales al presidente en lo individual, sino a todo su partido. En las elecciones de 2018, MORENA (sin los votos de los otros partidos de su coalición) obtuvo 44.5% de los votos para la presidencia y 37.3% para la Cámara de Diputados. Sin embargo, al momento de realizar la encuesta, las preferencias efectivas (sin considerar a los votantes que no han decidido o que no declaran su intención de voto) del partido del presidente se elevarían hasta 61.3% si fuese una elección presidencial y 56.6% en la elección para legisladores. Es decir, en una elección presidencial MORENA obtendría 16.8% más votos de los que recibió en 2018, mientras que los diputados podrían tener 19.3% más sufragios, ampliando la ya de por sí considerable mayoría que actualmente posee.

Este amplio respaldo ciudadano para el presidente y su partido, en conjunto con las altas expectativas de que la corrupción podrá ser combatida con resultados en el futuro inmediato, abren una ventana de oportunidad invaluable para la puesta en marcha de una política ambiciosa y profunda que prevenga y ayude a disminuir sensiblemente la prevalencia de actos de corrupción. Sin embargo, esto también crea un área de riesgo importante: si estas altas expectativas son defraudadas, se perdería una oportunidad única y las consecuencias podrían ser desastrosas.

Compartimos la premisa de esta administración de que el combate a la corrupción y la impunidad requieren de voluntad política, pero creemos que esta es una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr resultados reales y duraderos. Si queremos que los niveles de corrupción disminuyan en México, es indispensable hacer cambios que no dependan de la honestidad de una sola persona o grupo de funcionarios públicos, sino que puedan mantenerse en el tiempo y operen sin importar quién esté al frente del gobierno. Por ello, este documento ofrece un panorama de las percepciones de la corrupción de los mexicanos, en conjunto con un análisis de sus causas e implicaciones, para entregar una hoja de ruta que ayude a la articulación de una agenda nacional anticorrupción integral en la que participe no solo el gobierno, sino el resto de |la sociedad, para poder tener consecuencias de mediano y largo plazo.

En el siguiente capítulo se analizan las percepciones generales de la ciudadanía sobre la corrupción como un problema nacional, los niveles de victimización e incidencia, así como una aproximación a las causas y las consecuencias de este fenómeno. Uno de los primeros elementos a destacar es que la corrupción aparece como uno de los temas más preocupantes e importantes, al mismo tiempo que se percibe un fuerte vínculo entre corrupción e impunidad. Paradójicamente, hay una brecha en la que las personas reportan una menor incidencia de la corrupción en su vida cotidiana en contraste con la percepción de la corrupción a nivel nacional. Esto puede explicarse por la preeminencia de los grandes escándalos de corrupción y su impunidad en todos los órdenes de gobierno. Por lo tanto, se perfila la necesidad de una política pública que busque incrementar la probabilidad de que un acto de corrupción sea sancionado por las autoridades para incrementar la confianza en el servicio público y, así, disminuir considerablemente la percepción de una elevada frecuencia de actos de corrupción en el país. Igualmente, aparecen señales de que los ciudadanos no perciben al gobierno como el único responsable del combate a la corrupción, sino que hay un componente de corresponsabilidad.

A partir de esta premisa, en el tercer capítulo se analiza la relación que existe entre la corrupción y las instituciones. La corrupción no es percibida por igual en todos los órdenes y áreas de gobierno, al mismo tiempo que sus consecuencias son diferentes en términos de economía, seguridad, justicia o calidad de los servicios que se prestan. En el mismo sentido, hay una percepción diferenciada de la corrupción dentro del sector privado. Si bien una apabullante mayoría de los encuestados considera que la corrupción no se justifica —al menos en abstracto—, las personas parecen estar dispuestas a pagar sobornos mientras reciban servicios públicos de mejor calidad. Por su parte, las instituciones anticorrupción aún no son muy conocidas, pero cuentan con una buena reputación, lo que puede apoyar a definir una estrategia integral en la que múltiples instituciones participen de manera efectiva. La impunidad por actos de corrupción es casi total, pero es también una buena oportunidad para incrementar la credibilidad de las instituciones por medio de una mejora sustantiva de los procesos internos de investigación y transparencia, de los mecanismos de denuncia y de sus consecuencias.

