“La historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias”. – Alexis de Tocqueville
Intento ser objetiva, pero sobre todo positiva, en cuanto al desempeño de los gobiernos en turno. Pero, si partimos del hecho de que la clase política de todos los partidos, colores e ideologías le ha tomado el pelo a los mexicanos por décadas, resulta inevitable pensar mal, o al menos con “sospechosísmo”, de algunas acciones que han ocurrido desde el gobierno.
Por ejemplo, en los últimos días desfilaron en la sede del Congreso de Veracruz los integrantes del gabinete del gobierno del estado. A algunos les sirvió para fortalecer su imagen y capital político, mientras que otros quedaron en evidencia ante confesiones que han de haber dejado helados no sólo a los diputados de la LXV Legislatura, sino al propio gobierno. Más allá de los desencuentros ideológicos que se tengan con quienes encabezan el poder oficial, lo que no cabe en la cabeza es la confesión desvergonzada de que, a estas alturas del año, hay presupuesto que no se ha ejercido y – al parecer – no se ejercerá. Aquí no vale el discurso del ahorro, ni de la austeridad, aquí lo que se evidencia es la falta de planeación o de interés en las necesidades y prioridades del estado. Recordemos que precisamente a finales de 2018, y todavía a principios de 2019, se reajustó el presupuesto para el presente ejercicio con la finalidad de generar esos ahorros y esa austeridad tan pregonada desde el gobierno; más bien es un tema de irresponsabilidad, de falta de capacidad o de oficio para atender las prioridades de los veracruzanos.
Esto ya comienza a preocupar seriamente, pues parece ser que no ejercer el presupuesto para regresarlo es una constante en los gobiernos actuales. Basta recordar que en Xalapa al alcalde le pareció buena idea devolver recursos a la Federación cuando hay vialidades y obras que están hechas pedazos; a nivel estatal, el mal no es menor. Quienes viajan por las carreteras de Veracruz pueden darse cuenta de que los recursos no han sido aplicados de manera oportuna en la rehabilitación de las vías de comunicación existentes, y ya no se diga en la construcción de nuevas. Pero quizá la noticia más triste fue que en lugar de buscar los mecanismos para generar proyectos productivos para el campo, la secretaría del rubro optó por destinarlo en mejorar sus instalaciones, así como en la compra de vehículos oficiales –que pueden verse estacionados los fines de semana en las plazas públicas de la capital del estado– poniendo en evidencia que están siendo utilizados para fines personales.
Originalmente, era posible escuchar a funcionarios y titulares de dependencias estatales presumir que no ejercieron parte del presupuesto que les correspondía para este ejercicio; sin embargo, ahora que falta poco menos de un mes para terminar el año, se escucha a las mismas personas prometer que ahora sí van a aplicar los recursos asignados, luego de que recibieran un llamado de atención por parte de la Cámara de Diputados.
Mientras algunas oficinas del gobierno están regresando recursos fiscales que, o no supieron aplicar o no autorizaron, existen organismos que no son de la administración estatal que están viendo afectados sus presupuestos hasta el nivel de comprometer su operatividad: el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fueron arrinconados al recortarles el gasto de manera considerable para 2020
El sospechosismo en torno a las medidas de austeridad a nivel federal es fortalecido por una modificación al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que ahora dice:
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular.
Cada quien sacará sus conclusiones. Yo también estoy a favor de la austeridad, del ahorro y del gasto responsable. Pero no es lo mismo gimnasia que magnesia.
A propósito de los integrantes de la LXV Legislatura, el pasado martes 26 de noviembre se publicó en la Gaceta Oficial del estado una reforma a la fracción III del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: establece que las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de proporcionar atención a las víctimas de violencia por parte de profesionales especializados y con capacidad probada que garanticen el trato digno, profesional y de respeto. Un gran logro y un gran reconocimiento para quienes integran la legislatura, pero sobre todo para quienes impulsaron dicha reforma.
Ahora, sólo basta que las autoridades competentes se pongan las pilas, porque en temas de violencia de género todo parece ser un bello discurso con leyes declarativas que, cuando son necesarias, resulta que nadie tiene ni la infraestructura, ni los recursos, ni el interés o el valor para ejecutarlas. Está el ejemplo de los Institutos Municipales de la Mujer: gracias a una solicitud de diputadas locales, el ORFIS emitió un informe sumamente valioso que desnuda la realidad de dichos institutos. Ojalá que el esfuerzo de nuestros legisladores y legisladoras no sea echado en saco roto.
Alma Delia Hernández Sánchez es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.
