Hace algunos meses, un conjunto de investigadores de diversas instituciones nos dimos a la tarea de revisar qué ha pasado con un tema que no preocupa visiblemente a la mayoría de los ciudadanos, pero cuya importancia no puede soslayarse. De él depende tanto la conducción del país como la de muchos trámites y servicios de los que dependemos los y las mexicanas en nuestra vida cotidiana.
Se trata de la administración pública federal, del conjunto de dependencias o entidades que llevan a cabo todas las funciones que la Constitución le asigna al Poder Ejecutivo.
Los hallazgos de la investigación pueden consultarse en la revista Nexos de octubre. Aquí sólo gloso el artículo elaborado por el doctor López Ayllón y la que esto escribe, Mucha política y poca administración.
El presidente López Obrador siempre despreció al aparato burocrático que llamamos administración pública. Le generaba poca confianza, le parecía la madriguera que albergaba a una élite de funcionarios llena de privilegios (la burocracia dorada) y, encima, un “elefante reumático”, difícil de mover, opuesta al cambio y saturada de corrupción.
López Obrador, que no gusta de consultar a los expertos porque provienen de la era neoliberal ni aprender de experiencias internacionales exitosas porque México es un pueblo como no hay otro, dio tres simples recetas para solucionar el problema: eliminar los altos sueldos y los privilegios acumulados, hacer más con menos y dar ejemplo de honestidad.
Estas tres recetas tenían un sustento moral: la idea juarista de la “justa medianía”, el mantra de servir al pueblo y la internalización del valor de la honestidad. Pamplinas. Lo que había y hay detrás de las recetas propuestas es una concepción de la política en la que hace falta un gobierno poblado de funcionarios leales y disciplinados, más que competentes y críticos, y un gobierno poderoso sin obstáculos administrativos ni contrapesos políticos que pudieran actuar con la mayor discrecionalidad posible.
Parte de esta concepción acabó plasmada en sus decretos ejecutivos y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y parte en su Plan Nacional de Desarrollo.
Para el Presidente, había que desmantelar a los organismos públicos “innecesarios, superfluos y que duplican funciones” para “usar eficientemente los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”. Tener un “gobierno austero, transparente, incluyente, apegado a derecho, capaz de responder al interés superior de la sociedad y generar la confianza de las personas”.
Pues bien, lo que encuentra la investigación es que, en efecto, hubo un desmantelamiento del Estado, pero no precisamente guiado por estos propósitos y, desde luego, sin lograr sus objetivos.
Contrariamente a lo que se piensa, no se ahorró un solo peso en el presupuesto destinado a la burocracia, a pesar de la –sin exagerar– eliminación de decenas de instituciones.
Lo que sí ocurrió fueron dos cosas, una más perniciosa que la otra: la desinstitucionalización y la intensa pérdida de capacidades profesionales y técnicas de la burocracia.
¿Cuál fue entonces el saldo neto? De austeridad, simplemente no se puede hablar, a menos de que pensemos que la austeridad se circunscribe a la reducción del sueldo del Presidente. El de 2024 será el mayor presupuesto que haya tenido México en toda su historia. En el llamado capítulo 1000 (servicios personales), más lo que se contrata por honorarios vía capítulo 3000 (servicios generales), no ha habido ahorros ni de recursos ni de personal. Existen hoy prácticamente el mismo número de plazas, pero recategorizadas y reasignadas. Por ejemplo, desaparecieron más de 3 mil plazas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 2 mil 500 en Gobernación y 2 mil 200 en Educación, pero la Secretaría de Bienestar, ¿qué cree usted?, aumentó 30 mil plazas. La recategorización de plazas dio como resultado la sensible disminución de mandos medios, que eran los encargados de diseñar e implementar las políticas públicas y se engrosaron las filas de los enlaces y operativos. O sea, menos funcionarios capacitados.
De pilón, acabamos con la misma o peor corrupción, como lo demuestran las investigaciones periodísticas o, para dar un caso concreto, el escándalo de Segalmex y su desvío de más de 15 mil millones de pesos. Negocio redondo.
Según su diagnóstico, la administración pública federal de la época neoliberal resultaba en menor eficiencia en la prestación de servicios públicos, poca transparencia y menos rendición de cuentas. Además, dificultaba la planeación, la toma de decisiones y la coordinación orgánica de las instituciones.
Paradójicamente, estas características son las que definen hoy a la administración de López Obrador. Encima, el aparato civil se ha visto cada vez más mermado y el militar, fortalecido.
Como en otras áreas, quien sea presidente se enfrentará a una administración pública semidestruida, que será difícil de reconstruir.
Nota publicada en Excélsior: https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/desmantelando-al-estado/1613359