El martes 26 de noviembre se presentó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura. Sentados en el público había 112 invitados, entre los cuales se encontraban los empresarios más poderosos en el país: Carlos Slim, Javier Treviño, Jorge Carlos Azcárraga, Nathan Poplawsky, Rafael Lang Uriarte y un centenar más. También estuvieron presentes los representantes de agrupaciones empresariales como Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), y Carlos Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). A un día de las polémicas y necesarias marchas feministas, brilló por su ausencia la representación femenina dentro del empresariado. Contando a reporteras y funcionarias, había sólo 11 mujeres en el público.
En la presentación, el presidente López Obrador dijo acertadamente que la inversión privada en México era cercana al 80% del total y que la inversión pública era sólo el capital semilla para detonar el crecimiento; eso sí, en coordinación con el sector privado. Es decir, el crecimiento económico, señores empresarios (señores y no señoras por las razones expuestas), es responsabilidad de ustedes, según el presidente, pues son ustedes quienes representan la mayor parte de la inversión. No es la primera vez que este gobierno apunta la responsabilidad de los empresarios, pero sí la primera vez que lo hace con ellos sentados enfrente.
Tampoco es ocioso que se ilumine la responsabilidad del sector privado en su colaboración y contacto con el gobierno mismo. Con indicadores económicos que apuntan un crecimiento del 0.0% para el cierre de 2019, y a casi un año del inicio de esta administración, el gobierno ha adoptado medidas anticorrupción con ánimo de inhibir y sancionar ejemplarmente a quienes, desde el sector privado, son copartícipes de la gran corrupción. Sin embargo, la trampa (producto de esta lamentable realidad nacional) consiste que la impunidad es casi absoluta (97 de cada 100 delitos permanecen impunes según datos del INEGI) y, por lo tanto, amenazar con incrementar los castigos (como ir a la cárcel, ser acusado de delincuencia organizada o congelar las cuentas bancarias del inculpado) sólo encarece el monto del soborno y no desinhibe la comisión de actos de corrupción; lo que genera nuevas inequidades, pero ésa es otra historia.
Regresando a la corresponsabilidad empresarial en una serie de problemas nacionales, un día antes del anuncio presidencial, Antonio del Valle (CMN) decía frente a un público compuesto por encargados de salvaguardar la integridad corporativa de las empresas más grandes de México, que los empresarios están muy cómodos quejándose de la falta de cumplimiento de las leyes cuando ellos las violan: desde el registro de placas de sus vehículos en otros estados para evadir el pago de la tenencia, hasta la evasión reiterada del impuesto al valor agregado en sus negocios. En ese mismo evento, Carlos Salazar (CCE) destacaba que por cada acto de corrupción en el gobierno hay -por lo menos- un socio en el sector privado. Ambos representantes del sector privado, Del Valle y Salazar, así como el presidente López Obrador tienen razón: al igual que la gran inversión, la gran corrupción es corresponsabilidad de los empresarios. Por cada gran escándalo de corrupción de políticos y funcionarios, hay muchos actores privados involucrados: notarios, litigantes, empresarios, prestanombres.
En algo, sin embargo, la cúpula empresarial se equivoca: los incentivos que impone el compromiso empresarial y el mercado no son suficientes. Durante el encuentro con las 500 empresas más grandes, se decía que cotizar en la bolsa promovía mayor transparencia y adhesión al compromiso anticorrupción. Sin embargo, los mecanismos del mercado por sí mismos no son suficientes para que las grandes empresas se sujeten a las mejores prácticas. La evidencia indica que la presencia trasnacional de las empresas —y por consiguiente, la sujeción a controles internacionales de cumplimiento— mejora la calidad de las políticas de integridad de las empresas en mucho mayor medida. Es decir: no basta el compromiso, se requiere la presencia del Estado.
Según datos del índice de Integridad Corporativa 500 —que mide la existencia de políticas de integridad en las empresas más grandes de México— el puntaje promedio de las grandes empresas multinacionales en México es de 82 puntos sobre cien, mientras que de aquellas que cotizan en la bolsa de valores es de 59 puntos sobre cien, apenas dos puntos por encima del puntaje promedio de todas empresas revisadas en 2019 (57 puntos).
Tabla 1. Puntaje promedio recibido por las empresas en IC500.
| Puntaje 2019 en Integridad Corporativa 500 | Presencia multinacional | Presencia nacional exclusivamente |
| Cotizan en Bolsa | 82.6 puntos / 100 | |
| No cotiza en Bolsa | 42.8 puntos / 100 |
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Integridad Corporativa 500, edición 2019.
El gobierno ha mandado una señal de alerta en México: si las empresas siguen promoviendo la corrupción habrá detenidos, encarcelados, cuentas y activos congelados y será difícil deshacerse de las acusaciones. Ahora toca exigir que la amenaza se cumpla como en otras latitudes (Gran Bretaña, Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, por citar algunas regulaciones que las grandes empresas respetan y acatan con mayor frecuencia). No basta con que el sector privado anuncie alianzas y haga compromisos públicos anticorrupción, sino que actúe en consecuencia bajo la supervisión minuciosa de un Estado fuerte, confiable, democrático, liberal.
Siete de cada diez mexicanos creen que la mayor corrupción se encuentra en el gobierno, pero pierden de vista la magnitud de la responsabilidad del sector privado. Sólo en el caso denominado la Estafa Maestra, once dependencias federales estuvieron involucradas en el desvío de más de siete mil millones de pesos en dos años. A la par, 186 empresas —algunas fantasma, otras factureras— fueron parte del esquema, defraudando a los mexicanos más pobres, quienes no recibieron los apoyos a los que tenían derecho.
Es momento de voltear a ver al sector privado, sobre todo a los directivos y dueños de estas grandes empresas con presencia en México. En especial, es momento de voltear a ver al sector de la construcción —que según la OCDE y el INEGI es uno de los más propensos a la corrupción—, que son mayormente quienes acompañaron al presidente en la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura. Es tiempo de cambiar las reglas del juego y responsabilizar a las empresas de su rol en la lucha anticorrupción, y de exigir al gobierno un alto a la colusión y a la impunidad.
Para visitar el reporte completo de Integridad Corporativa 500 edición 2019, da click aquí.
Sofía Ramírez Aguilar (@Sofia_RamirezA) es analista política, investigadora y directora adjunta de la unidad de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
