La Fiscalía General de la República, ¿una oficina particular del fiscal?

Una realidad es que México es un país sumamente desigual. Factores como tu género, tu color de piel, tus ingresos económicos, si tienes una discapacidad, si perteneces a una comunidad indígena o tu orientación sexual condicionan el acceso a tus derechos. En este sentido, dependiendo de quién eres se te aplicará una ley u otra. Es decir, a pesar de que supuestamente la letra de la ley aplica por igual a todas las personas, la realidad es que dependiendo de tus características personales tendrás un trato legal diferenciado. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, el 65% de las personas encuestadas consideraron que el gobierno actual da un trato preferencial a algunos y sólo el 30% cree que la ley se aplica a todos por igual.

Es pertinente preguntarse quiénes son esas personas que tienen un trato preferencial. Una posible explicación es que las personas que tienen poder económico o político cuentan con un trato privilegiado. En este sentido, resulta importante analizar si las personas que ocupan altos cargos políticos en el actual gobierno hacen uso de este trato diferenciado. Este artículo se centrará en el análisis de un cargo específico: el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

No cabe duda que el fiscal Gertz Manero es uno de los actores políticos más importantes del país. Es decir, la Fiscalía General de la República (FGR) está a su cargo, un órgano constitucional autónomo fundamental para el Estado de derecho en México, ya que ésta es una pieza fundamental en la investigación de delitos y en el acceso a la justicia. No obstante, a pesar de la gran importancia del fiscal Gertz Manero en la vida política del país, éste ha estado envuelto en una serie de escándalos que lo han llevado a ser señalado por hacer uso de la Fiscalía para influir en asuntos personales. De acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, el 88% de las personas entrevistadas que tuvieron conocimiento de los escándalos relacionados con el fiscal Gertz Manero consideró que era cierto que el fiscal había usado su cargo para influir en asuntos legales personales.

Ahora bien, lamentablemente, existe evidencia que puede sustentar la percepción de la ciudadanía en relación con el fiscal Gertz. Algunos de los casos que pueden sostener tal afirmación son los casos relacionados con Alejandra Cuevas, la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) o bien, el caso relacionado con Julio Scherer. Estos casos serán explicados brevemente a continuación.

El primer caso es el de Laura Morán y Alejandra Cuevas. Laura y Alejandra fueron acusadas por el fiscal Gertz Manero del delito de homicidio por omisión en contra de Federico Gertz Manero, hermano del actual fiscal de la República. Según el fiscal, Laura Morán, esposa de Federico Gertz, y Alejandra Cuevas, hija de Laura, no cuidaron debidamente a Federico, lo que ocasionó su muerte.1 A pesar de la denuncia presentada por el fiscal Gertz Manero, en abril de 2016 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ de la CDMX) decidió archivar la denuncia.2 No obstante, el rumbo de las cosas cambió cuando Gertz Manero fue ratificado por el Senado como el fiscal general de la República. Misteriosamente, después de que el fiscal obtuvo este cargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejerció acción penal en contra de Alejandra y Laura. En este sentido, en octubre de 2020 se pidió la detención de Laura y Alejandra. La FGJ de la CDMX detuvo únicamente a Alejandra Cuevas y se dictó un auto de formal prisión en su contra, por lo que se encontró privada de su libertad en el penal de Santa Martha Acatitla por más de un año. La familia de Alejandra y de Laura promovieron amparos en contra del auto de formal prisión y de la orden de aprehensión en contra de Laura.3 Los amparos fueron atraídos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien otorgó los amparos para que Alejandra fuera puesta en libertad.4

Ahora bien, en primer lugar, resulta sospechoso que la FGJ de la CDMX hubiera ejercido acción penal en contra de ellas cuando Gertz Manero se volvió fiscal de la República, dado que ya había archivado la denuncia. Además, resulta aún más extraño que se hubiera formulado la acción penal en contra de Alejandra Cuevas bajo la figura de “garante accesoria”, cuando esta figura no existe en la ley. Además, es pertinente agregar que a principios de marzo de 2022 se filtraron una serie de audios de una llamada telefónica entre el fiscal Gertz y Juan Ramón López, fiscal especializado en control competencial. En la llamada, Gertz Manero afirmó tener en su poder el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán sobre los amparos de Cuevas y Morán.5 Además, acusó al ministro de no haber incluido en el proyecto lo que habían acordado previamente. El fiscal nunca negó la autenticidad de los audios y la FGR sólo informó que se abriría una carpeta de investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones.6 El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán dejan muchas dudas sobre la integridad de la Fiscalía y del fiscal Gertz. Además, brinda evidencia para afirmar que en efecto, el fiscal Gertz utiliza su posición política para influir en asuntos personales.

Otro caso que pone en duda la integridad del fiscal Getz, y que permite suponer que ha utilizado su cargo para gestionar asuntos personales, es el de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). El fiscal Gertz Manero fue rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México (UDLA) entre 1995 y 2018. En este periodo, el fiscal le concedió a Juan Ramón López un poder para pleitos y cobranzas, por lo que se emprendieron acciones en contra de la UDLAP por el nombre comercial, el logotipo y el lema de la Universidad.7 Cabe mencionar que Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus familiares, quienes dirigen la fundación Jenkins y son propietarios de la UDLAP, por administración fraudulenta y lavado de dinero. No obstante, en 2018 el Ministerio Público Federal decidió no ejercer la acción penal en contra de la fundación Jenkins. Cuando Juan Ramón López fue nombrado subprocurador, éste decidió revocar la decisión de no ejercer acción penal y se reabrió la investigación.8 De acuerdo con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la decisión del no ejercicio de la acción penal sólo puede ser revocada por un juez de control.9 De tal forma, el subprocurador López no tenía facultades para reabrir la investigación en este caso.

