Ilustración de Víctor Solís, cortesía de Nexos.

La propuesta de austeridad presentada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador impulsa un recorte importante a los sueldos de los altos funcionarios del gobierno. En respuesta, múltiples editorialistas del país argumentan que la medida aumentaría la corrupción por dos razones: la primera establece que los funcionarios deciden entre trabajar en el sector privado por un mayor sueldo o en el sector público, por lo que una reducción de sus ingresos incentivaría que generalmente lleguen a los altos puestos funcionarios menos preparados o más predispuestos a cometer actos de corrupción; la segunda razón defiende que los funcionarios tendrían mayores incentivos económicos y morales para obtener la diferencia entre su valor en el mercado y el sueldo que reciben por medios ilegales.

El argumento en contra de la política es intuitivo, aumentar o mantener sueldos altos reduce la corrupción porque disminuye el incentivo de los servidores públicos de extraer ingresos de forma ilegal tanto por la satisfacción que crea un mayor ingreso como por el incremento en el costo de tomar el riesgo de cometer actos de corrupción. Para entender los argumentos es importante asumir que los individuos actúan de forma racional, es decir, que miden sus acciones mediante un cálculo intuitivo que toma en cuenta el riesgo y el beneficio de sus acciones. Analicemos entonces la teoría atrás de esta lógica.

En primer lugar, los sueldos altos incrementan el costo de la corrupción puesto que el costo del riesgo de perder un trabajo bien pagado a causa de cometer un acto ilegal es mayor que en un trabajo con un ingreso insuficiente (Becker and Stigler, 1974). Prefieres no arriesgarte a perder un trabajo que te genera una buena calidad de vida, a comparación del riesgo de perder un puesto que consideras que tiene un sueldo menor a tu valor en el mercado laboral.

Después, aunque el beneficio de cometer actos de corrupción y extraer recursos ilegalmente sea mucho mayor que el riesgo de ser atrapado, el costo moral es más grande cuando el puesto tiene un mejor ingreso. Esto es porque el ingreso representa también el prestigio o valor social que tiene el puesto; es decir, un mayor ingreso no sólo representa el beneficio material del trabajo sino también el valor social de éste y de la persona que lo ejerce (Van Rijckeghem and Weder, 2001). Por esta razón, el funcionario público percibe una mayor responsabilidad mientras el prestigio que señala el ingreso del puesto sea más alto, al igual que siente más costoso cometer actos que arriesguen el valor social que el puesto comparte con su persona. Además, la atención que reciben los funcionarios por parte de la sociedad es mayor cuando sus puestos representan un mayor costo al erario al igual que un mayor prestigio. Es posible que se reduzca la corrupción más con ingresos altos mediante el incremento en la vigilancia y protesta que presentan los medios, empresarios y ciudadanos (Van Rijckeghem and Weder, 2001).

En contraste, es posible que un ingreso alto no tenga relación con el nivel de corrupción siempre que los funcionarios obtengan un ingreso suficiente para su subsistencia y un nivel de vida decente. Para entender el argumento que defiende este postulado hay que dividir los actos de corrupción entre dos tipos: la corrupción a pequeña escala (petty corruption), que se refiere a sobornos y favores entre funcionarios públicos; y la corrupción a gran escala (grand corruption), que se define como la colusión a gran escala entre funcionarios, altos niveles del gobierno y el sector privado, por ejemplo, los escándalos relacionados con Odebrecht (Labelle, 2013). En países en vías de desarrollo como México, las instituciones suelen ser ineficientes persiguiendo y castigando actos de corrupción por lo que, sin importar el nivel de paga, los funcionarios no enfrentan un riesgo real de cometerlos. Además, la corrupción a gran escala genera beneficios e incentivos mucho mayores que cualquier comparación con el ingreso que recibe un funcionario público. No existe un contrapeso real; al contrario, un mayor salario les daría a los funcionarios públicos un margen de maniobra mayor para sobornar a otros funcionarios en niveles más bajos.

Las investigaciones empíricas han presentado diferentes conclusiones del tema a través de los años. Inicialmente, la literatura afirmó una relación modesta pero significativa entre los sueldos de la clase política en relación con el producto interno bruto per cápita del país,[i] donde un incremento en el ingreso de los funcionarios compartía un menor nivel de corrupción (Panizza et al, 2001; Van Rijckeghem and Weder, 2001). Sin embargo, análisis posteriores demostraron que las relaciones encontradas no eran suficientemente robustas, y que estadísticamente no existe una relación entre los ingresos de los funcionarios públicos y la percepción de corrupción en un país (Treisman 2008). Igualmente, a nivel subnacional, la investigación de Alt y Lassen no encontró una correlación entre los sueldos relativos de los empleados locales y estatales de los Estados Unidos y la corrupción percibida y reportada en cada estado (Alt y Lassen, 2008).

