Ilustración de David Peón, cortesía de Nexos.

¿Sabes quién es Marcos Even Torres? Es el fiscal especializado en el combate a la corrupción de Veracruz. Sí, el mismo Veracruz de los escándalos de corrupción, el del exgobernador Javier Duarte y sus 90 propiedades. Un estado con una urgente necesidad de atacar la corrupción tiene al fin un fiscal especializado desde el 24 de julio. Sin embargo, vale la pena detenerse en conocer cómo fue nombrado este fiscal. Resulta que en Veracruz el artículo 67 de la constitución local dice que se tiene que abrir una convocatoria pública para elegir al fiscal y que Marcos Even Torres quedó en la terna que fue votada en el congreso el pasado 24 de julio. De acuerdo con la constitución veracruzana el fiscal anticorrupción tiene que ser votado por mayoría calificada (dos terceras partes de los 50 diputados) para que ser nombrado, pero Marcos Even Torres logró únicamente 27 votos. Aún así, tras varias volteretas en el congreso, mediante un dictamen que, dicho sea de paso, no está disponible en internet, Torres fue nombrado el nuevo fiscal anticorrupción.

Ahora, ¿esto por qué te debería de importar a ti? Primero, porque es probablemente un nombramiento inconstitucional y a modo. Segundo, porque el fiscal anticorrupción de Veracruz, así como el de todas las otras entidades, es una parte esencial de un gran entramado que se llama Sistema Nacional Anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción es una propuesta sin precedente en el mundo para el combate a la corrupción, cuyo elemento clave es la coordinación. La apuesta hecha hace tres años, con la reforma constitucional, fue mantener a las instituciones ya existentes del Estado mexicano para combatir la corrupción y hacer que trabajen juntas, en lugar de crear una agencia anticorrupción. Así, forman parte de este sistema el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). A estos órganos se les suma una representación de la ciudadanía, mediante un consejo integrado por cinco ciudadanos: el Consejo de Participación Ciudadana.

A las instituciones mencionadas se agregan 32 sistemas estatales anticorrupción, uno en cada entidad federativa, conformados de manera similar que el nacional.

A más de un año de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la “Ley 3 de 3”, es importante hacer una revisión de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción para reconocer los avances logrados y subrayar los pendientes en cada entidad y a nivel federal. Más allá de descalificar el esfuerzo que se ha hecho, o la falta de avance en últimos meses, podemos aprovechar este momento para retomar los temas pendientes y darle el impulso que necesita.

A más de un año de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, aún faltan aspectos cruciales:

  • Nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  • Propuesta y ratificación de un Fiscal Anticorrupción nacional
  • Instalación de la Plataforma Digital Nacional, incluida en la reforma del SNA
  • Ratificación de la Política Nacional Anticorrupción

El CPC del Sistema Nacional Anticorrupción ya definió una ruta para elaborar la Política Nacional Anticorrupción, la cual definirá un diagnóstico que distinga entre causas, síntomas y consecuencias, y establecerá las prioridades y las herramientas del gobierno para combatir la corrupción. Como parte de esta ruta, fue planteada una consulta ciudadana en línea en la que es posible participar aquí.

Nombramientos

Los nombramientos son probablemente las piezas más urgentes. En específico, el fiscal anticorrupción a nivel nacional es uno de los puntos clave. De su nombramiento depende que entren en vigor las reformas al Código Penal Federal que especifican los nuevos delitos de corrupción. A este se le suman 6 fiscales anticorrupción a nivel local que no han sido nombrados y que urgen de igual manera.

Ahora, los sistemas estatales anticorrupción son mucho más que un fiscal y aún quedan muchos lugares que llenar. Para la puesta en marcha de los sistemas estatales anticorrupción es indispensable tomar al menos cuatro pasos:

  1. Que el Congreso estatal nombre una Comisión de Selección, integrada por residentes de la entidad y provenientes preferentemente de la sociedad civil organizada o la academía.
  2. Que este Consejo de Selección perfile a un grupo de cinco personas para conformar el Comité de Participación Ciudadana.
  3. Que el CPC sea instalado.
  4. Que el CPC apruebe la designación del Secretario Técnico, quien es el director de la Secretaría Ejecutiva, el cuerpo burocrático del que echará mano el sistema anticorrupción para hacer estudios, realizar mediciones y presentar recomendaciones.

Al revisar el avance de las entidades, vemos que 28 de las 32 entidades han designado un Comité de Selección. Están pendientes Campeche, Chiapas y la Ciudad de México. Tlaxcala merece una mención especial: su legislación prevé que sean los diputados locales directamente los que nombren a los integrantes del CPC. Además, 26 entidades ya cuentan con los nombramientos de los CPC. Además, de estas entidades, 18 ya han designado un Secretario Técnico.

Leyes de los Sistemas Estatales Anticorrupción

Queda entonces por revisar qué se ha hecho en términos de legislación. Para cada sistema anticorrupción local, era necesario hacer una reforma a la constitución del estado y publicar siete leyes secundarias. Todas las reformas constitucionales ya fueron hechas; Chihuahua fue el último estado en publicar la suya el 30 de agosto de 2017.

Las leyes secundarias, sin embargo, son otra historia. Varios estados todavía tienen camino que andar; no hay homogeneidad en la reforma de las leyes locales. En promedio, cada estado ha realizado 6.5 reformas y 21 entidades han hecho las 7 reformas necesarias. Las entidades más atrasadas son Nuevo León, con 3 de las 7 leyes modificadas; Chihuahua, con 4, y Guanajuato, con 5. Las reformas al Código Penal han sido las menos atendidas por los congresos locales: aún están pendientes en 6 estados.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó hoy el micrositio https://comovasna.contralacorrupcion.mx/. En él queremos mostrar, de manera clara, sencilla y accesible los avances y pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. En el micrositio puedes interactuar con tres diferentes mapas y obtener fichas por cada entidad federativa para conocer el avance de cada una.

Para vivir en un país sin corrupción, necesitamos entrar todas y todos en la discusión. Creemos que este sitio puede aportar información para hacerlo.


Leonor Ortíz Monasterio. Investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestra en políticas públicas (Universidad de Chicago) e internacionalista (ITAM).

Sigue a: @theleonori