Ilustración de Estelí Meza, cortesía de Nexos.

 

“Guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa común y restauremos, por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos, la transparencia de esta comarca emanada del agua”.

– Prólogo de la Constitución Política de la Ciudad de México

El pasado 17 de septiembre entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México. A pesar de sus pretensiones progresistas, es considerada por distintos especialistas como una ficción jurídica. Su texto y los derechos que consagra son ficticios porque se encuentran extremadamente alejados de la realidad. Esto se debe, en parte, a que la Constitución local consagra múltiples derechos, pero olvida crear los órganos y los arreglos institucionales capaces de garantizarlos. Sin embargo, la distancia entre las personas y sus derechos alcanza extremos absurdos en materia de transparencia y acceso a la información.

La ironía es un poco más que descarada. Por un lado, el prólogo de la Constitución local declama un poema (citado anteriormente), en el que convoca a toda la ciudadanía, incluyendo a los funcionarios públicos, a trabajar por una ciudad transparente. Por otro lado, de las 32 entidades federativas, la Ciudad de México es la única que no cuenta con un instituto local de transparencia que garantice el derecho de acceder a la información pública.

Para asegurar la transparencia gubernamental, en el 2015 reformamos la Constitución para proteger este derecho mediante institutos locales y uno nacional, con plena autonomía e independencia. Así, quedo asegurado que la transparencia en el gobierno no esté sujeta a la voluntad de cada actor político, sino que sea impuesta por organismos y controles externos

En esta lógica, según la ley de transparencia de la CDMX, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México debía designar a los Comisionados que componen el Pleno del InfoCDMX antes del 31 de marzo del 2018. Sin embargo, los diputados y diputadas de la Asamblea no han nombrado a ninguno de los siete Comisionados, ni siquiera al Comisionado Presidente, dejando acéfalo y sin órgano ejecutivo al instituto local, lo cual viola el derecho humano de acceso a la información de millones de ciudadanos.

El acceso a la información pública es fundamental en una democracia constitucional y nos permite lograr múltiples principios sociales y derechos individuales. Cuando podemos acceder a la información del gobierno, vigilamos más de cerca al poder y obligamos a los gobernantes a que rindan cuentas ante nosotros, limitando así sus arbitrariedades. Además, con más información disponible aumenta la calidad de la deliberación pública y, por lo tanto, nuestra democracia mejora. En el aspecto individual, el acceso a la información nos permite disfrutar y ejercer al máximo nuestra libertad de pensamiento y de expresión “en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones”.[1] De lo contrario, las autoridades pueden ocultarnos lo que no quieren que sepamos, coartando así nuestra libertad de pensamiento[2] y, a su vez, limitando nuestra libertad de expresión, al no poder opinar ni criticar aquello que no conocemos

Para que los derechos de papel se conviertan en derechos auténticos, nuestro ordenamiento jurídico impone una gama de obligaciones a las autoridades y a las personas que reciben y ejercen recursos públicos para que abran su información. Así, cualquier persona (tú también, lector o lectora) puede solicitar información a las autoridades sobre sus estados financieros, los contratos que han celebrado para gastar dinero público y el salario que ganan sus funcionarios, entre otros, mediante la plataforma nacional de transparencia.[3]

A pesar de esta posibilidad, las autoridades suelen clasificar sus documentos como reservados o confidenciales (aunque no sea el caso en que pueden hacerlo) para encubrir actividades ilícitas o actos de corrupción. Ante tal situación, el solicitante puede pedir al Pleno del InfoCDMX, mediante un recurso de revisión, que se revoque la clasificación que hizo la autoridad.

Y es aquí donde los ciudadanos de la CDMX, a pesar de nuestra aclamada autonomía política y nuestra novedosa Constitución local, todavía somos tratados como ciudadanos de segunda. Vivimos en la única entidad federativa en la que no existe un órgano que pueda resolver estos recursos, dejando las puertas abiertas para que cualquier autoridad de nuestra “transparente comarca emanada del agua” oculté sus documentos y encubra su corrupción.

