Lograr “un país con cobertura universal en salud y cero corrupción” se ha convertido en la principal aspiración del gobierno de México en los últimos tres años; sobre todo tras saberse públicamente las discrepancias en los resultados de la Estrategia Nacional para la mitigación de COVID-19, así como por el arrastre de problemas de las instituciones de salud públicas desde sexenios pasados, agravados por el poco presupuesto asignado en el sexenio actual, que, año con año, se ha visto más reducido.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en múltiples ocasiones en su intención de construir un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, tal como sucede en países como Dinamarca. Para lograr este objetivo, la inversión pública y la eliminación de la corrupción serían la clave. Pero, ¿realmente esto es posible? Para ofrecer una respuesta, me gustaría abordar la situación actual del sistema de salud en México, para compararla con los sistemas de salud mejores calificados en el mundo. Además, retoma algunos problemas de corrupción en los diferentes sistemas de salud. Al final, el objetivo es que la última palabra la tenga el lector y saque sus propias conclusiones.
Si bien el interés del ejecutivo mexicano aparenta ser genuino en el discurso público, la realidad es que el sistema de salud no está mejor que hace seis años. Al contrario, los servicios de salud se encuentran en la sobresaturación en los tres niveles de atención pública. También padece la falta de medicamentos, particularmente en los oncológicos, e insumos básicos. Además, no existe personal médico capacitado para la atención médica integral, sin mencionar la sobreexplotación, precariedad salarial y violencia a la que los profesionales de la salud son sometidos. Con este panorama, México no está cerca de lograr el objetivo planteado en este sexenio.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la protección integral de la salud es un derecho humano fundamental, universal y jurídicamente vinculante, que además de estar plasmado en los instrumentos internacionales de derechos humanos. También se encuentra garantizado en la mayoría de las constituciones nacionales de los países miembro; esto incluye a México. Este organismo internacional afirma que todas las personas “tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental”. Para lograr este derecho, cada país debe formular y aplicar las leyes y políticas públicas necesarias que den garantía a la cobertura sanitaria universal de sus habitantes. Sin duda, se trata de un camino poco fácil ante las dificultades del sistema internacional de salud actual.
Cobertura de salud universal en México
Nuestro país no ha logrado eliminar las barreras de una atención de calidad en sus principales organismos de salud pública. De acuerdo con un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), destacan por su alta percepción de corrupción entre los ciudadanos. Esta percepción puede corroborarse con las más de cien denuncias públicas por actos de corrupción, la compra de insumos e instrumental médico con precios excesivos e injustificados, así como por las más de veintidós mil facturas fantasma emitidas por el sistema de salud pública durante este gobierno.
La calidad en el servicio de salud no sólo está afectada por la corrupción. También han contribuido el estado anímico y los problemas salariales del personal de salud, quienes enfrentan largas jornadas laborales desde la pandemia de SARS‑CoV‑2. Además, estas instituciones han enfrentado recortes presupuestarios. Si entendemos a la corrupción como el abuso del poder público para obtener un beneficio particular, es posible considerar acciones como nepotismo y conflicto de intereses. Pero la corrupción también puede manifestarse como la designación de personas que no cuentan con la preparación y profesionalismo en posiciones de alto nivel en el sistema de salud nacional.
Prueba de ello es que, además de las denuncias ciudadanas por actos de corrupción mencionadas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México aún está en los últimos lugares en la evaluación de mortalidad y calidad en atención sanitaria. Por ejemplo: nuestro país solo cuenta con 2.4 médicos especialistas y 2.8 especialistas en enfermería por cada mil habitantes, aún cuando la recomendación es contar con más de dieciocho profesionales de la salud. Adicionalmente, México cuenta con diez camas de hospital por cada 10 000 habitantes, cuando países como Dinamarca superan las veinticinco camas.
Por su parte, el gasto de bolsillo y contratación de pólizas de seguros médicos privados han aumentado considerablemente: en 2023, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) reportó que la contratación de seguros de salud tuvo un incremento de 8.9% versus el año anterior; mientras que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIIS) indicó que el gasto de bolsillo en salud fue de 49.4% en 2022. Esta situación convierte a México en el segundo país de la OCDE con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud.
Si bien las pólizas de seguros de salud son cada vez más flexibles, además de facilitarle al paciente el acceso a servicios de atención sanitaria para la prevención de su enfermedad, así como para cubrir sus tratamientos y otros procedimientos, la realidad es que el gasto en salud sigue siendo financiado desde el bolsillo de los mexicanos de acuerdo con sus ingresos del día a día, y no bajo un esquema de protección de seguro privado a mediano y largo plazo.
El último reporte de la AMIIS mostró que solo el 9.9% de los mexicanos cuentan con una póliza de salud privada. Estas pólizas cubrieron, en promedio, siniestros de 129 000 pesos por evento (aproximadamente 7170 dólares). En un país con 61 millones de ciudadanos laboralmente activos, cuyo salario mensual promedio va desde los 5 mil a los 10 000 pesos mensuales (entre 277 y 500 dólares), la atención privada en salud no es para nada asequible, ya que tendrían que destinar al menos el 30% de sus ingresos para la contratación de una póliza de seguros de salud, sin mencionar el costo del tratamiento y otros gastos derivados de la enfermedad que no son contemplados por las aseguradoras en México.
