La corrupción como violencia de género

Renata Gómez Lameiras

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La violencia de género, en sus diferentes formas, es un problema que día con día afecta a miles de mujeres mexicanas. Es una falla que los gobiernos no han logrado atender ni disminuir y que en la mayoría de los casos, estos siguen impunes. La razón de este texto es explorar cómo afecta la corrupción en los delitos contra las mujeres, un tema fundamental en la medida que se convierte en violencia de género. Por eso es necesario poner atención a la forma en que atienden y resuelven casos de violencia de género y cómo esto influye en la percepción pública sobre las autoridades judiciales. Entre estas instituciones se crea un patrón de revictimización hacia las mujeres, lo que contribuye a la cultura de la no denuncia y a la violencia contra las mexicanas.

Por ello, al hablar de impunidad y corrupción en delitos de violencias contra las mujeres, es importante entender cómo percibe la ciudadanía mexicana los niveles de cumplimiento de las instituciones encargadas de impartir justicia. Los datos son gravísimos. Se ha observado y documentado este problema en años anteriores. 1 En 2020, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) publicada en 2021, en 95.4% de los delitos de violencia de género —como violación, hostigamiento o intimidación sexual— no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación.

La misma ENVIPE 2021 2 señala que el principal motivo de no denuncia en México es atribuible a las autoridades. El 60% de las personas encuestadas dio como motivos de no denuncia actitudes hostiles, miedo a extorsión, desconfianza en autoridades, así como pérdida de tiempo y trámites largos o difíciles. Esto no está fuera de lo común. Sin embargo, es importante cuando hablamos de delitos contra las mujeres, que se puede traducir también en una consecuencia que proviene de una serie de violencias por parte de instituciones judiciales que re victimizan y que además no garantizan un acceso a la justicia para las víctimas.

La tasa de impunidad y la desconfianza en las autoridades genera que menos víctimas busquen las vías institucionales para denunciar, en tanto que saben que sus denuncias tendrán bajísima probabilidad de terminar en sanción y en justicia para cada caso. Esta tasa de impunidad se ve también traducida en la percepción de corrupción de autoridades judiciales como lo son jueces y magistrados, quienes tienen a cargo la impartición de justicia en delitos tales como violencia sexual, física así como tentativas de feminicidios.

Un caso para entender uno de los miles que hay de impunidad en este país, es el de María Elena Ríos, una saxofonista mixteca de Oaxaca a la que atacaron con ácido en septiembre de 2019. El delito fue de tentativa de feminicidio. En el caso hubo 5 agresores, entre autores intelectuales y materiales. Uno de ellos aún sigue libre, más de dos años después. María Elena Ríos en una entrevista 3 reciente mencionó la corrupción de tres magistrados, a los que el presunto responsable que sigue libre les dio un soborno para mantenerlo en libertad.

La saxofonista expuso la información que el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, le dio a conocer a través de audios. Ahí se exhibió un acto de corrupción en el que la hija de Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado federal del PRI, dio a tres magistrados un pago para resolver un amparo a favor del agresor que sigue libre, Juan Antonio Vera Hernández, también hijo del ex diputado.

Adicionalmente la saxofonista ha declarado 4 que denunciará ante la Fiscalía General de la República al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat por violencia de género debido a que le retiraron los recursos económicos para continuar con los tratamientos médicos que requiere para su recuperación por el ataque con ácido.

La corrupción en este caso es por un abuso de poder, tráfico de influencias y soborno. Entre los múltiples problemas que generan estos actos de corrupción, el más grave implica una injusticia. Hasta que no se investigue y sancione a cada uno de sus agresores la justicia seguirá pendiente. El costo de este acto de corrupción es un riesgo directo para María Elena Ríos en términos de su seguridad y la desprotección que implica dejar libre a quienes la violentaron.

Hay dos principales problemas de justicia en este caso. En primer lugar, tiene que ver con seguridad – la saxofonista en más de una ocasión ha solicitado apoyo de las autoridades para su protección. Los jueces cambiaron sus responsabilidades públicas por una cantidad de dinero, lo que implica una severa falla para la seguridad y la justicia de la víctima. La consecuencia de la corrupción es clara: vulnera la seguridad de las víctimas. La corrupción en casos de violencia de género permite que persista la impunidad y que esta afecte directamente en la posibilidad de garantizar la tranquilidad y seguridad de la víctima.

