Centros penitenciarios: Una visión de corrupción desde el interior y el exterior

La corrupción afecta directamente el ejercicio de los derechos de todas las personas, lo que desde luego también a las personas privadas de la libertad. En este texto se habla de cómo la corrupción afecta la justicia en diferentes formas, en especial a la población mexicana que vive en centros penitenciarios.

En primer lugar se analiza la percepción de la corrupción en centros penitenciarios que tiene la ciudadanía que no está privada de la libertad. En segundo lugar, se busca poner un ojo crítico a las dinámicas de corrupción que se viven en los centros penitenciarios mediante la revisión de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021. Finalmente, se discuten los cambios presupuestarios que han tenido las instituciones para la readaptación social en centros penitenciarios. La corrupción y la violación de los derechos de las personas privadas de la libertad es una realidad en nuestro país.

La percepción de corrupción representa un primer acercamiento para entender cómo se puede comportar la corrupción y para definir los lugares donde deberíamos estar dirigiendo la mirada. Sin duda puede haber una diferencia entre cómo se percibe la corrupción y cómo realmente se vive. Por ese motivo resulta importante tener ambos parámetros para comparar. En este texto se analiza, por un lado, una encuesta de percepción de corrupción pública y, por otro, la visión que tiene la población privada de la libertad.

Los centros penitenciarios son la tercera institución con mayor percepción de corrupción –únicamente precedida por la policía de tránsito y los partidos políticos– de acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022. Al preguntar por cuánta corrupción había por institución, cerca de 70% de las personas encuestadas respondieron que en las cárceles y reclusorios hay mucha corrupción.

La manera en que la gente percibe la corrupción en los centros penitenciarios puede tener distintos motivos: una desconfianza generalizada en las autoridades y en el cumplimiento de la ley, así como la impunidad que se vive día a día y el desigual acceso a la justicia. Por ello, hay dos factores en los que se debe poner especial atención: las actitudes de la ciudadanía hacia las personas privadas de la libertad y la confianza en las autoridades de impartición de justicia.

Es importante entender cómo se ve desde afuera a las personas privadas de la libertad y de qué forma la noción de imponer un castigo puede ser una determinante para que se perciba mucha corrupción. Parte de este problema es que se entiende a los centros penitenciarios como lugares por excelencia para castigar. Por el contrario, deberían ser espacios para reinsertarse en la sociedad. Un lugar para reparar desde la justicia.

Otro factor relevante es el desconocimiento sobre el funcionamiento de las cárceles, lo que también podría generar que la percepción de corrupción sea tan elevada. Aunque la reinserción social es el objetivo principal de los centros penitenciarios, hay evidencia de que el actual sistema de cárceles en México representa más un círculo vicioso de crimen que uno virtuoso de reinserción.

Los centros penitenciarios aún están lejos de cumplir su objetivo. Esto se puede evidenciar al evaluar la reincidencia delictiva. Si cumplieran su función, se esperaría que la reincidencia delictiva fuera menor una vez que las personas privadas de la libertad terminaran su sentencia. Sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1 en el año 2021 más del 20% de las personas que se encontraban en reclusorios habían estado previamente privadas de la libertad. Adicional a lo anterior.

Cuando la sociedad piensa en el sistema penitenciario como lugares donde se castiga y no donde se reforma la sociedad. Esta visión incide también en que se tenga una percepción de desconfianza, abusos y fallas de las autoridades del sistema judicial. La percepción sobre las autoridades será negativa en la medida que incumplen con su trabajo al dejar que las cárceles sean un motor de injusticia y desigualdad.

De acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, 1 de cada 5 de las personas encuestadas dice haber dado un soborno para evitar una detención arbitraria. Esto evidencia la compleja relación entre la corrupción y el sistema penitenciario. De acuerdo al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2 (CNSPFE 2022), en 2021 más del 42% de la población privada de la libertad no tuvo una sentencia. Las detenciones sin motivo son actos ilegales, injustos y desafortunadamente frecuentes en este país, como puede confirmar la información de la encuesta así como han investigado y analizado otras autoras. 3 No sorprende entonces que la percepción sobre el sistema carcelario tenga una carga tan negativa: desde el inicio del proceso penal hay injusticias alimentadas por la corrupción.

Por eso vale la pena analizar la opinión de la población privada de la libertad para entender cómo la corrupción afecta el ejercicio de sus derechos básicos. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), correspondiente a 2021, da un reflejo claro de la corrupción que viven las personas privadas de la libertad. A lo largo del proceso penal que incluye fases como la detención, la presentación ante el Ministerio Público, el juicio y el encarcelamiento, 36.2% de las personas privadas de la libertad declaró haber vivido al menos un acto de corrupción en alguna de las etapas.

Entre las personas privadas de la libertad participantes en la ENPOL, 4 la mitad ha tenido que dar cuando menos un pago para acceder a algún bien, servicio, beneficio o permiso al interior de centros penitenciarios. Algunas de las razones por las que tuvo que pagar la población privada de la libertad están el tener agua potable, y recibir medicamentos.

Las personas que se encuentran privadas de la libertad se ven obligadas a actos de corrupción para tener el mínimo de derechos y bienes que debería de garantizar el Estado como responsable de los centros penitenciarios. Lo anterior podría deberse a la disminución de presupuestos, que ha llevado a que no se abastezcan los bienes y servicios que requieren las personas al interior. También podría suceder que la corrupción al interior excede las capacidades de las autoridades, lo cual afecta directamente en la calidad y cantidad de bienes y servicios disponibles. Sin importar cuál sea la razón, la necesidad de participar en actos de corrupción supone una violación a los derechos de personas privadas de la libertad, que como mexicanas y mexicanos deberían tener garantizados el acceso a agua potable y medicinas.

En términos de presupuesto es posible observar que la hipótesis se confirma: los montos anuales destinados a “Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social” han tenido una disminución en los últimos tres años. Tan sólo de 2020 a 2021, la disminución de este presupuesto fue de más de 6 mil millones de pesos, pese a que la percepción de corrupción en los centros penitenciarios y en el proceso penal sigue siendo una constante en México.

De acuerdo al CNSPFE, cerca del 40% de las personas internadas en centros penitenciarios, federales o estatales presentaron quejas por atención médica y/o psicológica. El presupuesto de las cárceles debería cuando menos garantizar los derechos mínimos de las personas privadas de la libertad, tales como tener acceso a medicamentos y agua potable. De igual forma, esta inversión pública debería dirigirse al proceso de reinserción social y readaptación de las personas que salen de los centros penitenciarios.

Se observa una tendencia a la baja en los cambios presupuestales. Sin embargo, en la siguiente gráfica vemos que la alta percepción de corrupción al interior de estos centros se ha mantenido en niveles de más del 70% de acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma entre los años de 2019 a 2022.

La falta de readaptación social se refleja al interior y hacia afuera de los centros penitenciarios. La desconfianza en las autoridades y en las instituciones como centros penitenciarios, así como las fallas en el proceso penal y las carencias que atentan contra el mínimo de derechos para las personas privadas de la libertad, son algunas formas de entender este problema público que se traduce en una alta percepción de corrupción.

Hasta que no se analice con seriedad los enormes problemas en centros penitenciarios sobre impunidad, desigualdad y de deficiente acceso a la justicia, la corrupción se mantendrá viva en las cárceles. Sin importar el gobierno en turno, el estado de nuestras cárceles es el estado de la justicia en el país.