El cuarto capítulo se concentra en el papel del gobierno en el combate a la corrupción y las acciones que ha declarado o impulsado, como el endurecimiento de las penas como una posible solución. El supuesto de la administración actual es que la determinación inamovible del Ejecutivo es suficiente para disminuir los niveles de corrupción en todo el país, «barriendo las escaleras de arriba para abajo», al mismo tiempo que se ha caído en medidas de populismo punitivo. Sin embargo, al profundizar en el concepto de corresponsabilidad de los ciudadanos, hay señales de que ha permeado parcialmente en la sociedad mexicana una idea de la necesidad de incluir a la sociedad civil, al sector privado y a la ciudadanía en su conjunto. Es un resultado muy positivo que no se perciba al gobierno como el único responsable del combate a la corrupción. Sin embargo, esta responsabilidad parece depender únicamente de los niveles de corrupción percibidos dentro de los distintos sectores y es aquí donde hay que enfocarse. Se debe socializar la necesidad de crear una coalición entre el sector privado, el gobierno, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para combatir la corrupción. Un esfuerzo que no tome en cuenta esta percepción de la corrupción como un problema en el que todos tienen un grado de responsabilidad puede tener resultados limitados e indeseables.

El quinto capítulo se adentra en una de las relaciones más importantes de nuestra encuesta: la corrupción y la impunidad. La evidencia sugiere que la impunidad es un problema generalizado que se asocia con una mala administración y, además, es una de las variables explicativas más claras para los niveles percibidos de corrupción. La impunidad es producto de un sistema de justicia y de seguridad con grandes fallos, que ha devenido en una desconfianza ciudadana hacia la denuncia como una acción sin consecuencias. Este contexto es un terreno fértil para que el discurso del populismo penal tenga resonancia en la percepción de los mexicanos. Pero las políticas enfocadas a aumentar las penas a la corrupción no tendrán efecto en la impunidad en la medida que no haya garantías para quien denuncia y organismos con capacidad de investigación y sanción. Sin esos controles institucionales, el discurso del populismo se puede volver una plétora de buenas intenciones o, incluso, una nueva herramienta para la concentración del poder, pero sin resultados de largo plazo.

Todos estos hallazgos apuntan a la necesidad de una estrategia nacional que vaya más allá de las declaraciones y acciones aisladas, que permitan conjuntar la voluntad presidencial, la esperanza ciudadana y las acciones institucionales para permitan modificar los incentivos y estructuras más allá de una administración. Igualmente, es necesario recordar que una gran cantidad de escándalos de corrupción han surgido de los gobiernos locales. El titular del Poder Ejecutivo federal actual es considerado una persona honesta por dos terceras partes de los ciudadanos, pero la situación es completamente diferente en los otros órdenes de gobierno. En general, los gobernadores y los gobiernos municipales son percibidos como más corruptos, por lo que una estrategia que no contemple una profunda reforma en las reglas y en la operación diaria de éstos será insuficiente para disminuir la corrupción, y su percepción, en la mayoría de los ciudadanos.

La tarea y responsabilidad que este gobierno ha asumido para combatir a la corrupción es inmensa. Sin embargo, no es una tarea que deba o pueda realizar por sí mismo. En una estrategia nacional anticorrupción efectiva deben conjuntarse las intervenciones de política pública producto del análisis y aprendizaje del pasado; los cambios en los marcos legales y operación diaria de la burocracia en todos los órdenes de gobierno; la inclusión de la sociedad en los procesos de mejora; la creación de mecanismos que abatan la impunidad y creen la confianza necesaria para impulsar la denuncia como un proceso con consecuencias tangibles y, en suma, intervenciones que permitan combatir a la corrupción no sólo en los dichos, sino en los hechos.

Principales Hallazgos

Este es el Capítulo 1 del estudio Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Impunidad, coordinado por Sofía Ramírez y elaborado por MCCI y el diario Reforma

Leonardo Núñez González (@leonugo) es investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.