La corrupción en el sector privado: ¿Víctimas o victimarios?

Cuando se habla de corrupción, normalmente la primera imagen que viene a la mente es la del escándalo político más reciente. Da la impresión que la corrupción fuera sólo posible en las instituciones públicas o en autoridades que se perciben en la opinión pública como corruptas. Sin embargo, este fenómeno no se limita solo al sector público. La corrupción es un fenómeno que ocurre mediante redes estructurales y en ocasiones estas involucran sólo al sector privado. Es importante caracterizar este tipo de corrupción para entender mejor las diferentes aristas de la corrupción en el país.

En este sentido, el siguiente artículo busca analizar los problemas de corrupción que enfrenta el sector privado. También entender qué pasa cuando las empresas, que son pieza clave para el desarrollo económico, están envueltas en prácticas corruptas. Es preciso entender cómo el sector privado puede ser perpetrador y a su vez víctima de la corrupción que se vive en el país. En segunda instancia, se argumenta sobre la responsabilidad que tiene el sector privado y los grandes empresarios para combatir la corrupción.

A medida que la corrupción se vuelve más visible, la confianza en las instituciones públicas disminuye y la confianza en el sector privado puede erosionarse. 1 Esto puede verse reflejado, por ejemplo, al analizar los resultados de percepción sobre la corrupción que hay en los grandes empresarios a través de la Encuesta MCCI - Reforma 2022. Al preguntar “¿cuánta corrupción cree usted que hay entre los grandes empresarios?”, 82% de los encuestados consideró que hay mucho o algo de corrupción. Por su parte, la percepción generalizada sobre si hay mucha o algo de corrupción en México fue de 85%.

Una de las posibles explicaciones para esta percepción es quizá el continuo discurso negativo de la actual administración contra los grandes empresarios que, se dice, han abusado del sistema, y forman parte de la llamada mafia del poder. Sin embargo, también podemos observar que, desde 2019, los cambios de percepción de corrupción en el sector privado no han sufrido variaciones significativas. De tal forma, puede ser que se mantenga esta percepción de corrupción en el ámbito privado como un problema sistémico.

El sector privado y la corrupción

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Reguladora e Impacto Gubernamental en Empresas del INEGI, en nuestro país al cierre de 2020 había 4.1 millones de unidades económicas, de las cuales sólo 16,000 aproximadamente son consideradas grandes. 2 Es decir, como empresas que cuentan con más de 250 empleados. Por su parte, 85% son micro-empresas, lo que significa que cuentan con 10 o menos empleados.

Al analizar cómo se crean las redes estructurales de corrupción es importante mencionar que no necesariamente tienen que ocurrir en una interacción con el sector público. Estas redes pueden establecerse incluso sólo entre privados. Sin embargo, las definiciones más usadas de corrupción no suelen contemplar la extensión de lo que este fenómeno representa para el sector privado. Algunos autores definen la corrupción entre privados como “el tipo de corrupción que ocurre cuando un directivo o empleado ejerce cierto poder o influencia sobre el desempeño de una función, tarea o responsabilidad dentro de una organización o corporación privada, que es contrario a los deberes y responsabilidades de su posición de una manera que perjudique a la empresa u organización en cuestión y para su propio beneficio o el beneficio de otra persona u organización”. 3

Entre estos agentes, las principales prácticas de corrupción que existen pueden ocurrir en dos vías: la primera, al interactuar con servidores públicos, mediante sobornos para favorecer o acelerar procesos burocráticos, licitaciones públicas arregladas, extorsiones, entre otros. En el ámbito interno, las empresas y sus miembros pueden incurrir en actos de corrupción como el lavado de dinero, la evasión fiscal, los conflictos de intereses, la colusión, el nepotismo, el uso de información privilegiada para obtener ventajas comerciales, por mencionar algunos. 4

Cuando las empresas operan bajo una lógica económica en la que se prioriza la maximización de utilidades, la competitividad y el crecimiento, se corre el riesgo de que se involucren en actos de corrupción. Esta lógica crea incentivos para maximizar las ganancias a corto plazo y reducir costos, incluso en detrimento del desempeño futuro de la empresa. 5 Estas lógicas estructurales hacen muy difícil romper los incentivos de la corrupción. En particular, en mercados competitivos, si los competidores se corrompen, es muy probable que las empresas también se corrompan para no quedar en desventaja y seguir compitiendo.

Sin restar responsabilidad a los particulares, hay una discusión abierta sobre si la prevalencia de gobiernos corruptos provoca indirectamente que las empresas estén más dispuestas a participar en actos de corrupción, lo que ocasiona que la corrupción fuera una forma aceptada de hacer negocios. Queda la pregunta para futuras investigaciones.

¿Cómo y a quiénes afecta esta corrupción?

La ENCRIGE también nos permite conocer la percepción de corrupción y la experiencia de las empresas. En 2020, 71.5% de las empresas consideró que los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes en México. Asimismo, otras mediciones realizadas por MCCI en conjunto con Coparmex, nos muestran datos consistentes con esta tendencia: 9 de cada 10 empresarios de la red Coparmex considera que la corrupción en México es muy frecuente. 4 de cada 10 declara haber sido víctima de un acto de corrupción en el último año.

