La semana pasada, Transparencia Internacional (TI) publicó el Barómetro global de la corrupción para América Latina y el Caribe 2019. El informe dio a conocer que 61% de los mexicanos piensa que el gobierno está haciendo un buen trabajo a propósito del combate a la corrupción. Ese mismo día, la Secretaría de la Función Pública difundió un comunicado en el que calificó este resultado como un “histórico salto de la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción con el gobierno de AMLO”. Entonces, ¿qué dice el informe de TI? ¿Qué medidas del actual gobierno fueron tan exitosas y eficientes? ¿Ya acabamos con la corrupción? ¿Es momento de cerrar el blog? Este artículo pretende responder las primeras tres preguntas e ignorar la última por conflicto de intereses.
Sobre la metodología
El Barómetro Global de la Corrupción (BGC) se hace mediante encuestas a más de 17,000 personas de 18 países de América Latina y el Caribe. Los resultados son representativos a nivel nacional y tienen un margen de error de 2.8 puntos porcentuales. El BGC es publicado cada dos años desde 2007, aunque existen ejercicios para la región desde 2003. El tamaño de la muestra para México este año fue de mil encuestas, realizadas por la empresa IPSOS, entre el 26 de febrero y el 9 de marzo de 2019.
México en el barómetro global de la corrupción
La percepción de corrupción en México reporta un notable descenso entre el reporte de 2017 y 2019. Hace dos años, 61% de los mexicanos consideraba que la corrupción estaba aumentando. Este año, 44% de las personas considera que los niveles de corrupción son mayores ahora que hace 12 meses; es decir, que la población con una perspectiva “pesimista” sobre la corrupción en el país se redujo 28%.
Además, las personas que consideran que la corrupción ha disminuido pasó de 6% en 2017 a 21% en 2019. A esto se refiere la Función Pública cuando dice que “la proporción de personas que perciben que la corrupción está disminuyendo en México, casi se cuadruplicó”, aunque lo correcto sería apuntar que casi se triplicó —la proporción entre 6 y 21 es de 0.286. Finalmente, es pertinente señalar un ligero incremento en el número de personas que consideran que se mantiene el mismo nivel de corrupción: pasó de 27% en 2017 a 34% en 2019.
Hasta 2017, México estaba entre los países que reportaban mayores incrementos en la percepción de corrupción. Para 2019, se colocó entre las naciones con una menor proporción de personas que pensaban que la corrupción había aumentado. Junto con México, se encuentran Bahamas, El Salvador y Guatemala. En el otro extremo de la tabla, Venezuela es el país donde las personas consideran un mayor incremento de la corrupción (87%), seguido por República Dominicana, Perú y Trinidad y Tobago. El promedio de la región es de 53%; es decir, la mitad de las personas consultadas en la región considera que hoy hay más corrupción que el año pasado.
El dato más relevante del barómetro para México es el desempeño del gobierno en torno al combate a la corrupción: 61% de las mexicanas considera que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo un buen trabajo en 2019; en 2017, apenas 24% tenía esta misma opinión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al compararlo con el resto de los países, el gobierno mexicano es el segundo mejor evaluado de la región, luego del de Guyana (67%). Destacan los desempeños de Perú y Brasil (52% y 48%, respectivamente), mientras que Venezuela ocupa la última posición (8%). El promedio para la región es de 39%.
El Barómetro cuestiona a las personas encuestadas si le fueron solicitados sobornos para hacer uso de servicios públicos. Las preguntas específicas sobre las experiencias de la ciudadanía permiten galvanizar el etéreo fenómeno de la corrupción en hechos concretos que involucran servidores públicos, marcos legales e instituciones puntuales. Así, es posible detectar aquellos espacios donde la probabilidad de que una decisión pública se convierta en un acto de corrupción es mayor —citando al profesor Robert Klitgaard— y determinar las modificaciones necesarias para disminuir esta probabilidad.
51% de las personas en México reconoció haber pagado un soborno en 2017; para 2019, disminuyó a 34%. Existen dos posibles explicaciones: la primera es que efectivamente los sobornos se redujeron en una tercera parte en los últimos dos años; la segunda es que existe una mayor resistencia por parte de las personas a reconocer que incurrieron en un acto así. En cualquier sentido, se trata de una buena noticia: si menos personas reconocen que han pagado un soborno, aunque sí lo hayan hecho, puede deberse a una mayor intolerancia social a los actos de corrupción. En fechas similares a las de este barómetro, Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) levantaron una encuesta que también reporta esta intolerancia: 79% de las personas consideran que la corrupción no se justifica en ningún caso.
Por otra parte, llama la atención el crecimiento de actos de corrupción reportados para policías y jueces (52% y 35%, respectivamente en 2019). Estos dos actores son centrales en el fortalecimiento del estado de derecho y la percepción de que son muy corruptos puede llevar a la pérdida de confianza social en el gobierno, que llevará a más corrupción, alimentando un círculo vicioso.
Al comparar la tasa de soborno mexicana con los demás países de la región, es posible notar que a pesar de la notable reducción de 2017 a 2019, el país sigue ocupando la segunda posición regional, superada sólo por Venezuela. El promedio de la región es de 21% y el país con la tasa más baja es Costa Rica (7%). Brasil (11%), Chile (13%) y Argentina (13%) están por debajo del promedio.