La OMS recomienda que el gasto público destinado a salud sea de mínimo el 6% del PIB nacional. Empero, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el recorte presupuestal en salud para 2024 ha sido superior al 50%. La disminución de inversión entre organismos descentralizados ha dejado a más de 50.4 millones de personas sin acceso a la atención sanitaria pública. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que para 2022, el gasto público en salud representa apenas el 2.3% del PIB nacional; cuatro puntos porcentuales menos que el mínimo recomendado por la OMS.
¿Qué han hecho otros países para lograr la cobertura de salud universal?
La realidad es que, a nivel internacional, ningún país ha logrado la cobertura universal en salud, pero sí que existen casos en donde se han acercado.
Una alternativa, aunque no exenta de serios problemas, es el modelo de atención privada de Estados Unidos, donde el salario mínimo de su población es de 7.25 dólares por hora (aproximadamente, mil 173 usd mensuales). El gobierno cubre pólizas de seguro a través de programas públicos como MediCare y MediCaid, destinados para adultos mayores, personas con discapacidad o familias con ingresos bajos. El resto de la población solo puede acceder a los servicios de salud a través de pólizas privadas individuales (que van desde los 440 dólares mensuales) o familiares (desde 1,168 dólares mensuales).
Sin embargo, la desaceleración en la ocupación laboral estadounidense y el éxodo de profesionistas hacia otros países con acceso a servicios de salud más asequibles, hacen que los especialistas se cuestionen sobre la eficacia de este modelo de cobertura en salud. Vale la pena destacar que, independientemente del costo-beneficio de los servicios de salud privados, que poseen relativamente una buena calidad, lo verdaderamente insostenible para el ciudadano promedio es el costo de su tratamiento, siendo este uno de los más caros en todo el mundo.
Respecto al grado de corrupción observada en las instituciones de salud de Estados Unidos, diferentes medios han documentado e investigado a nivel federal casos de fraude fiscal y negligencia médica. Este tema va en aumento dado el creciente dominio de empresas privadas que encuentran sumamente lucrativo el gasto en salud de los ciudadanos.
Ahora bien, de acuerdo con un informe sobre acceso a servicios de salud, publicado por la organización sin fines de lucro The Commonwealth Fund, entre los países mejor evaluados por la calidad y eficacia de los servicios de atención en salud se encuentran: Noruega, Países Bajos, Australia, Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Suiza y Canadá.
De este top diez, en el informe “Salud para todos: ¿qué tan lejos está México de lograrlo”, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacan tres modelos de salud que están en concordancia con el aspiracional sistema de salud prometido por el Gobierno de México:
- El llamado “Beveridge” (España, países escandinavos y Nueva Zelanda): Un modelo de prestación de servicios de salud totalmente financiado por el Estado a través de impuestos generales. En este modelo, el derecho humano a la salud es puesto en el centro, por lo que se asume que no existe ninguna diferencia en los servicios de salud cubiertos.
- El modelo “Bismarck” (Japón, Bélgica y Suiza): Donde los servicios de salud son provistos por organizaciones sin fines de lucro, a través de un financiamiento mixto entre gobierno, empleadores y empleados. En este sistema de salud, los servicios sanitarios son privados y sus beneficios son en proporción a la situación laboral de las personas.
- El Seguro médico nacional (Canadá, Taiwán y Corea del Sur): un modelo que combina las características de los dos primeros, donde el gobierno es el único pagador de los servicios de salud mientras que el seguro cubre la mayoría de los eventos, adicional a que la prestación de servicios médicos es privada.
Respecto a los casos de corrupción documentados en estos modelos de salud, podemos concluir que son menores. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó un reporte en 2019 sobre el déficit de calidad institucional y la corrupción sanitaria, el cual arrojó que anualmente España pierde ingresos tributarios asignados a la salud equivalentes a un 4.5% del PIB nacional (alrededor de 60 000 millones de euros). A partir de esta situación, el Ministerio de Sanidad español creó un Observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria, el cual ha operado con base en un mapa de riesgos dentro del Sistema Nacional de Salud, destinado a identificar los puntos críticos donde se concentran la corrupción y el fraude sanitario. En el caso de Corea del Sur, los casos de fraude sanitario están relacionados con los tratamientos y ensayos clínicos, no así en el acceso a los servicios de salud de calidad.
Queda claro que para lograr una cobertura universal en salud no siempre se encuentra el elemento de la “gratuidad financiada por el Estado”, ya que requiere una fuente clara de financiamiento. Desde mi perspectiva, la presencia de un modelo mixto de financiamiento, donde la sinergia entre el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos es clave para hacerla realidad. Asimismo, es necesario un marco regulatorio respetable, claro y eficaz, así como de la voluntad política de los tomadores de decisiones para que, sea cual sea el sistema de salud, los casos de corrupción relacionados con la salud estén bajo control y sean sancionados.
Tomando en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la OMS, así como los esfuerzos implementados por algunos países para lograr la cobertura de salud universal, cabe preguntarse si es posible que México alcance la cobertura de salud universal. Para responder, debemos saber cómo cubrir los costos de un sistema así y cómo evitar que la corrupción siga siendo la norma.
Sobre la autora
Este texto forma parte de una colaboración entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) para el blog Desarmar la Corrupción.
Andrea Navarro De la Rosa
Internacionalista y mercadóloga. Es Maestra en Marketing Digital & e-Commerce por la Universidad de la Rioja en México, y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asociada COMEXI.
