Ilustración de Víctor Solís, cortesía de Nexos.

 

La “histórica tradición de asilo y refugio” parece ser un cuento de épocas pasadas. El 9 de junio de 1937, el Excélsior daba cuenta de la llegada de 456 niños españoles, que serían conocidos después como “Los niños de Morelia”, con un emotivo encabezado: “México recibe a sus nuevos hijos a los acordes del Himno de la Patria”. Estos niños eran víctimas de la Guerra Civil Española y fueron recibidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue entonces que se inauguró una narrativa en la que México es un lugar que recibe y abraza a aquellos que van en busca de refugio.

La creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) nace como respuesta al éxodo masivo de personas provenientes del llamado Triángulo norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) en la década de 1980. Presupuestalmente, la COMAR cuenta con un Órgano Administrativo Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación para el ejercicio de sus funciones, denominado en la cuenta pública como Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El tema recibió mucha atención hace un par de meses no sólo porque el 20 de junio se celebra el día del refugiado, sino también por las escenas y audios de niñas y niños encerrados en centros de detención a causa de la “política de tolerancia 0” de la administración estadounidense del presidente Trump contra los migrantes indocumentados. En una conferencia de prensa, a juicio de muchos tardía, el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videaray emitió la postura oficial del Gobierno Mexicano. En ésta se afirmaba que si bien solamente 1% de los menores detenidos son mexicanos, México tenía una responsabilidad moral y una obligación legal para trabajar con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Al respecto, el canciller declaró que “si tenemos la capacidad institucional y, sobre todo, tenemos la voluntad para apoyar de manera clara a los gobiernos y a los pueblos de estos países hermanos para afrontar esta difícil situación”. Este compromiso, no obstante, parecer una plétora de buenas intenciones.

La COMAR no es presupuestalmente relevante para el Gobierno Federal

Presupuestalmente, la COMAR ejerce realmente mucho menos recursos de lo que le aprueban año con año. En la Figura 1 es posible observar año con año cuántos recursos le son asignados, cuánto realmente termina gastando y la diferencia por año. Además, también es posible observar como sistemáticamente desde 2008 a la COMAR se le aprueban más recursos de los que realmente ejerce, con excepción del año 2015 en el que hubo un aumento considerable al pasar de 16 millones de pesos de 2013 a más de 24 millones de pesos de 2013.

Resulta interesante esta dotación adicional de recursos, ya que, como muestra la Figura 2, la mayor parte del aumento del gasto en 2015 se concentró en una dos partidas, la 15402 correspondiente a “Compensación garantizada” y a la 48101 destinada a “Donaciones a instituciones sin fines de lucro”. Desde 2008, la partida 15402 concentra la mayor parte de los gastos. No obstante, la partida 48101 sólo tiene registros para la COMAR en 2015 y 2016, para el año 2017 esta partida desapareció para esta institución.

No es posible en primera instancia rastrear las instituciones que recibieron estos donativos, puesto que la COMAR no figura en la base de datos de donativos otorgados por las Instituciones de la Administración Pública Federal en el portal de datos abiertos.

La COMAR recibe menos que el presupuesto para papelería del INM

De acuerdo con la Directora Ejecutiva de la División de Derechos de los Niños de Human Rights Watch (HRW), Zama Neff, la política mexicana al respecto de los migrantes indocumentados provenientes del triángulo norte no es menos agresiva que la de Estados Unidos. Según un reporte de 2015 de HRW, esta institución sistemáticamente comete errores y omisiones contra menores buscando asilo. No informar a los menores sobre visas humanitarias o los procedimientos de solicitud de refugio es la más común de las omisiones, además de no recabar información suficiente ni proveer asistencia legal a menos aplicantes a refugio. Sin embargo, la violación más grave detectada en este reporte es la detención de menores en condiciones de prisión, pese a que la ley establece que esta política sólo debe aplicarse en circunstancias excepcionales. Incluso aquellos que tienen la fortuna de ser canalizados a algún centro especializado del DIF viven condiciones similares a prisión.

La política en materia migratoria es clara. El Instituto Nacional de Migración (INM) ejerció más de 281 veces los recursos que ejerció la COMAR en 2017. Para ejemplificar esta abismal diferencia presupuestal, el monto ejercido por el INM en la partida destinada a materiales y útiles de oficina, poco más de 23 millones de pesos, es superior a todo el presupuesto aprobado para la COMAR ese año (alrededor de 21 millones de pesos).

Aunado a lo anterior, pese a que el presupuesto aprobado para el INM se ha reducido año con año, este organismo termina gastando muchísimo más. En la Figura 3 se puede ver esta disparidad en el gasto. Tan sólo en 2017, el INM ejerció más de 5 mil millones de pesos de 2017, pese a habérsele aprobado poco menos de 2 mil millones de pesos de ese año.

Resulta interesante observar cómo se comporta el gasto por partidas. La Figura 4, por ejemplo, muestra cómo los gastos de vigilancia y de traslado de personas han ido aumentado significativamente año con año. El periodo comprendido en el año 2015 resulta, una vez más, llamativo por el flujo de recursos adicionales.

La crisis de los menores migrantes sin compañía está lejos de acabarse

Una hipótesis sobre el aumento de los recursos en 2015 para el INM y la COMAR es que dicho año corresponde con una escalada en el número de menores no acompañados. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2015 se devolvieron o se retornaron de manera asistida a 17,443 menores sin compañía. Si bien la cifra es escandalosa, en 2017 esta número se redujo a 6,655.

No obstante, el número de menores no acompañados que solicitan refugio y asilo es diametralmente menor, según las cifras de la COMAR. Aún peor: si consideramos sólo aquellas solicitudes que son aceptadas, este número se reduce aún más. La Figura 6 resume las cifras de menores no acompañados que solicitaron la condición de refugiado. Es posible observar que desde 2013 el número de solicitudes no ha dejado de crecer, pero el número de menores reconocidos como refugiados sí se ha reducido. En 2016, a 102 de los 242 menores no acompañados que solicitaron el estatus de refugiado se les concedió esta condición. En cambio, para el año 2017, la cifra de reconocidos como refugiados disminuyó a 36.

El 22 de junio, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció que quienes busquen refugio o asilo en México tendrán la posibilidad de tener una clave CURP temporal y el incremento del presupuesto de la COMAR en 150%, así como un aumento de personal de 84%. Incluso ante ese aumento, la COMAR tendría casi 94 veces menos presupuesto que el Instituto Nacional de Migración, un poco menos de lo que éste último gasta por concepto de lavandería. Veremos si eso se traduce en las cifras presupuestales del próximo trimestre y estos cambios se reflejan en el compromiso que el canciller Videgaray defendió con tanto ahínco. Mientras tanto, México seguirá siendo, como dice HRW, un fracaso en la protección de menores migrantes y en busca de refugio.


Manuel Toral

Especialista de datos en la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestro en políticas públicas (Universidad de Chicago), politólogo e internacionalista (CIDE).