En un análisis más profundo, Lê Văn Hà —de la Universidad de Groningen— hace una comparación de los sueldos a nivel microeconómico de los empleados de gobierno de múltiples países a través de los años, con los datos reportados tanto por los gobiernos como por los organismos internacionales con el fin de compararlos con la corrupción percibida por los empresarios de los países y con el nivel de corrupción presentado por organismos internacionales (Van Ha, 2014). El análisis estadístico muestra que cuando un país tiene un PIB per cápita medido a poder de paridad de compra (cuánto se puede comprar con cada dólar) menor a 8 mil dólares, los salarios más altos significan un menor nivel de corrupción (Gráfica 1). Esta conclusión es válida hasta los 10 mil dólares cuando se compara con el índice de percepción de corrupción por empresarios.

Gráfica 1. Efecto marginal de salarios en los niveles de corrupción

A un nivel de confianza de 95%, por cada uno por ciento que aumenten los salarios, decrece la corrupción por 0.35% en los países con un PIB per cápita menor a 8,842 dólares medidos a poder de paridad de compra.

Un nivel mayor de ingreso no sólo no refleja una relación significativa, sino que en países con un PIB per cápita mayor a veinte mil dólares encuentra una relación opuesta. Un mayor ingreso incrementa sutilmente los niveles de corrupción. El argumento que explica este fenómeno expande la idea de cómo un mayor ingreso permite a los funcionarios gastar para sobornar a funcionarios de niveles más bajos para que faciliten actos de corrupción de gran escala. De igual forma, afirma que puestos de mayor ingreso en países con instituciones judiciales ineficientes atraen a personas con mayor propensión de cometer actos de corrupción dado que el ingreso más el bajo costo de ser atrapado generan un beneficio doble (Ibid, 2014).

En paridad de poder adquisitivo, el PIB per cápita de nuestro país se acerca a los veinte mil dólares, por lo que según el análisis de Le Van Ha no debería existir una relación entre un aumento o reducción marginal en los ingresos de los funcionarios públicos y la corrupción. Asimismo, en comparación con el PIB per cápita nacional,[ii] México comparte con Colombia los primeros dos lugares en ingresos más altos para funcionarios públicos al igual que en percepción de la corrupción dentro de la OCDE (Gráfica 2).

Gráfica 2. Ingreso de funcionarios de alto nivel en países miembro de la OCDE

La política propuesta por el presidente electo se enfoca únicamente en los funcionarios con mayores ingresos, por lo que es difícil establecer que una reducción de ingresos represente mayores incentivos para cometer actos de corrupción. La literatura revisada afirma que en países de ingreso medio y alto es el riesgo de ser castigado por instituciones fuertes, en lugar de los salarios, el verdadero incentivo para evitar la corrupción.


Carlos Ortega Patrón. Estudiante de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pasante en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Twitter: @carlosortegap

Bibliografía

Becker, Gary S., y George J. Stigler. “Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers.” The Journal of Legal Studies 3, n. 1 (1974): 1-18.

Van Rijckeghem, C., y Weder, B. “Bureaucratic corruption and the rate of temptation: Do wages in the civil service affect corruption, and by how much?” Journal of Development Economics n. 65, (2001): 307-331.

Haguette Labelle. “International Development: Ideas, Experience and Prospects: Corruption” Oxford University Press, Bruce Currie-Alder, Ravi Kanbur, David M. Malone y Rohinton Medhora. (2014): Capítulo 14.

Panizza, Ugo, Rafael Di Tella, y Caroline Van Rijckeghem. “Public Sector Wages and Bureaucratic Quality: Evidence from Latin America [with Comments].” Economía 2, no. 1 (2001): 97-151.

Le, Van Ha. “Wage differentials and government corruption.” Groningen: University of Groningen, SOM research school. (2014).

Alt, James., y Lassen,

[i] El producto interno bruto es la medida que establece el valor de todos los servicios y productos que crea la economía de un país al año. El producto interno bruto per cápita se refiere a cuánto tendría cada ciudadano si estos ingresos fueran distribuidos igualmente entre todos.

[ii] La comparación se refiere a cuántas veces gana en promedio un funcionario público en comparación con el PIB per cápita nacional.