Una organización auspiciada por grupos evangélicos de Estados Unidos ha capacitado a abogados y ha cabildeado con legisladores mexicanos de al menos cinco partidos para influir en políticas públicas contra el aborto y los derechos LGBTI+.
La ADF tiene en México una red de organizaciones aliadas, una de las cuales tiene como único objetivo el inculcar en legisladores locales y federales de distintos partidos la ideología antiaborto y pro-familia tradicional, para que ellos a su vez lo transformen en leyes en sus respectivos congresos.
La filial mexicana de ADF fue creada el 26 de octubre de 2015 bajo el nombre Alianza Internacional Defendiendo la Libertad AC, con la misión de brindar asistencia jurídica “en defensa de los derechos humanos”.
En el acta constitutiva de esta agrupación aparecen como asociadas Sofía Martínez Agraz, quien en ese momento se desempeñaba como representante legal de ADF para América Latina y ante las Naciones Unidas, así como María José Núñez Glennie, directora internacional y jurídica de la Red Familia.
Ambas, a su vez, aparecen como fundadoras de otra asociación creada una semana después, el 3 de noviembre de 2015, con fines casi idénticos, y a la que le pusieron el nombre de Centro de Ética Judicial AC. En su sitio en internet, esta organización difunde sentencias de litigios ganados por ADF en la Corte de Estados Unidos contra el aborto y los derechos de los homosexuales, así como ensayos en los que se exaltan los valores de los grupos pro-vida.
Esas dos agrupaciones ligadas a ADF en México, creadas con 7 días de diferencia, recibieron al año siguiente de su registro el permiso de las autoridades hacendarias para obtener donativos y expedir recibos deducibles de impuestos, lo que les ha permitido el financiamiento de sus actividades.
En sus dos primeros años, el Centro de Ética Judicial obtuvo donativos por 2 millones 890 mil pesos para su operación.
Uno de los socios y patrocinadores de esa organización es Xavier Autrey Maza, uno de los empresarios más importantes de México, fundador de Grupo Acerero del Norte y Altos Hornos de México, entre otras compañías.
Autrey financia, además, a la Red de Acción Ética Política (RAEP), organización fundada en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 2012, la cual se dedica a capacitar a legisladores locales y federales en las creencias y valores de la familia tradicional y el respeto a la vida desde la concepción.
Como socios de la RAEP están el propio Xavier Autrey, los hermanos Raúl y Rafael Camou Rodríguez, de la empresa ISA Corporativo, así como Alberto Romo Gutiérrez y María José Núñez Glennie, ambos directivos de la Red Familia.
En cuatro años, la RAEP obtuvo donativos por 18 millones 265 mil pesos, el equivalente a un millón de dólares, para capacitar a legisladores en todo el país y para costear viajes a reuniones con parlamentarios en el extranjero, de acuerdo con documentos obtenidos en esta investigación.
ADF tiene una vinculación formal con la RAEP, según ha reconocido su director, Rodrigo Iván Cortés Gutiérrez, un ex diputado panista dedicado ahora a ser cabildero de grupos conservadores ante organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar lo que los fundamentalistas cristianos llaman ideología de género y los derechos de los homosexuales.
Iván Cortés es, además, socio fundador de Political Network for Values (PNV), una organización global de políticos conservadores, creada a mediados de 2016 en Massachusetts, Estados Unidos, que tiene como miembros a Benjamin Bull, uno de los fundadores de ADF; a Katharina Rothweiler, encargada de alianzas con América Latina para ADF y colaboradora de Red Familia de México y a Brian Brown, presidente de National Organization for Marriage, cuyo principal propósito es oponerse a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En PNV participan políticos de más de 20 países y el presidente fundador es Jaime Mayor Oreja, ex ministro del interior de España en la época de José María Aznar y vinculado al grupo ultraderechista Opus Dei.
En sus informes financieros entregados a las autoridades hacendarias, la RAEP reportó haber pagado los gastos de participación de legisladores mexicanos en la Cumbre Regional de las Américas, realizada en septiembre de 2015 en Washington, la cual fue organizada por PNV y auspiciada por la ADF y otros grupos fundamentalistas como CitizenGo y la National Organization for Marriage.
Según los registros consultados para esta investigación, a esa cumbre acudieron 16 políticos del PAN, 11 del PRI, 2 del PRD y 1 del PVEM, quienes analizaron las legislaciones de defensa de la vida en Latinoamérica, los proyectos de ley sobre uniones entre homosexuales, la explotación de la mujer con fines reproductivos y el valor de la familia, el matrimonio y la maternidad en la sociedad.
Ocho de esos políticos eran en ese momento senadores, 16 diputados federales, 4 diputados locales, un regidor y una ex legisladora.
Además, se tuvo la asistencia de la que era presidenta del sistema DIF del Estado de México, María Isis Ávila Muñoz, hija del entonces gobernador Eruviel Ávila, actual senador por el PRI.
Un año antes, en noviembre de 2014, los mismos aliados de la ADF habían organizado en Nueva York la I Cumbre Transatlántica de la Familia, a la que acudieron 11 legisladores panistas, 2 del PRI y 1 de la bancada PT/Morena en el Senado.
La segunda edición de esa cumbre internacional se efectuó en abril de 2017 en Bruselas, Bélgica, y debido a la distancia sólo acudieron esa vez dos legisladores mexicanos: la senadora priísta Lisbeth Hernández Lecona y el senador del PRD, Adolfo Romero Lainas, presidente y secretario de la Comisión de Familia. Eso sí, ambos no desembolsaron ni un peso. El costo de los pasajes de avión y sus viáticos, que sumaron 283 mil pesos, se los cargaron al Senado.
En abril de 2019, más de 200 integrantes de esta red, procedentes de 30 países, se volvieron a reunir, ahora en Bogotá, en la tercera edición de su cumbre. Una vez más, los temas centrales fueron el derecho a la vida desde la concepción y la defensa de lo que ellos llaman la familia tradicional. Esta vez entre los ponentes participó Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal por el PAN.
VE AQUÍ LA LISTA DE LOS POLÍTICOS
****
Nota metodológica:
Este reportaje es parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo del Columbia Journalism Investigation de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Los socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil), El País (Uruguay), Ciper (Chile), El Surtidor (Paraguay), La República (Perú), ArmandoInfo (Venezuela), El Tiempo (Colombia), La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica), El Faro (El Salvador), Nómada y Plaza Pública (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México), Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univisión (Estados Unidos).