El éxito del combate a la corrupción en el 2019
El comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) consideró que el resultado del barómetro “constituye uno de los saltos históricos más pronunciados que cualquier país ha experimentado desde que este estudio empezó a realizarse (sic) en 2003”. En efecto, el cambio reportado en las percepciones sobre la corrupción no lo había registrado ningún país en este estudio, aunque es pertinente apuntar que sí lo han reportado otros países en el índice de Percepción de la Corrupción (una medición que involucra a 180 países del mundo) y, normalmente, tales cambios están ligados a la llegada al gobierno de una nueva administración con amplia popularidad.
La mejor explicación para este resultado es que la popularidad del presidente se tradujo en mayor confianza ciudadana para resolver este problema público, identificado por la actual administración y la ciudadanía como central en la agenda nacional. No obstante, resulta innegable que el optimismo reportado es una oportunidad excelente para hacer grandes cambios en el marco institucional y legal de nuestro país para cerrar oportunidades de corrupción en el futuro: la encuesta de Reforma y MCCI reporta que una de cada dos personas considera que la corrupción se reducirá en los próximos 12 meses.
El comunicado de la SFP cita a su titular, la Irma Eréndira Sandoval: “los avances son resultado de un trabajo honesto, transparente y efectivo para acabar con este mal que tanto daño ha hecho a nuestro país”, y se congratuló por el impacto que han tenido los esfuerzos de la Función Pública. El tono de la comunicación oficial sugiere que los resultados reportados por México se deben a las acciones emprendidas por la actual administración. Existen por lo menos tres razones para reconsiderar ese argumento.
La primera es que medir la corrupción mediante percepciones, aunque eficiente para hacer comparaciones entre países y en el tiempo, no está describiendo por completo la realidad del fenómeno. Esa percepción puede ser afectada no sólo por el fenómeno (si aumenta o disminuye), sino también por otros factores como la popularidad del gobierno, un escándalo de corrupción reciente o una experiencia personal (aquí discutimos estos riesgos).
La segunda razón radica en el periodo en el que fue levantada la encuesta. Para principios de marzo, la actual administración llevaba menos de 100 días. En esas fechas, no había sido publicado el Plan Nacional de Desarrollo ni el Programa Nacional de Combate a la Corrupción, por lo que el gobierno no había ni siquiera hecho públicas sus principales estrategias para combatir la corrupción. Es más probable que la confianza ciudadana expresada en el barómetro refleje una elevada expectativa sobre las medidas que tomará este gobierno para reducir la corrupción, que una reducción efectiva del fenómeno. Para el 9 de marzo, no parece haber transcurrido tiempo suficiente para que alguna medida gubernamental tuviera un efecto medible.
Lo anterior no quiere decir que no sirvan las medidas anunciadas por la SFP. La decisión de transparentar la nómina del gobierno federal, el programa de protección a alertadores y las sanciones a funcionarios públicos apuntan en la dirección correcta, pero aún es muy pronto para cantar victoria.
La tercera razón es que no todos los números del reporte van en sintonía con lo declarado por el comunicado de que “[c]on el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México destaca como una excepción para América Latina en materia de confianza ciudadana, por encima de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú”: Una de cada dos personas en México dijo que le ofrecieron sobornos a cambio de su voto en los últimos 5 años (50%). México ocupa el primer lugar en esta medición en la región, aún por encima de Venezuela (46%) y al menos del doble del promedio regional (25%).
Por su parte, una de cada cinco personas en México reporta que le fue solicitada a sí misma o a alguien conocido un favor sexual a cambio de realizar un trámite público; el reporte reconoce este fenómeno como sextortion o extorsión sexual. El promedio en la región es de 10% y el caso más alarmante es Barbados con 30% de las personas.
Finalmente, 63% de las personas en México señala corrupción en el presidente o su equipo de trabajo. Este porcentaje es mayor que el 51% reportado en 2017. Muchos encuestados pueden estar reportando su percepción sobre el presidente Peña Nieto y sus principales colaboradores, pero también debe considerarse que algunas personas podrían considerar, que si bien el presidente es honesto como lo respaldan todas las encuestas publicadas en estos meses, esa misma confianza no se transmite a sus principales colaboradores o, al menos, no a todos.
Concentrarse en lo que sigue
La encuesta realizada por Transparencia Internacional demuestra que la sociedad mexicana está optimista frente al problema de la corrupción. Lo cierto es que es la primera vez en muchos años que la mitad de las personas en México considera que el fenómeno de la corrupción disminuirá en el corto plazo (el siguiente año). El gobierno federal contaría con un gran respaldo social para poner en marcha programas que puedan disminuir estos actos.
Para lograr este objetivo, es importante considerar que la corrupción se trata de oportunidades, redes y reglas del juego más que de individuos buenos y malos. También, hay que estar prevenidos de que una victoria cantada con anticipación puede resultar contraproducente para este esfuerzo. No seríamos el primer país en tropezar con esa piedra.
Ricardo Alvarado (@ricalvan) es miembro de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y editor de este blog.
