Una versión previa de esta investigación fue publicada por Reforma el 26 de junio de 2018 como su nota de ocho columnas.
El Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad desviar al menos 33.6 millones de pesos con el uso de una red de 51 empresas fantasma y prestanombres.
El desvío fue gestionado y avalado por diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso, en sesiones de la Junta de Coordinación Política, según consta en actas obtenidas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Legisladores locales del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena y del partido estatal Conciencia Popular autorizaron, en distintas sesiones de la actual legislatura, el pago de falsos apoyos sociales a habitantes de colonias populares y comunidades rurales de San Luis Potosí. A esto se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado, hasta ahora, supera los 43 millones de pesos.
A los supuestos beneficiarios les robaron la identidad y, con el apoyo de la red de proveedores fantasma, se simuló la entrega de despensas, materiales para construcción y la impartición de talleres entre otro tipo de ayudas sociales. Las gestiones para los falsos apoyos y para pagar las facturas a las empresas fantasma eran realizadas por los propios diputados, de acuerdo con las actas consultadas.
Los diputados llegaron al extremo de gestionar 400 despensas a nombre de una persona que tenía 45 días de haber fallecido. En la documentación con la que justificaron el pago de 86 mil 499 pesos a una empresa fantasma, anexaron una carta de agradecimiento del difunto, para lo cual falsificaron su firma.
Hasta el momento, 16 personas a las que les robaron su identidad han presentado denuncia penal contra los diputados locales. “Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos”, acusó el abogado Óscar David Reyes Medrano, quien ha asesorado a 13 víctimas a las que les robaron su identidad. “Operan como si fuera un crimen organizado, todos los diputados de todos los partidos políticos, todos sin distingo, están metidos en la misma red, en el mismo abuso”, coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de Ciudadanos Observando, organización que ha investigado y documentado el saqueo realizado desde el Congreso del Estado, al que han calificado como “El Honorable Gremio del Fraude”. Este grupo ciudadano obtuvo testimonios de operadores de empresas fantasma que confesaron vender facturas a cambio de una comisión de 8% del monto del comprobante fiscal. Este ilícito ya fue denunciado ante la PGR.
En el listado de proveedores del Congreso aparecen cuatro empresas y una persona física que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en su lista negra por presuntamente simular operaciones, las cuales a su vez están ligadas a otras nueve compañías que también han recibido contratos directos de los diputados potosinos, según constató MCCI al hacer un cruce de información de actas.
Ocho de los diputados involucrados en esta red de corrupción buscaron, el 1 de julio pasado, saltar a otros cargos de elección popular: los priístas Martha Orta, José Luis Romero Calzada y Óscar Bautista, así como los panistas Jorge Díaz Salinas y Josefina Salazar fueron candidatos a una diputación federal; Rebeca Terán, del PRI, aspiró a convertirse en senadora y Héctor Meraz, del PAN, y Alejandro Segovia, del PVEM, buscaron la alcaldía de sus lugares de origen (Tanquián y Matehuala, respectivamente).
De los diputados locales involucrados, el priista Óscar Bautista ganó en el distrito 3 con sede en Rioverde y la frentista Josefina Salazar en el distrito 5 con sede en la ciudad de San Luis Potosí, ambos serán diputados federales a partir de septiembre. Alejandro Segovia (PVEM), por su parte, será presidente municipal de Matehuala, ubicado a 50 kilómetros de Real de Catorce.
Los fiscalizadores involucrados
La Auditoría Superior del Estado, el órgano responsable de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos, también recurrió a la simulación de operaciones con dos proveedores fantasma: a uno le pagó 600 mil pesos por una fiesta que nunca se realizó y al otro le pagó 23 mil pesos, por un supuesto curso de capacitación.
La investigación contra los diputados la realiza la Fiscalía anticorrupción de San Luis Potosí, que encabeza Alejandro Vera Noyola. Sin embargo, el fiscal podría incurrir en conflicto de intereses, pues su papá, Óscar Vera Fábregat, es uno de los diputados que aprobó, desde la Junta de Coordinación Política, la contratación de las empresas fantasma y el reparto de apoyos sociales que resultaron una simulación.
“El Congreso, en su forma de operar criminal, designó al Fiscal anticorrupción, o sea la misma persona que los debería estar investigando ellos mismos lo pusieron en el cargo”, advirtió el abogado Reyes Medrano, que asesora a las víctimas.
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Raúl Olmos. Periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo el primer y segundo lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2017, es coautor del libro Fox: negocios a la sombra del poder.
Twitter: RaulOlmos_mx