En ambas encuestas, las principales causas para la corrupción en el sector privado son agilizar trámites, seguido por evitar multas y sanciones, y en tercer lugar, evitar clausuras. Tan sólo en 2020, el costo promedio de incurrir en actos de corrupción fue de 7,419 pesos por unidad económica. El costo anual en promedio ascendió a 887 millones de pesos (Encrige, 2021).

Un fenómeno que se repite en el sector privado es que la corrupción afecta en mayor medida a las empresas más vulnerables. En este caso, a los pequeños negocios y comercios. Los efectos de la corrupción en el sector privado entorpecen todas las etapas de la actividad comercial, en tanto que distorsionan los mercados y la competencia. Esto significa que se incrementan los costos de operación, especialmente para los pequeños negocios, quienes al no poder cubrir estos costos, muchas veces son desplazados por los competidores más grandes. Estas distorsiones también pueden ir en detrimento de la calidad de los bienes y servicios producidos en una economía que se vuelve menos competitiva con estas pérdidas, lo que puede afectar indirectamente a los consumidores. 6

Las empresas también pueden ser perpetradoras de actos de corrupción. En este sentido, cargan con una importante responsabilidad para romper los círculos de corrupción que rodean el ambiente de negocios en México. De esta manera, y de acuerdo a estándares internacionales como la Foreign Corrupt Practices Act de EE.UU, la Bribery act de Reino Unido, o la misma Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, México se ha enfrentado a la necesidad de implementar y establecer legislaciones que regulen la actuación de las mismas. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 25, hay siete criterios de integridad empresarial como atenuantes ante posibles faltas administrativas graves de las empresas.

Los criterios descritos en la ley son los elementos mínimos indispensables con los que cualquier empresa debería contar para reducir los espacios de corrupción en su interior. Algunos de los más importantes son: el código de conducta, sistemas de auditoría, sistemas de denuncia y sanciones, manuales organizacionales, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

¿A quién le toca el combate a la corrupción?

En los estudios sobre opinión pública sobre corrupción se busca que la ciudadanía identifique la responsabilidad de algunos actores sociales en el combate a la corrupción: el gobierno, los ciudadanos y el sector privado. Cada uno de ellos puede ser a su vez perpetrador y víctima. Sin embargo, al preguntar cuánta responsabilidad tienen estos actores en la tarea de combatir la corrupción, no sorprende que en primer lugar encontramos al gobierno con 87% de personas que consideran que tienen mucha o algo de responsabilidad. Le siguen los ciudadanos con 80% y en tercer lugar los empresarios con 74%, un nivel semejante de responsabilidad de la que tienen los medios de comunicación.

Sin embargo, un problema al hablar de responsabilidad en el combate a la corrupción en este sector está en la distinción entre las empresas como personas morales y sus liderazgos como personas físicas. Hay una responsabilidad para los grandes empresarios como individuos para combatir la corrupción.

De acuerdo con Jorge Zepeda, en 2011 las veinte familias más ricas de México concentraban una riqueza superior al 10% del PIB. 7 En 2021, según el índice de millonarios de Bloomberg, en su edición más reciente de las 500 personas más acaudaladas del mundo, las seis personas más ricas de México son los dueños de las empresas como Telmex, Grupo México, TV Azteca y Grupo Salinas, Grupo Bal, Bimbo, Grupo Cinemex y José Cuervo. 8 Estas compañías, que innegablemente forman parte de la vida diaria de todos los mexicanos, han hecho sus fortunas por medio de la privatización de sectores, concesiones o regulados como bienes públicos. Es decir, en mayor o menor medida se han visto beneficiados de condiciones particulares con el sector público.

De acuerdo con un estudio realizado por el Financial Times, el 75% de las fortunas acumuladas por millonarios mexicanos se atribuyen a malos sectores. Es decir, a aquellos que son más propensos a tener corrupción por conflictos de recursos con el Estado como la minería, la energía, el petróleo o inmobiliarias. A partir de estas consideraciones cabe preguntarse ¿Debería ser mayor la responsabilidad que tienen estas grandes empresas y empresarios también en el combate a la corrupción? La respuesta es afirmativa.

Desde el sector privado, la responsabilidad del combate a la corrupción no acaba con la implementación de controles internos a políticas de integridad. Es necesario que los grandes empresarios de cada sector sean conscientes de la influencia que tienen en el resto de los sectores, así como que se aseguren que cada una de sus empresas cumplan al pie de la letra con sus responsabilidades ante la ley. Tener contratos laborales justos, cumplir con sus responsabilidades patronales mediante las prestaciones de ley a todos sus colaboradores, eliminar las prácticas de sub-registro ante el IMSS, eliminar prácticas discriminatorias, eliminar prácticas de evasión de impuestos, entre otras. Estas son algunas de las prácticas esenciales de una estrategia sólida e integral que tenemos pendiente como sociedad para combatir la corrupción.