En agosto de 2018 tuve la oportunidad de ser parte del proceso de cumbre del G20 al participar dentro del C20, la cumbre de sociedad civil del mismo G20 dentro de la cual Poder Ciudadano (capítulo argentino de Transparencia Internacional) y la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) eran copresidentes. El objetivo de la cumbre del C20 era darle voz y participación a las organizaciones de la sociedad civil de los países miembros para influir en la agenda y toma de decisiones de la reunión que tiene lugar a finales de noviembre. En la sesión inaugural del C20 el presidente argentino, Mauricio Macri, subrayó la importancia que tiene la sociedad civil en priorizar la agenda anticorrupción y promover la transparencia.
Dentro del C20, a través de Paideia Cívica, organización que dirijo, y de nuestra iniciativa The Women Against Corruption Project, participé como oradora y copatrocinadora del panel #corruptiontoo. El propósito del panel fue mostrar los vínculos entre corrupción y equidad de género, particularmente sus efectos en el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Durante mi participación enfaticé el trabajo que hemos hecho con The Women Against Corruption Project en México, específicamente en el estado de Sinaloa, marcado tanto por su alta tasa de feminicidios como por su impunidad. A través de esta iniciativa se ofrecen talleres en colegios y universidades en los cuales se brindan principios básicos de corrupción, género y, al final, los participantes tienen que resolver estudios de caso y pensar qué harían si fueran las autoridades. La iniciativa tiene como propósito hacer un cambio de conciencia en la mentalidad machista y al mismo tiempo sensibilizar sobre el problema de la corrupción.
Existen muchos ejemplos de casos en México donde ha habido algún tipo de violencia hacia la mujer y se ha potencializado por culpa de la corrupción. Repasemos algunos de ellos.
Feminicidios de Rubí Marisol Frayre y Marisela Escobedo
Tipo de violencia hacia la mujer: Feminicidio
Tipo de corrupción: por omisión, impunidad, presunta compra de jueces del crimen organizado
Marisela Escobedo Ortiz inició su activismo social tras el asesinato de su hija de 16 años, Rubí Marisol Fayre Escobedo, en 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Escobedo señaló entonces a la pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra (vinculado a los zetas), como el presunto asesino. Con recursos propios, logró localizar a Barraza en Fresnilllo, Zacatecas, donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez donde confesó la autoría del crimen en el juicio y señaló el lugar de sepultura de los restos de Rubí; sin embargo, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo pusieron en libertad, generando con ello un escándalo que dio a conocer a Marisela Escobedo a nivel nacional e internacional.
Marisela inició varias protestas contra las autoridades del estado de Chihuahua pidiendo que Sergio Barraza fuera detenido y llevado nuevamente a juicio; apelada la resolución, un tribunal de circuito revocó la sentencia absolutoria y declaró y sentenció a Barraza por asesinato; sin embargo, éste permaneció prófugo de la justicia. Tras múltiples protestas ante los gobernadores José Reyes Baeza y César Duarte, se instaló en señal de protesta en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua frente al palacio de Gobierno donde fue asesinada y hoy existe un memorial recordando el crimen en su contra.
Porkys
Tipo de Violencia: Sexual
Tipo de corrupción: tráfico de influencias, conflicto de intereses
La joven Daphne, que entonces era menor de edad, reveló que al salir de un antro fue interceptada por cuatro jóvenes de alta sociedad en Veracruz, apodados ‘Porkys’, quienes la obligaron a subir a un coche. Una vez dentro le quitaron el celular y la llevaron hasta el fraccionamiento Costa de Oro, ubicado en el municipio de Boca del Río, donde abusaron sexualmente de ella.
Pese a que sólo fueron liberadas tres de las cuatro órdenes de aprehensión de los señalados por la joven, sólo han sido detenidos dos: Enrique Capitaine, hijo de un exalcalde veracruzano (detenido en Torreón, Coahuila) y Diego Cruz, detenido en Madrid tras activación de la alerta de búsqueda de interpol. Por su lado, Jorge Cotaita permanece prófugo hasta ahora. Un juez federal concede la sentencia de amparo directo a favor de Diego Cruz, para proceder con el auto de libertad, toda vez que señaló que no existen elementos suficientes para acreditar las acusaciones en su contra por la presunta comisión del delito de pederastia. Tras enfrentar una serie de críticas en redes sociales y por parte de activistas sociales, el juez federal Anuar González Hermadi solicitó su salida del caso.
Juanitas
Tipo de violencia: política
Tipo de corrupción: malversación de la cuota de género por los partidos políticos
Las Juanitas es el nombre popularmente dado en México a un fenómeno presentado en 2009: los partidos políticos nominaron a un cierto número de mujeres a puestos de elección para cumplir con las exigencias de la cuota de género prevista en la legislación electoral, con el objetivo oculto de hacer que esa candidata fuera reemplazada después de tomar posesión por un suplente hombre predispuesto por el mismo partido. Así quedó de manifiesto con la salida de 12 diputadas, a las que se les otorgaron sus licencias en octubre de 2009, mientras que a las otras 10 la Comisión Permanente avaló su salida a fines de diciembre del mismo año y principios de enero de 2010.
De estas diez solicitudes, ocho eran de mujeres y todos sus suplentes eran de género masculino. En ningún caso, las legisladoras explicaron los motivos para solicitar licencia. Varios de los suplentes eran líderes sociales, miembros de la iniciativa privada y extrabajadores de medios de comunicación, lo cual levantó sospechas.
La directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Daphne Cuevas Ortiz, afirmó que algunas de las mujeres que solicitaron licencia no tenían trayectoria política o social y que, en algunos casos, guardaban relaciones de parentesco o trabajo con sus suplentes.
Si bien la ley fue reformada para que el suplente de toda persona propuesta a un cargo de elección a nivel federal sea de su mismo género, apenas en la elección de 2018, en Chiapas, surgió un fenómeno similar: 67 renuncias bajo actos de coerción y presión en los municipios de Frontera Hidalgo, Frontera, Comalapa, Mapastepec, Pichucalco, Tuxtla Chico y Suchiapa.
Muertas de Juárez
Tipo de violencia: Feminicidio
Tipo de corrupción: por omisión, fabricación de culpables, falta de integridad en el proceso
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez han atraído la atención mundial desde la década de 1990, siendo alarmante la inacción de la policía y el gobierno para prevenir los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos, y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. La primera víctima contabilizada fue la niña Alma Chavira Farel, en enero de 1993.
En mayo de 1993 fue raptada Gladys Janeth Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. En septiembre de 1995, Silvia Rivera Morales, de 17 años, fue encontrada en Lote Bravo, al sur del aeropuerto, habiendo sido violada, estrangulada, y además torturada brutalmente. Este último modus operandi se repitió el mismo año en el mismo lugar, uno de los barrios favorecidos de Ciudad Juárez. En 1996, seis víctimas fueron encontradas en la zona desértica Lomas de Poleo, acuchilladas, mutiladas y violadas. Sagrario González, también de 17 años, obrera de una maquiladora, desapareció al salir del trabajo en abril de 1998. Días después fue encontrada muerta en un terreno baldío, habiendo sido violada, estrangulada y acuchillada. Algunas de estas víctimas tenían en la espalda símbolos de triángulos realizados por armas cortopunzantes.
Como resultado de la atención internacional que han despertado las muertes, funcionarios de la policía y el gobierno han sido políticamente presionados para responder a los asesinatos de las mujeres. Consecuentemente, la policía ha sido acusada de apresurarse a realizar arrestos y resolver los casos, a pesar de lo cual los crímenes se siguen cometiendo. Adicionalmente, de los cientos de casos, hasta el año 2006 sólo se habían realizado tres condenas, habiendo escepticismo acerca de su integridad. La metodología y la integridad de las investigaciones policiales han sido cuestionadas debido a las denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos realizadas a los presuntos sospechosos.
Trata en la frontera sur y tráfico de migrantes
Tipo de violencia: sexual y laboral
Tipo de corrupción: trata
De acuerdo con el Informe Mundial contra la Trata de Personas del año 2009, elaborado por la Oficina de Naciones Unida contra la Droga y el Delito, las redes de traficantes de mujeres emplean a México como puente o destino para trasladar hacia Estados Unidos y Canadá a adolescentes que son vendidas y explotadas sexualmente. Según este órgano internacional este delito se ha convertido en una actividad de la delincuencia organizada transnacional muy lucrativo, asociándose y/o compitiendo con el tráfico de drogas y de armas. El traslado de las personas sometidas a esta forma de esclavitud permite a los delincuentes la segmentación de sus actividades, desde el reclutamiento hasta el traslado y la explotación, incluso para la reubicación periódica de las víctimas. Las redes de trata operan sobre todo en la Ciudad de México y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco. En el caso de las primeras cuatro entidades las redes de trata funcionan como medio para el turismo sexual.
Mención aparte merecen las diferencias entre el tráfico de humanos y el tráfico de migrantes. La mujer migrante sufre la corrupción no sólo como esclava sexual, también la vive en forma de ser separada de sus hijos y con la promesa de ser reunida con ellos a cambio de favores sexuales. Al respecto, México tiene la obligación legal de proteger a las mujeres en la migración a través de la constitución y los tratados internacionales que ha firmado en la ley de migración artículo 73. Por otro lado, el Protocolo de migrantes con enfoque de género resolución 64139 de la Asamblea General de Naciones Unidas habla sobre la violencia de mujeres migrantes.
Dentro de la trata de personas y el tráfico de migrantes está involucrada una cadena de corrupción que va desde pago de coimas, ignorar, tolerar, participar, organizar hasta estar involucrado en el crimen organizado, obtención de visa, falsificación de documentos, pago a personas que transportan, acomodo. También se incluye la pasividad, obstaculización de la justicia (que está estipulado en el artículo 25 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como una forma de corrupción).
En este aspecto el C20, L20,B20 y W20[1] emitieron un comunicado a mediados de octubre con el objetivo de pedirle a los líderes del G20 que aborden los vínculos entre corrupción y género, ya que dentro del tema de corrupción este vínculo no se ha abordado jamás en el G20. Este año cambiarán el plan de trabajo y el plan implementación del grupo anticorrupción del G20 y es un momento único para introducir el tema.
Sin duda hacer la conexión entre género y corrupción ayudará a desarrollar un mejor entendimiento de las prácticas corruptas e introducir mejores estrategias para luchar contra ellas. También el involucramiento de las mujeres en los esfuerzos anticorrupción puede contribuir a mejorar la rendición de cuentas, contribuir a la construcción de sistemas de integridad y establecer marcos de gobernanza. Es momento, también, de hacer un llamado a transparentar las actividades gubernamentales destinadas a alcanzar la equidad de género.
Verónica Portugal es fundadora de Paideia Cívica y The Women Against Corruption Project. Correo: [email protected]
[1] Son las siglas correspondientes a los grupos de engagement de sociedad civil(C20), trabajo(L20), mujeres(W20) y negocios(B20).
