Ilustración: Víctor Solís

Quintana Roo se destacó en la última administración por sus sofisticados sistemas de desfalco al erario y a la sociedad. La mayor fama que alcanzó Roberto Borge ha sido por los niveles de impunidad y corrupción que se Vivian en el estado, por la cooptación de la prensa, que no solo incluyó millones en pagos, pero ejemplos increíbles como la clonación de revistas de luces del siglo, que colocaron nuestra realidad a nivel de novela surrealista.

La implementación del Sistema Estatal (SEA) va retrasado en relación con muchos estados del país, sin embargo, no deja de ser un logro para el estado estar a un mes de la instalación pública del SEA completo. Quintana Roo en los dos últimos años ha estado saliendo de una de las administraciones más corruptas del país, con una transición todavía compleja que ha detonado una gran cantidad de violencia y está a punto de entrar a otro proceso electoral que puede golpear la precaria estabilidad del estado y esperanza de los ciudadanos. La coyuntura electoral en 2016 retrasó todos los trabajos de armonización de las leyes del SEA. El estado vivió su más crítica crisis política que terminó en la alternancia de partidos. En un intento desesperado por proteger a los suyos, la XIV legislatura realizó un paquete de reformas y nombramientos que aseguraban tapaderas para cubrir los saqueos.

Antes de irse y en ocasiones bajo resguardo de la gendarmería, se ratificó la presidencia del Instituto de Acceso a la Información, se nombraron magistrados, uno de ellos el mismo que redactó los documentos jurídicos conocidos como el paquete de impunidad, se entregaron notarias como quesadillas, se aprobaron leyes ´anticorrupción´, se aprobó nueva deuda y se consolidó un paquete de protección para las administraciones pasadas y sus miembros.

Revertir este paquete fue prioridad para la XV legislatura, así como los procesos de entrega recepción y aprobación de cuentas municipales. Durante ese periodo la armonización del SEA pasó a segundo plano, ya que medir el tamaño el boquete y prevenir el colapsó del estado era inminente.

Fue hasta el 15 de diciembre del 2016 cuando se instaló la comisión de anticorrupción y a partir de ahí se tuvieron trabajos aislados con sociedad civil, con apertura por parte de los integrantes de la comisión, pero sin una metodología que permitiera saber que pasaba con las propuestas ciudadanas. Las leyes modelo emitidas en el seno de la CONAGO y con apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales sirvieron de excusa para prevenir muchas discusiones locales. Así mismo, el pretexto de que se podría emitir un recurso de inconstitucionalidad evitó que el dialogo fuera profundo.

[email protected] por la Transparencia junto con la legislatura convocaron a un taller de Parlamento Abierto impartido por Fundar, donde participaron también asociaciones locales como el Observatorio Legislativo de Quintana Roo y Coparmex Chetumal.

La legislatura hizo un esfuerzo por implementar procesos de parlamento abierto, creo un micrositio, subió la información y convocó varias veces a la ciudadanía, sin embargo, no hubo una sistematización estructurada de las inquietudes. Aunque algunas fueron mencionadas en los trabajos previos a la aprobación en pleno, faltaron reuniones de trabajo para revisar los dictámenes antes de su aprobación.

La última ley que la ciudadanía demandaba se trabajara como parte de las leyes anticorrupción era la de participación ciudadana, ya que, en lo local, ésta permitiría una incidencia real en la creación de las políticas públicas y decisiones que afectan directamente nuestras vidas, así como su monitoreo para prevenir las fugas de recursos. Sin embargo, no se incluyó y se discutió al vapor en abril, sin incluir temas fundamentales para prevenir la corrupción local, como la apertura total del cabildo.

Detonar una consulta en lo municipal es crucial para la prevención de abusos, por ejemplo, el manejo del suelo, que para Quintana Roo es importantísimo debido a la crisis medio ambiental que vive el planeta y que ahí es donde se mueven los billetes grandes por el valor de la tierra en un estado que atrae inversiones millonarias. Así mismo, aun señalando la importancia de simplificar los procesos, la legislatura optó por poner candados, para que la sociedad lleve temas a la agenda pública, con requisitos que la tecnología podría sustituir fácilmente.

