Las sanciones contra las violaciones respectivas ya no se dejan a la mera opinión pública. Son, verdaderos castigos: indemnización, multa, destitución, destierro, prisión, trabajos forzados, pena de muerte, según las leyes de cada país y la gravedad del acto violatorio. (Alfonso Reyes – Cartilla Moral)
La propuesta de instaurar la prisión preventiva oficiosa en el ámbito de lo moral
Moralizar la vida pública del país es una de las grandes premisas de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta idea es el principio rector de una serie de decisiones de política pública que pretenden, en palabras del presidente, “desterrar a la corrupción”. Hacer de la corrupción un “crimen grave” parece ser parte fundamental de esta agenda moral y una de las grandes preocupaciones del partido que llevó a López Obrador al poder.
Junto con la creación de un nuevo cuerpo de seguridad con un trasfondo castrense denominado “Guardia Nacional”, convertir a la corrupción en una acción penada con cárcel sin derecho a fianza ha sido un tema suficientemente relevante como para hacer modificaciones al Artículo 19 de la Constitución y convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para aprobarlas en el menor tiempo posible. Esta iniciativa aprobada por el Senado y turnada a la Cámara de Diputados el 6 de diciembre proponía la ampliación del catálogo de delitos que acreditan prisión preventiva de oficio: abuso o violencia sexual de menores de edad, uso de programas sociales con fines electorales, feminicidio, robo al transporte de cargo, desaparición forzada, portación y uso de armas de fuego prohibidas, robo y tráfico de hidrocarburos y delitos en materia de corrupción.[1]
Resulta difícil de entender las razones por las que Movimiento de Regeneración Nacional, la plataforma que ganó de manera abrumadora en 2018, promueve con tanto ahínco una reforma que, a decir de la mayoría de las voces expertas en el tema, perjudica a quienes, se supone, están en el centro de su discurso político: los pobres. Esta propuesta no sólo se contrapone a los principios morales que dice defender Morena, sino que es sustancialmente inconsistente con el proceso ya iniciado de liberación de presos políticos, llevado a cabo desde la Secretaría de Gobernación de acuerdo a los criterios propuestos por la senadora Nestora Salgado.
Si aceptamos la idea de que todo acto político es también un acto moral, argumento con el que se defiende la impresión y distribución del texto de la “Cartilla Moral” de Alfonso Reyes por parte del Gobierno Federal, entonces es imprescindible evaluar las motivaciones morales de quienes hacen las leyes y quienes las ejecutan. Así pues, ¿cuál es la fundamentación moral de la instauración constitucional de la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen para defender una política que prima facie es perniciosa para los grupos poblaciones más vulnerables?
Para resolver estas preguntas analizaré los argumentos presentados por las senadoras y senadores que defendieron la propuesta. Esta información es diferente a la propuesta en la justificación del dictamen puesto que no pretende dar un contexto jurídico, sino sólo da voz a los representantes electos a defender de manera personal su propia iniciativa.
Metodología
Para este análisis se minó la versión estenográfica del 6 de diciembre de 2018, para obtener el debate en torno a la propuesta de modificar el Artículo 19 de la Constitución. Después, se utilizó la información para hacer minería de texto a las intervenciones de las legisladoras y legisladores.
La votación
Este dictamen fue aprobado por la totalidad de los miembros presentes de los grupos parlamentarios de los partidos Encuentro Social, del Trabajo, Verde Ecologista y Morena. La única senadora morenista que votó en contra fue Nestora Salgado. A estos votos se unió la mayoría de los grupos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Discursos
En el marco de la discusión sobre el dictamen hubo 29 intervenciones. Excluyendo la presentación de reservas, 9 fueron hechas por legisladores y legisladoras que finalmente no votaron en el sentido del dictamen y una que terminaría como abstención. El discurso más largo fue la primera intervención del senador panista Zepeda Álvarez, excluyendo una larga pregunta del Senador
Los argumentos en favor y en contra
¿Qué tipo de palabras fueron utilizadas con más frecuencia por uno u otro bando? Con base en un análisis de minería de texto, usando la medida TF-IDF para identificar las palabras que usó un bando y no otro, es posible identificar aquellas palabras o conceptos que fueron esgrimidos en la discusión.
Los argumentos que se mostraron del lado opositor muestran, por lo menos, la preocupación de buscar evidencia empírica, respetar el artículo 14 constitucional, eliminar el sistema inquisitivo e incluso usar los términos “escándalo nacional”. En el caso de quienes estuvieron en favor del dictamen, apelaron a la tranquilidad y bienestar social. El supuesto “fuerte reclamo” de la sociedad fue usado también de manera particular por quienes defendieron la propuesta.
Un dilema de cara al periodo extraordinario
Este es un dilema que no ha pasado desapercibido por el presidente. En su conferencia matutina del 8 de enero, López Obrador dijo: “me preocupa mucho el que sean detenidos gente humilde, pobres, que no sepan que ahora ya el robo de combustible es un delito grave, sin derecho a fianza”. Sin embargo, la respuesta a este dilema fue simple: “quiero que se informen, que todas las familias apoyen, ayuden.”
El filósofo Michel Foucault afirmó en una célebre entrevista con John K. Simon que el sistema de represión que encarcela a las personas por razones políticas es el mismo que encarcela a las personas por delitos comunes. Al referirse a las personas que se dedican al robo de combustible, el presidente afirmó que “es preferible dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra”. El problema con la prisión preventiva oficiosa es que las personas que son procesadas en el actual sistema penitenciario tienen altas probabilidades de ser dejadas en la pobreza y en la deshonra.
Manuel Toral (@jmtoralc) es especialista de datos en la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestro en políticas públicas (Universidad de Chicago), politólogo e internacionalista (CIDE).
[1] Esta lista fue reducida a tres por la Cámara Baja: uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito, y delitos en materia de robo de hidrocarburos.
