Partamos de dos conceptos fundamentales: por un lado, la impunidad –en su sentido más general–, es la ausencia de castigos, sanciones o consecuencias ante los actos de una persona. Por el otro, las instituciones no son más que las reglas del juego compartidas y reconocidas dentro de una sociedad. Entre instituciones e impunidad hay una relación constante. Ahí en donde una regla no se cumple porque aquellos que la violan no tienen consecuencias, se va al diablo la institución. Con estos elementos mínimos, y en vista de la crisis que se desató en Venezuela en la que hay dos presidentes reconocidos por diferentes facciones, trataremos de desmenuzar una simple pregunta: ¿quién mandó al diablo a las instituciones venezolanas, Nicolás Maduro o Juan Guaidó?
Nicolás Maduro llegó a la presidencia en 2013 con unas elecciones celebradas el 14 de abril, casi un mes después del fallecimiento de Hugo Chávez y en las que su margen de victoria fue muy estrecho: Henrique Capriles obtuvo 49.12% de los votos, mientras que Maduro ganó con 50.61%. Una diferencia de 1.5% fue la que permitió al chavismo continuar en el poder. Las críticas de la oposición no se hicieron esperar; convocaron manifestaciones e intentaron impugnar la elección, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró los reclamos como “inadmisibles”, por lo que el 7 de agosto de 2013 emitió una sentencia que cerró el expediente legal de la elección. Sin más recursos que la manifestación, la oposición permaneció cuestionando al régimen de Maduro, pero por los siguientes dos años mantuvo una calma relativa sabiendo que su siguiente gran apuesta se encontraba en 2015 en las elecciones legislativas.
El 6 de diciembre de 2015, la oposición se presentó a las urnas de las elecciones parlamentarias alrededor de una coalición con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lo que les permitió mostrar un frente único con gran potencia electoral. Los resultados fueron claros: de los 167 asientos de la Asamblea Nacional, la oposición consiguió obtener 112. Que el chavismo fuera derrotado y no tuviera mayoría legislativa no había sido visto antes y, más notable aún, la mayoría que había obtenido la oposición equivalía a 67% de la Asamblea, es decir, contaban con una mayoría calificada que anunciaba la inauguración de un esquema de pesos y contrapesos que antes sólo existía en el papel.
Desde el conocimiento de los resultados, Maduro señaló que la oposición había orquestado un fraude electoral, por lo que su partido comenzó a realizar una serie de cambios antes de que perdiera su mayoría legislativa. El más notable, el 23 de diciembre los diputados salientes de la Asamblea Nacional sustituyeron a 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Estos nuevos servidores públicos rápidamente entrarían en acción: de inmediato admitieron las impugnaciones a las elecciones, de varios legisladores de oposición y señalaron que 3 habían sido irregulares, declarandolas suspendidas. Los miembros de la Asamblea tomaron posesión el 5 de enero de 2016, pero antes de que pudieran hacer cualquier acción legislativa, el 11 de enero el TSJ declaró a toda la AN “en desacato” y sentenció que ningún acto que aprobaran tendría validez. Menos de una semana después de estar en el cargo, el Poder Legislativo había sido anulado por el Judicial.
Sabiéndose anulada por un Judicial en manos de Maduro, la oposición buscó echar mano de la posibilidad constitucional de convocar a un referéndum para la revocación del presidente. De acuerdo con las leyes vigentes, debían juntar las firmas de 1% del padrón electoral para iniciar el procedimiento (cerca de 200 mil firmas). Así, desde marzo de 2016 le solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) el inicio formal del proceso. El CNE retrasó la solicitud hasta abril, cuando permitió la recolección de firmas y recibió 1.9 millones de apoyos recolectados por la oposición. Para tratar de frenar esta movilización, la CNE definió una nueva regla y pidió que el 1% de firmas del padrón debía obtenerse en cada región administrativa, además de que debía realizarse una segunda ronda de participación en la que todos los ciudadanos que habían dado su firma debían ir nuevamente a verificar sus datos, registrar su información biométrica y corroborar su intención de participar. Esta etapa fue muy complicada y convulsa, pues fueron desechados miles de apoyos verificados por argucias técnicas y se retrasaron muchos otros; no obstante, al final del proceso se mantenían cerca de 400 mil firmas que permitían continuar con el referéndum.
El siguiente paso constitucional requería la instalación de mesas en las que se necesitaban las formas de 20% del padrón electoral para, finalmente, activar el referéndum. Mientras la oposición controlaba las calles llenas de manifestantes contra Maduro, parecía que también lograrían saltar este requisito, por lo que, de manera sorpresiva, el oficialismo denunció fraude en la recolección de firmas y el 21 de octubre, mediante un comunicado del CNE, se suspendió hasta nuevo aviso la recolección de firmas, dejando cancelado el referéndum.
