“Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación”. – Andrés Manuel López Obrador
Una de las premisas fundamentales de la narrativa gubernamental ha sido el destierro de la corrupción de la vida pública de México. Según el titular del Ejecutivo, no habrá tolerancia a la corrupción por parte de nadie. La pregunta que ha acompañado estas declaraciones parece seguir vigente: ¿cómo, efectivamente, pueden cambiarse rutinas, prácticas y valores institucionales que promueven la corrupción?
Un instrumento para abatir la corrupción en las instituciones públicas es la imposición de sanciones a aquellas personas que, siendo parte de éstas, cometan algún acto indebido en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la evidencia con la que se cuenta sugiere que este instrumento está lejos de utilizarse de manera efectiva.
El primer esfuerzo realizado para analizar de manera sistemática estas sanciones fue elaborado por David Arellano, Walter Lepore e Israel Aguilar en 2012, utilizando datos de 2005 a 2008.[1] Los autores concluyen que las sanciones están siendo aplicadas por los Órganos Internos de Control de cada dependencia porque tienen la obligación de hacerlo y se deben mayoritariamente a errores u omisiones normativos más que a una estrategia de combate a la corrupción o a una política de mejora en la gestión.
En este artículo analizamos de manera similar la información disponible en el portal de datos abiertos del Gobierno Federal que contiene información de 2013 a la primera semana de marzo de 2019.
Tipos de sanciones
Es importante destacar que esta base no contiene información de sanciones diferentes a la inhabilitación. Esto hace que nuestros resultados difieran diametralmente de los de David Arellano, et al., ya que ellos logran identificar ocho tipos diferentes de sanciones derivadas de la ya derogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre las que se encuentran amonestación privado o pública, suspensión, destitución, sanción económica, inhabilitación e indemnización a los particulares.
Duración de las sanciones
El promedio de las sanciones es de 6.7 años. No obstante, la mayoría de las sanciones está entre 10 y 11 años (1,441 funcionarios), y de cero a un año (869 funcionarios). Llama la atención que el número de funcionarios sancionados con más de un año y menos de 10 fueron apenas 413.
Figura 1
La dependencia más severa en cuanto al número de años de sanción es el Consejo de Promoción Turística de México, que en promedio inhabilitó por 16.5 años a sus funcionarios, seguida de Ferrocarriles Nacionales de México (14 años) y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (12.5 años).
Figura 2
Las causas de las sanciones
La “negligencia administrativa” es la causa más frecuente por la que son impuestas sanciones, hallazgo consistente con el trabajo de Arellano, et al. Ésta se puede definir como una falta de cuidado por parte del servidor público en el marco de sus responsabilidades administrativas[2] y que se desprende presumiblemente del artículo 8 de la abrogada Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la Figura 3 es posible observar cómo esta falta es, por mucho, la principal causa de sanciones con 1,545 casos. La segunda posición es ocupada por el incumplimiento en declaración de situación patrimonial (487), seguida por abuso de autoridad (280), violación de leyes y normatividad presupuestal (174), violación de procedimientos de contratación (112), cohecho o extorsión (102), “otras” (94), ejercicio indebido de funciones migratorias (82) y, en un muy lejano penúltimo lugar, violación a derechos humanos con 6 casos, y delitos cometidos por servidores públicos con un único caso.
Figura 3
Sanciones en el tiempo
En la figura 4 están visualizadas las cantidades de sanciones determinadas por año. Comparando el período entre 2013 y 2016, las cantidades resultan más o menos similares, entre 277 y 333 sanciones por año. Sin embargo, a partir de 2016, las inhabilitaciones comenzaron a aumentar hasta llegar a un máximo de 1,078 sanciones en 2018. Queda pendiente la pregunta de si este aumento trajo consigo una mejora en la calidad de las sanciones y en la supervisión de los servidores públicos en general.
Figura 4
Dependencias con más sanciones
En la figura 5 se pueden ver las diez dependencias con el mayor número de servidores públicos inhabilitados considerando el período de 2013 hasta 2019. Destaca la Policía Federal con el mayor número de sanciones: 287. Le sigue —a bastante distancia— el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 195 sanciones; se encuentran luego el Instituto Nacional de Migración con 142, la Comisión Federal de Electricidad con 138, la Secretaría de Educación Pública con 131, Telecomunicaciones de México con 120, Diconsa con 104, la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal con 97, el Super ISSSTE con 89, el ISSSTE con 84, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares con 83, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 75, la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades con 59, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con 53 y, por último, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con 46 sanciones.
Figura 5
Sanciones por dependencia
La figura 6 muestra un número más extenso de dependencias por servidores públicos sancionados. Aquí están expuestas las 20 dependencias relacionadas con el tipo y el número de violaciones por las que hubo sanciones. En conjunto, se puede decir que los casos de violación se distribuyen de forma bastante uniforme entre las dependencias. La única concentración que resalta se forma alrededor de la ‘negligencia administrativa’, sobre todo en relación con las primeras 11 dependencias donde destacan la Policía Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Telecomm, en sintonía con lo presentado en la figura 5.
Entre las causas que concentra la Policía Federal destaca —como en el resto de las dependencias— la negligencia administrativa y el mayor número de personas sancionadas por incumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales. Sin embargo, también concentra la tercera cantidad más grande de sancionados por abuso de autoridad y la segunda por cohecho; es, además, la única que sanciona por delitos cometidos por servidores públicos. Resulta interesante destacar que la dependencia con más sancionados por abuso de autoridad es la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal y la Comisión Federal de Electricidad.
Considerando la concentración en pocos tipos de violaciones, destacan el ISSSTE en cohecho o extorsión y negligencia administrativa, al igual que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares en negligencia administrativa y violación de procedimientos de contratación, y SENASICA en abuso de autoridad e incumplimiento en declaración de situación patrimonial.
Si bien es posible afirmar que la Policía Federal tendría más sanciones por su naturaleza y las circunstancias con las que trata con la población en general, el patrón no se distingue de la mayoría de las dependencias analizadas. Por ejemplo, sería una hipótesis factible que esta dependencia fuera la que tendría mayor concentración de sanciones por abuso de la fuerza o violación a los derechos humanos. En su lugar, sobresalen el número de personas sancionadas por causa de negligencia administrativa y de incumplimiento de declaraciones patrimoniales.
Aunado a lo anterior, las únicas dependencias entre las que la sanción fue resultado de una violación a los derechos humanos fueron la Secretaría de la Defensa Nacional con 3 casos, la Secretaría del Trabajo con 2 y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con un solo caso.
Figura 6
Dana Milena Enss es licenciada en Ciencias Políticas y actualmente es pasante en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Manuel Toral es especialista en datos en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
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[1] Navarro Fallas, Román A. (2006). “El ejercicio profesional y la responsabilidad penal, civil, administrativa y ético disciplinaria derivada de su ejercicio”. Gestión 14: 1(2006), p. 27.
[2] Arellano, Lepore, Aguilar (2012). “Sanciones administrativas como mecanismos anticorrupción: el caso de México a nivel federal, 2005-2008”. Revista de Gestión Pública I:2 (Julio-Diciembre 2012).
