Ilustración es de Víctor Solís, cortesía de Nexos.

 

Los contratos hospitalarios en Asociación Público-Privada permiten a México dar un paso en la dirección correcta por varios motivos. El primero es que, comparados con el modelo de contratación tradicional éstos cuentan con mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El segundo motivo es que cierran la puerta a posibilidades de corrupción presentes en el modelo tradicional

Por lo que respecta a la transparencia, todos los contratos de los hospitales APP son accesibles desde la plataforma www.proyectosmexico.gob.mx, página galardonada con diversos premios de transparencia porque desde marzo de 2017 pone a disposición de los potenciales inversores, información de diversas fuentes, entre las que destacan Transparencia Presupuestaria y Compranet, con un amplio acceso no sólo al contrato sino a los documentos relevantes del proceso de diseño y apertura de los hospitales.

En términos de rendición de cuentas, los contratos APP exigen un informe de desempeño mensual del Desarrollador con base en indicadores específicos para cada uno de los servicios que presta. Si bien estos informes no son fácilmente accesibles a cualquier ciudadano y es necesario seguir avanzando en transparentar el desempeño de los contratos, sin duda suponen un paso en la dirección correcta con respecto a los contratos tradicionales que por su heterogeneidad son difícilmente comparables y evaluables por parte de la sociedad civil.

En la misma línea, también es necesario avanzar en la información que tenemos sobre el aprovechamiento del contrato por parte del Estado, dado que tampoco es transparente para la ciudadanía. En resumen, a pesar de los avances expuestos, la transparencia debe aumentar en  el desempeño y en la gestión del contrato.

Ahora bien, muchos hospitales bajo el modelo de contratación tradicional cuentan con un gran número de contratos anuales para la operación de diversos servicios: por ejemplo, el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE)de Yucatán, que depende de la Secretaría de Salud, cuenta con 18 contratos, mientras que el HRAE de Oaxaca, que depende de la misma Secretaría, cuenta con 10-. A lo largo de 25 años, estos contratos suponen múltiples ocasiones para la corrupción, concretamente 450 en Yucatán y 250 en Oaxaca. Estas oportunidades se suman a las de los contratos de obra y equipamiento en el esquema tradicional, que han sido ampliamente documentados en la prensa y por algunas organizaciones de la sociedad civil.

En resumen, queda muy claro que el modelo APP por sí solo no puede arreglar un mal proyecto hospitalario. Al contrario, si los hospitales no se desempeñan eficientemente y no obtienen el máximo provecho de las camas, quirófanos, equipos y demás servicios contratados, el desperdicio se arrastrará a lo largo de todos los años del contrato, que en México son 25, los más largos de Latinoamérica con contadas excepciones.

Queremos encender un foco rojo: Sí a los contratos hospitalarios APP pero acompañándolos de un proceso de profesionalización de la rectoría y de la gestión hospitalaria que nos aseguren el mejor desempeño de los contratos para que no exista el desperdicio que muestran las primeras experiencias en nuestro país.

Los seis hospitales que hemos evaluado se rigen por las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios (PPS) publicadas en 2004 y no sólo presentan desperdicio por la subutilización, sino que además, se paga a las empresas una tarifa independiente a la ocupación de los hospitales. Dicho de otra manera, se les paga por servicios no entregados, lo que significa que el mal desempeño del Estado supone mayores beneficios para las empresas. En este punto, abogamos para que los incentivos estén alineados para que el óptimo desempeño de los hospitales sea el único escenario admisible para todos los actores involucrados, del sector público y privado.

La ley de Asociaciones Público-Privadas, publicada en 2012, incorpora importantes lecciones aprendidas. Entre ellas, se ajusta el sistema de tarifas y se deja un porcentaje que depende de la ocupación hospitalaria. Sin embargo, si la rectoría no mejora, podremos encontrarnos, de cualquier forma, con hospitales con grandes lagunas de eficiencia que de nuevo nos pondrían en una situación inadmisible. Esto, aunado a que se están transfiriendo cada vez más servicios al sector privado y a su acelerada expansión en el sector, nos hacen demandar rectores que aseguren el máximo aprovechamiento de este esquema de contratación.

En resumen, sí al modelo APP, pero asegurando que tanto quien gestiona el contrato como quien lo tiene que cumplir trabajen bajo un esquema no sólo transparente y con alta rendición de cuentas, sino con un amplio conocimiento y competencias profesionales que aseguren su máximo aprovechamiento para la sociedad mexicana. Además, pedimos que la gestión hospitalaria tradicional avance por el mismo camino. Los mexicanos tenemos derecho a la salud y exigimos el máximo profesionalismo a quienes deben garantizarnos este derecho.


Mauricio Hernández. Es médico cirujano por la UNAM con maestría y doctorado en Epidemiología (Harvard). Fue director general del Instituto Nacional de Salud Pública y es investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

Carmen Santamaria. Es economista por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) especialista en dirección de hospitales y organización de sistemas de salud, actualmente es directora de Bona Dea Salud.