La premura en esta última ley tiene que ver con la necesidad de destrabar de una forma legitima el conflicto entre taxistas y plataformas que ofrecen el servicio, y no la necesidad de promover espacios de participación ciudadana que permitan la reducción de la corrupción. Lo que explica la falta de interés de ir a profundidad para mejorar nuestro sistema democrático y fomentar realmente la apertura gubernamental y parlamentaria.

Así mismo, no hubo rendición de cuentas de las decisiones de lo que sí se incluyó o no en la ley. Estos ejercicios son fundamentales para prevenir la frustración y después apatía de sociedad civil, ya que al final, la sensación de simulación está presente en los participantes. Porque no ven sus propuestas reflejadas, las cuales realizan a marchas forzadas y con tiempos limitados pues no se nos avisa con tiempo y es necesario tomarse tiempos laborales para participar.

Más allá de los cambios que podrían haber tenido las leyes, lo que se perdió en la armonización del SEA fue la posibilidad de socializar el tema con mayor número de actores, permitiendo así que el proceso de creación y negociación de las leyes, o sea, las reglas del juego con las que vivimos se convirtiesen en un ejercicio colectivo de aprendizaje y consenso y no sólo un documento que para la mayoría es ajeno.

En las leyes, quitar la prerrogativa de nombramientos por parte del estado fue algo que no se incluyó, a pesar de la solicitud de la sociedad civil organizada. Se pidió que fuera el CPC o la comisión de selección quienes diseñaran los procesos de selección de miembros del SEA, como los magistrados, la fiscal anticorrupción y el auditor. Como resultado de esta omisión, cada uno de los nombramientos ha sido denunciado por su falta de apertura o transparencia en el proceso, esto aunado a que algunos miembros del sistema fueron parte de las administraciones anteriores deja una preocupación sobre la integración del SEA.

También preocupa la simulación y no la adopción del espíritu del sistema por parte de las autoridades, algunos parecen insensibles a la necesidad de cambio. Por ejemplo, la elección de la fiscal se hizo en tiempos mucho menores a los que previa la ley y sin socializar a los contendientes. Una abogada postulada por varias fracciones parlamentarias no llegó a la terna del gobernador sin explicación a la sociedad. Se eligió a quien fuese vicefiscal del actual fiscal poniendo en duda su autonomía.

Si bien, los designados no son necesariamente malos perfiles o no están necesariamente cuarteada su integridad, la falta de compromiso en modificar los procesos para asegurar trasparencia y apertura no ayudan ni remotamente a cambiar la percepción de corrupción. La forma, a veces, también es fondo.

En cambio, la comisión de selección mostró una voluntad muy grande de abrir la convocatoria a todos los municipios, visitando todos, con una extensa difusión en medios y participación en asociaciones y grupos de interés para fomentar la inscripción, con ello lograron cuarenta personas de las cuales, quince fueron entrevistadas y cinco seleccionadas en votación ante medios de comunicación y los postulantes que asistieron.

La misma comisión también gestionó una partida en la ley de egresos de seis millones de pesos, pensados, sobre todo, en la cobertura de honorarios y costos de arranque, como página web, viáticos, ya que los integrantes son de diferentes regiones del estado y estará por verse si se entrega el recurso y si se puede ampliar para cubrir las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.

El CPC conformado por dos mujeres y tres hombres apenas arrancó labores hace dos días y está a la expectativa de la apertura que existirá con esta administración. Uno de los grandes retos será establecer el dialogo, entre nosotros, con las autoridades y con miembros de sociedad civil. El comité coordinador tiene perfiles fuertes también, algunos de ellos que han mostrado voluntad de trabajar con la ciudadanía y que podrían ser grandes aliados para asegurar un buen arranque.

Quintan Roo además está construyendo una sociedad, tenemos menos de 50 años, pero estamos confiados en que la sociedad civil nos apoyará y este puede ser uno de los pilares que construya nuestra identidad como estado. Creemos que entre todas y todos podremos recuperar nuestras instituciones, que juntxs podemos transformar nuestra forma de relacionarnos para convertirnos en un país donde la honestidad y sentido de comunidad nos regrese el derecho a soñar y construir esos sueños sin que nos roben los recursos en el camino.

 

Cynthia Dehesa. Directora de [email protected] por la Transparencia y ahora miembro del CPC QROO