¿Cómo se siente la violación del derecho a la información en la vida cotidiana? En la investigación ¿Por qué se cayó mi edificio? de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se realizaron alrededor de 800 solicitudes de información sobre los edificios dañados o colapsados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. La investigación documentó que distintas delegaciones negaron la información —alegando que es reservada o confidencial— por una sencilla razón: los edificios no se cayeron por el sismo, sino por la corrupción inmobiliaria que corroe nuestro hábitat. La Delegación Gustavo A. Madero, por ejemplo, se niega a entregar los documentos de tres edificios dañados en la calle Coquimbo, uno de los cuales colapsó y mató a nueve personas. Lo más probable es que detrás de la opacidad de las autoridades de la Madero se encuentre una red de corrupción inmobiliaria, que hace lo posible por no rendir cuentas ante la ciudadanía.

La ausencia de Comisionados del InfoCDMX afecta nuestros derechos ininterrumpidamente, seamos conscientes de ello o no. El derecho a la información, como derecho humano positivo —que requiere de una actividad del Estado, más que una abstención (derecho negativo)— sólo puede materializarse con una labor intensa y constante para registrar cada actividad del gobierno, digitalizar documentos, generar terabytes de información, etc. Así, es posible pensar que no estamos ante una simple ineficacia de las políticas gubernamentales, sino ante una pasividad absoluta, sin nadie que implemente las más de 64 funciones asignadas al InfoCDMX en el artículo 53 de la Ley local – entre otras tantas funciones previstas en el resto de la Ley. Los derechos, sin instituciones que los aseguren y acompañen, se quedan en meras declaraciones. En el contexto actual, las autoridades no sólo omiten cumplir sus obligaciones, sino que actúan en la opacidad que arbitrariamente les conviene, haciendo caso omiso del principio de progresividad de los derechos humanos[4] que ordena nuestra Constitución.

Debido a lo anterior, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) de MCCI promovió un amparo (A.I. 519/2018) en contra de la omisión de la ALCDMX, entre otras autoridades. La sentencia, emitida el mismo 17 de septiembre que entró en vigor la Constitución local, por la Jueza Séptima de Distrito de la CDMX, determinó que los legisladores locales efectivamente violan el derecho humano de acceso a la información al no designar a los Comisionados en tiempo, incumpliendo así sus obligaciones legales y constitucionales. En consecuencia, la Jueza ordenó a la ALCDMX designar a los Comisionados cuanto antes, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley.

Hasta que la Asamblea no cumpla con sus obligaciones, se seguirá violando el derecho de millones de personas que habitan esta ciudad; la transparencia estará sujeta a la voluntad y conveniencia de cada actor político, sin controles independientes y externos; el gobierno seguirá sin ser del pueblo, sino de quienes se benefician de la corrupción, aun a costa nuestros hogares y nuestra vida; y la democracia seguirá siendo un ideal por consolidar. Hoy, la Constitución de la Ciudad de México no es “la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática”, sino una aspiración mal lograda en la que todavía debemos prolongar nuestra “resistencia histórica contra la opresión”.[5] La lucha contra la corrupción y la impunidad continúa.


Miguel Alfonso Meza es abogado del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) que forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Twitter: @Miguelmezac

[1] Tesis P./J. 54/2008, publicada en el Seminario Judicial de la Federación en abril de 2008, Tomo XXVII, página 1563.

[2]Convención Americana Sobre Derechos HumanosArtículo 13. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. “1. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […]”.

[3] Si te interesa utilizar esta herramienta, te recomiendo consultar el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahí está previsto todo lo que las autoridades deben publicar en sus páginas de internet. Sin embargo, si esta información no se encuentra publicada, tienes dos alternativas: i) pedirla mediante una solicitud de acceso a la información, o ii) denunciar el incumplimiento de la autoridad ante el Instituto de transparencia local (aunque en este momento no haya Pleno que resuelva, cuando este se instale debería resolver la denuncia que presentes).

[4]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Artículo 1o. […] “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad […]”.

[5] Fragmentos tomados, también, del irónico prólogo de la Constitución de la CDMX.