Al final de 2016 también debían celebrarse varias elecciones locales, pero viendo los resultados de las movilizaciones en apoyo del referéndum revocatorio, Maduro declaró: “la prioridad en Venezuela no es hacer elecciones. La prioridad en Venezuela es recuperar la economía y atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda”. Con esta justificación, no sólo se detuvo el referéndum, sino que también suspendió de manera indefinida las elecciones locales que debían celebrarse.
En marzo 2017 el alto total a la AN pasó de la práctica al papel cuando la Sala Constitucional del TSJ acabó de manera explícita con el parlamento venezolano. Mediante los fallos 155 y 156, el TSJ asumió todas las competencias de la AN y desapareció la inmunidad parlamentaria, despojando a los legisladores de todos sus poderes. Así, el más alto tribunal de Venezuela se atribuyó por primera vez la capacidad de hacer hacer leyes y votarlas, excluyendo completamente a la oposición de Maduro y, de facto, acabando con la separación de poderes del país.
El siguiente punto clave para las instituciones venezolanas sucedió en mayo de 2017. Nicolás Maduro convocó -vía decreto- a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ciudadana o comunal, para redactar una nueva Constitución. La Constitución vigente en ese momento, la llamada “Constitución de Chávez”, no contempla la figura de una ANC “ciudadana o comunal” en los términos que fue planteada por Maduro. La Constitución venezolana sí establece que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”, y por lo tanto el pueblo sí puede convocar a una ANC para crear un nuevo orden jurídico, como se hizo anteriormente con Chávez. En ese caso, la convocatoria fue avalada por un referéndum previo convocado por el presidente Hugo Chávez y el 87,7% de los votantes respaldó la idea. El proceso iniciado por Maduro, al ser un decreto, estuvo fuera de la ley. La votación de la ANC tuvo lugar a finales de julio, en medio de una ola de manifestaciones y represión que llevó a más de 100 muertos. Fueron 545 constituyentes, de los cuales todos eran partidarios de Maduro y que, desde agosto de 2017, no han trabajado nada en un nuevo texto constitucional, pero sí han aprobado todas las leyes y modificaciones que Maduro ha requerido.
Ya con todos los poderes en su bolsa, Nicolás Maduro tuvo por fin la seguridad para presentarse a unas elecciones, por lo que inició su campaña para buscar la reelección. Los comicios fueron cambiados de fecha a voluntad una y otra vez. Finalmente el 20 de mayo de 2018 hubo elecciones, sin la participación de los principales opositores y con una gran cantidad de irregularidades, pero que terminaron con Maduro “ganando” 68% de los votos. Estas elecciones no fueron reconocidas por una gran cantidad de países, entre los que se encontraba México, debido a que no se habían garantizado los elementos mínimos para considerarla una elección libre y democrática. A pesar de ello, Maduro continuó gobernando, haciendo frente al éxodo masivo de sus ciudadanos por la crisis, a las movilizaciones multitudinarias que continuaron siendo duramente reprimidas y sin ninguna oposición legal o institucional que pudiera interponerse a su voluntad.
El 10 de enero de 2019, Maduro tomó protesta ante el TSJ para su segundo mandato presidencial pese a las denuncias de la oposición y las críticas de la comunidad internacional. La AN, liderada por Juan Guaidó, no reconoció las elecciones de 2018 y declaró a Maduro un “usurpador” de la presidencia.
La oposición convocó a marchas el 23 de enero, día emblemático para la democracia venezolana. Durante estas marchas, y sorprendiendo tanto a la comunidad internacional como a la población venezolana, Juan Guaidó se proclamó presidente interino en Venezuela señalando que el artículo 233 de la constitución estipula que el presidente de la AN es quien debe ocupar el cargo temporal ante la ausencia del titular del Ejecutivo y debe llamar a nuevas elecciones. A pocas horas de este acto, Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente, para ser seguido por la gran mayoría de los estados de América (México y Uruguay eligieron no pronunciarse), y por varios países Europeos. Recientemente, las fuerzas armadas del país, principal sostén del régimen de Maduro, declararon estar en contra del nombramiento Guaidó.
En un sentido estricto, tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó se han saltado las trancas –y uno ha mandado al diablo a las instituciones del otro y viceversa–, pero la clave parece ser que las reglas, e instituciones de Maduro se reinventan a cada segundo y van siendo confeccionadas a modo para tener una máscara de legalidad, mientras que las reglas con las que está jugando Guaidó y la oposición son las mismas que están actualmente en la constitución venezolana, esa misma que se promulgó en el primer año de gobierno de Hugo Chávez, en 1999.
Leonardo Núñez González (@leonugo) y Leonor Ortiz Monasterio (@theleonori)
Internacionalistas e investigadores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
