El principal fundamento de la democracia es el Estado de Derecho: María Amparo Casar

Palacio Nacional, Ciudad de México, miércoles 25 de octubre de 2017.

Distinguidas y distinguidos representantes de los poderes y órganos del estado y de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Me siento muy honrada por la invitación a este evento en el que las instituciones académicas muestran una vez más su compromiso de contribuir a la solución de los problemas más apremiantes de este país. La procuración de justicia es uno de los principales.

Parto de la base de las siguientes premisas:

No es mi papel comentar el contenido del Informe. Ya lo han hecho espléndidamente bien Sergio, Pedro y Gerardo y aunque no lo expresan de esta manera me parece que sus exposiciones dan cuenta de esta realidad y asumen estas premisas. Lo que me toca es intentar poner este Informe en el contexto político que estamos viviendo. Un contexto ayuno de justicia y poco halagüeño para el futuro de la democracia en este país.

Por estrechez de miras, el debate público sobre la Fiscalía Autónoma se tradujo durante meses en una polémica sobre el nombramiento del Procurador y del famoso transitorio que lo convertiría en Fiscal por nueve años. Un debate sobre el quién y no sobre el qué. Sobre la persona y no sobre la institución.

Afortunadamente hubo quienes fueron más allá de la personalización y la politización de la discusión y se pusieron a trabajar en lo verdaderamente importante: la construcción de la nueva institución y el plan de transición de la Procuraduría a la Fiscalía.

Es en este contexto en el que se inscriben esfuerzos como el del Dictamen Ciudadano de Reforma Constitucional sobre el Modelo de la Fiscalía General de la República elaborado por los colectivos #Vamospormas y #FiscalíaqueSirva y, desde luego, el que hoy dan a conocer el CIDE-IIJ-INACIPE.

Son esfuerzos de distinta naturaleza pero que, como ya comentó el Dr. Pedro Salazar, se complementan y que juntos pueden contribuir a sentar las bases de una fiscalía que supere las premisas con las que abrí mi intervención.

El Informe no es una iniciativa ni nunca pretendió serlo, pero el proyecto contiene todas las piezas tanto para formular una reforma constitucional al artículo 102 y otros contenidos legales como, también, a la Ley Orgánica de la futura Fiscalía.

Pero eso quizá sea lo de menos. Lo que ofrece este Informe de manera contundente y precisa es un alegato sólidamente argumentado sobre la necesidad de revisar el modelo de procuración e impartición de justicia porque el anterior (más bien el todavía vigente) es no solamente un modelo fallido sino uno que respondía a un patrón de gobernabilidad autoritaria en el que nunca importaron ni la definición de una política criminal ni la construcción de capacidades para implementarla, ni la especialización en la persecución de delitos específicos ni procedimientos de investigación robustos, ni las medidas de protección a los derechos fundamentales ni la atención a las víctimas. En fin, una Procuraduría congénitamente débil y al servicio de los intereses políticos y económicos.

Hoy está abierta la puerta para entablar, sin dilaciones, una discusión de estado –no de gobierno ni de partido- sobre el futuro de la Fiscalía General de la República. Una Fiscalía que – y cito al Dr Cervantes- deje de “trabajar con herramientas y mentalidad del pasado”.

A los mexicanos se les está agotando la paciencia ante la injusticia que viven todos los días, una injusticia amplificada por la inseguridad y violencia descontroladas. A la democracia se le está terminando la legitimidad por la ausencia de un estado de derecho. Y, a todas las fuerzas políticas se les acabaron los pretextos para seguir postergando la aprobación de las reformas para construir una Fiscalía que garantice el nuevo modelo de procuración de justicia que México requiere.

La sociedad ha puesto al frente de sus preocupaciones y demandas el fin de la inseguridad y de la violencia, de la corrupción y la impunidad y de la falta de acceso a la justicia. En lugar de ello nos han entregado o el desdén y postergación de estas demandas o el desmantelamiento de las instituciones encargadas de procurarlas. En medio de la crisis, hoy no tenemos ni Procurador, ni Fiscal Anti-corrupción, ni Fiscal contra Delitos Electorales, ni magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tampoco avances en la reconstrucción de las instituciones que sus inexistentes titulares deberían encabezar.

Sólo un pacto político con visión de Estado puede sacar al país del marasmo de la injusticia en el que está inmerso. No podemos argüir –como se ha dicho- que no hay condiciones políticas para dar este debate y llegar a acuerdos. Acuerdos que den cuenta de la complejidad de construir el nuevo modelo de procuración de justicia y que incluyen como lo señala el Informe: el diseño de una política criminal, la reconstrucción de los pilares de la justicia como las policías de investigación, los peritos y los ministerios públicos, un nuevo modelo policial, una Ley de Seguridad Interior, la armonización y homologación de las normas, la emisión de un Código Penal único y, desde luego, un esquema de transición.

Las condiciones no se dan por generación espontánea, se crean. Y se han creado con éxito en el pasado. Podemos volver a hacerlo. Fuimos capaces no solo de reformar la Constitución y las leyes sino de construir instituciones sólidas, fuertes y eficaces como el Banco de México, el INE o la COFECE que le han dado estabilidad y certidumbre al país y que han recibido el reconocimiento internacional. Las condiciones se crearon también para dar forma al Pacto por México en diciembre de 2012. Se pueden recrear. La crispación política, que sin duda existe, puede ponerse a un lado si no por convicción al menos sí por conveniencia, por interés. De no hacerlo, de posponer un nuevo modelo de procuración de justicia y las instituciones que lo sostengan, la legitimidad y credibilidad de este gobierno y de todas las fuerzas políticas de oposición seguirán deteriorándose. No hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta.

Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio. Para una oposición que busca llegar al poder sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos. Para ambos, sería la mejor manera de saldar una de las mayores deudas con la sociedad: la lacerante injusticia y la inadmisible impunidad.

Tengo que decirlo. Es de lamentar y es un mal augurio que el día de hoy hayan quedado vacías las sillas de los Coordinadores Parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados porque son precisamente los diputados y los senadores los que tienen la facultad y la llave para discutir y aprobar las reformas necesarias.

La tarea es compleja y de largo plazo, pero como primer paso se requiere la voluntad de hacerlo y la claridad de objetivos. Acabamos de escuchar el qué y el cómo. No hay pretexto para seguir esperando salvo que la voluntad no exista o que esa voluntad sea la de mantener el pacto de impunidad política que nos sigue caracterizando. Que los políticos sigan empeñados en el principio que reza “tapaos los unos a los otros”.