El caso anterior permite inferir que el fiscal Gertz Manero, a través del subprocurador Juan Ramón López, llevó a cabo acciones para desestabilizar a los propietarios de la UDLAP. Lo anterior provino de los pleitos que el fiscal, como rector de la UDLA, sostenía con la UDLAP por el logotipo, nombre y lema comercial de la universidad. Es importante enfatizar que las acciones del subprocurador López fueron ilegales, ya que no tenía facultades para reabrir la investigación en contra de miembros de la fundación Jenkins. En este sentido, éste es un caso más que permite afirmar que el fiscal Gertz Manero ha hecho uso de su posición para influir en asuntos meramente personales.

Finalmente, un último caso es el relacionado con las disputas entre el fiscal general Gertz Manero y el ex consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra. El 22 de abril de 2022, Julio Scherer interpuso una denuncia en contra del fiscal Gertz por los delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa.10 En la denuncia, Julio Scherer narra que en octubre de 2021 el fiscal Gertz Manero le solicitó gestionar ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) que los amparos promovidos por Laura Morán y Alejandra Cuevas fueran negados. No obstante, Scherer se negó a lo anterior, por lo que según la denuncia, Gertz le expresó que: “usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”. Asimismo, Scherer cuenta con dos carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Dichas carpetas de investigación fueron integradas por agentes del Ministerio Público pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Control Competencial, a cargo de Juan Ramón López, y la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR, a cargo de Adriana Campos López. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de Scherer, ninguna de estas fiscalías es competente para investigar los delitos presuntamente cometidos por él, por lo que se trata de la mera actuación de estas fiscalías bajo la instrucción de Gertz Manero.11

Además de la denuncia interpuesta por Julio Scherer en contra de Gertz, es importante mencionar que abogados allegados a Scherer fueron acusados de lavado de dinero, extorsión, tráfico de influencias y asociación delictuosa.12 No obstante, un juez de control decidió no vincularlos a proceso, debido a que la FGR no mostró datos de prueba que pudieran acreditar la comisión de estos delitos por parte de los abogados. Como consecuencia, la FGR expresó que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la actuación del juez y abriría una carpeta de investigación sobre el asunto.13

Este caso permite vislumbrar diversos aspectos. Por un lado, que existen personas que ya han procedido penalmente en contra del Fiscal Gertz por hacer uso de la FGR como un mecanismo para gestionar y perseguir asuntos personales. Además, resulta problemático que la Fiscalía también haya emprendido acciones en contra de abogados allegados a Scherer. Parece ser que el Fiscal ha utilizado la maquinaria institucional de la FGR para cobrar venganza en sus asuntos personales.

En este sentido, después de haber expuesto los casos anteriores, resulta razonable que la población mexicana desconfíe o bien, considere que el Fiscal Gertz no se conduce con rectitud. En esta línea de pensamiento, la Encuesta MCCI - Reforma 2022 demuestra que el 79% de la población considera que el Fiscal Gertz es corrupto, mientras que únicamente el 21% considera que es honesto.

Frente a la enorme deuda que tienen las instituciones mexicanas con la justicia, donde la desaparición forzada de personas, los feminicidios o los homicidios en contra de periodistas son el pan de cada día, la Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de enfocarse en la investigación de estos delitos y no en perseguir a enemigos del fiscal Gertz. De acuerdo con datos de México Evalúa, las investigaciones a cargo de la FGR disminuyeron un 30%. En 2018, existían 112,635 investigaciones, las cuales pasaron a 78,463 en 2020. Este dato no demuestra que la FGR haya aumentado su atención en estas investigaciones para una actuación eficaz, en tanto que el rezago institucional de la FGR alcanzó un 52% en 2020. En ese mismo año, la impunidad en los casos de fuero federal fue de 95.6%.14 Ahora bien, en casos que implican graves violaciones a derechos humanos como en el caso de desapariciones forzadas, existían 868 carpetas de investigación a cargo de la FGR. Sin embargo, en ninguno de estos casos se acreditó la comisión del delito ni se buscó el ejercicio de la acción penal.15

En conclusión, queda claro que en México enfrentamos problemas graves en materia de justicia como los feminicidios, las desapariciones forzadas y los homicidios en contra de periodistas. Frente a este terrible escenario, todas y todos necesitamos contar con una Fiscalía comprometida con la investigación de estos casos. No obstante, pareciera que la Fiscalía a cargo de Gertz ha funcionado para complacer los deseos de venganza del fiscal. Esto resulta sumamente grave, ya que la maquinaria institucional de la FGR se enfoca únicamente en los deseos del fiscal, dejando de lado las necesidades de millones de mexicanos y mexicanas. Lamentablemente, la búsqueda de justicia por parte de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos ha sido ignorada por la Fiscalía, en perjuicio para el país.