En segundo lugar, María Elena Ríos ha tenido que vivir una revictimización permanente debido a que familiares del agresor e incluso medios de comunicación continúan cuestionando su recuperación e incluso su vida personal. Como si, equivocadamente, tuviera que haber un “perfil de una buena víctima” para que pudiera recibir justicia, reparación del daño y que las autoridades cumplieran con su trabajo. Esto es una constante en la vida de las personas que han sufrido violencias contra su persona, sobre todo si hablamos de delitos de género. El trabajo del Estado demuestra que se culpa siempre a la víctima, en tanto que los agresores siguen libres y las víctimas que piden justicia son revictimizadas.

No es responsabilidad de la víctima lo que hizo su agresor. Las autoridades judiciales que deben de atender e impartir justicia no han trabajado por cambiar la perspectiva con la que se atienden e investigan los casos ni la equivocada percepción de que los delitos contra las mujeres son responsabilidad de las víctimas. El caso de María Elena Ríos no es un caso aislado, es la realidad de miles de mujeres víctimas de un Estado y un sistema de justicia ineficiente.

La corrupción en estos casos es también violencia de género. En México tenemos un sistema judicial que revictimiza y donde esto puede afectar directamente la denuncia, el acceso y la búsqueda de la justicia. El rechazo al cambio de un sistema judicial que actúe en favor de la justicia de las víctimas de delitos permite que la percepción de corrupción para estas autoridades no disminuya y que las brechas de impunidad sigan estando presentes en casos de violencias de género.

Casos como el anterior aumentan la desconfianza y la percepción de corrupción en las autoridades judiciales. Para entender cómo se percibe la corrupción para este sector del poder judicial, a través de la Encuesta MCCI - Reforma se ha preguntado cuánta corrupción creía que había en jueces y magistrados. La percepción de mucha corrupción por parte de estas autoridades se ha mantenido entre 54% y 59% en las últimas encuestas.

El costo de la corrupción por abuso de poder, tráfico de influencias o sobornos para pasar por encima de la ley afecta directamente a las víctimas y el acceso a justicia en sus casos. La elevada percepción de la corrupción en las autoridades judiciales es un síntoma de la desaprobación o el incumplimiento de la responsabilidad que tienen estas autoridades para hacer justicia, con apego a la ley.

En un país donde las tasas de impunidad en casos de violencia de género pasan del 95% el combate a la corrupción tiene que ser un factor en la estrategia para empezar a reducir estas cifras de violencia y de impunidad para empezar a garantizar justicia para las mexicanas.

El Estado mexicano tiene una responsabilidad para atender el problema de justicia. De otra forma, no puede responder por las víctimas de violencia de género. No solamente se trata de corrupción, sino de la incapacidad para cumplir con sus obligaciones. La falta de acción permite que la impunidad siga garantizada en delitos de violencia contra las mujeres.

Las autoridades judiciales deben empezar a poner la mirada en un nuevo modelo de justicia. El gobierno tiene la responsabilidad de implementar mecanismos y medidas para lograr que el acceso a la justicia en casos de violencia de género sea más accesible. Es necesario que deje de haber resistencia a hacer frente y cambiar los procesos de atención a las víctimas de delitos contra las mujeres para eliminar la revictimización y garantizar el acceso a la justicia.

La corrupción en delitos de violencia de género exhibe las deficiencias en el sistema de justicia mexicano. No sólo demuestra los problemas estructurales para tratar estos delitos, como la revictimización que provoca la corrupción. También permite ver que la corrupción en el acceso a la justicia para las mujeres debería ser considerada una forma más de las muchas violencias de género que provoca este país. Esto por ser una fuente adicional de violencia por parte de las instituciones que imparten justicia al revictimizar y donde se violenta y expone nuevamente a las mujeres cuando no se priorizan sus casos, su seguridad ni la justicia.

  • 1 México Evalúa, “Hallazgos 2020 Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” (2020). Disponible en https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/10/hallazgos2020-5octubre.pdf
  • 2 INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) Principales Resultados”, (2021). Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf
  • 3 Hernández Zamora Araceli, W RADIO “Voy a evidenciar a magistrados corruptos: María Elena Ríos” (2022). Disponible en https://wradio.com.mx/programa/2022/05/31/asi_las_cosas/1654006188_809114.html
  • 4 Latinus “La saxofonista María Elena Ríos denunciará ante la FGR al gobernador Alejandro Murat por violencia de género” (2022). Disponible en https://latinus.us/2022/08/25/saxofonista-maria-elena-rios-denunciara-fgr-gobernador-alejandro-murat-violencia-genero/