Toma tu voto: Los beneficiarios de los programas sociales y el gobierno

Cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen y quién los sacó.

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, 2018.

Cuando en 2022 se les preguntó a los beneficiarios de los principales programas sociales del gobierno federal gracias a quién creían que recibían los recursos de la política social, la mayoría de ellos (52%) señalaron directamente a Andrés Manuel López Obrador como el origen de esos beneficios. Cuando los entrevistados no eran beneficiarios directos, pero sí tenían algún familiar que lo fuera, el porcentaje disminuyó a 47%, pero siguió siendo la respuesta más popular.

Sin embargo, esto no era así antes. Cuando esa pregunta se hizo dos años atrás, la respuesta principal —tanto entre beneficiarios directos como entre personas con familiares inscritos en algún programa— no era el nombre directo de un político, sino una opción más «institucional»: en 2020, 51% de los beneficiarios señalaba que sus programas venían del gobierno federal y solo 38% mencionaban directamente a AMLO. A partir de 2021 se invirtió esta situación y la alternativa del gobierno federal comenzó a ser menos mencionada, mientras el nombre del presidente ganó una relevancia notable, principalmente entre los beneficiarios directos: en un solo año creció 19% y llegó a 57%.

En 2022 continuó disminuyendo la cantidad de beneficiarios que señalaban al gobierno federal como el origen de los recursos de sus programas, aunque la explicación que creció no fue directamente el presidente López Obrador —que siguió siendo la primera respuesta mayoritaria—, sino su partido. Morena fue señalado como el origen de los recursos 7% más veces que el año anterior, para llegar a ser la respuesta de 15% de los beneficiarios. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de este sexenio que ha apuntalado la imagen de que los programas sociales emanan directamente de una persona y su partido? Y, más importante aún, ¿cuáles son las consecuencias y riesgos de estas percepciones?

Clientelismo y política social en México

El uso de los programas sociales con fines electorales por parte de la clase política no es ninguna novedad en México ni en el mundo. Cuando un gobierno lleva recursos, bienes o servicios a una población, se abre la tentación de utilizar esos beneficios para generar un vínculo entre políticos y ciudadanos que puede ser aprovechado. Si este vínculo es explotado política o electoralmente en una relación de intercambio, se le conoce como clientelismo.

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado al menos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando apoyos sociales como los del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fueron implementados y utilizados para tratar de mantener el dominio del PRI ante el avance de los partidos de oposición.1 El mecanismo de fondo es sencillo, pero poderoso: si desde el poder pueden repartirse a voluntad recursos y beneficios, estos pueden utilizarse para coaccionar, de manera directa o indirecta, a los beneficiarios bajo la amenaza de que podrían perderlos si un determinado candidato o partido no gana.

Por eso cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a finales de la década de los 90, denunciaba: «ya no utiliza el PRI los mismos métodos. Ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas, ya no hay carruseles. Ahora (…) utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos».2

Esto llevó a una lucha permanente entre gobierno y oposición para tratar de despersonalizar las políticas del gobierno y dificultar la apropiación del crédito de las mismas, que culminó con la adición de un párrafo al artículo 134 de la Constitución donde se prohibió que toda la propaganda y comunicación oficial de los gobiernos tuviese «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público».

Eso no evitó que los gobiernos siguieran tratando de utilizar los recursos públicos de la política social para autopromocionarse, aunque tuvieron que hacerlo bajo eslóganes con los que se ha tapizado al país una y otra vez: lo mismo con las palabras «Oportunidades», «Mover a México» o «Bienestar». Sin embargo, durante este sexenio la política social se ha ejecutado con una serie de mecanismos que han logrado dar la vuelta a las leyes para publicitar permanentemente el nombre de Andrés Manuel López Obrador y para replicar los mismos vicios que en su momento fueron tan característicos de gobiernos del pasado.

Una imagen clara de esta estrategia pudo verse en los spots que Morena difundió como parte de la campaña electoral de 2021, en donde se difundieron mensajes como «¿quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes?» o «los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto».3 En el mismo sentido, en 2022 el nombre de AMLO apareció en miles de bardas, volantes, espectaculares y anuncios de todo el país a propósito del proceso de revocación de mandato. La ley claramente prohibía esta clase de despliegues publicitarios, pero a través de diferentes organizaciones políticas registradas como asociaciones civiles, la imagen presidencial se promocionó ampliamente.4 El argumento de los programas sociales también se usó intensamente en ese ejercicio democrático con mensajes como «Participa este 10 de abril en la revocación de mandato y apoya al presidente López Obrador: si no participas, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos y las pensiones que hoy recibimos. Dile sí a AMLO y no a los corruptos de siempre».5

Otro de los elementos fundamentales para entender la política social de esta administración es la estructura que ha sido creada para desplegarla: los Servidores de la Nación. Se trata de un equipo que en 2022 se integra con 19,569 personas a cargo que, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, «no sólo conocen las comunidades que recorren, también ayudan a facilitar, organizar y coordinar a los derechohabientes de los Programas Integrales de Bienestar para que reciban de manera directa y sin intermediarios los apoyos que por derecho les corresponde».6

Resulta paradójico que, para eliminar a los intermediarios, la estrategia del gobierno haya sido crear una estructura de intermediación que así es percibida por una buena parte de la ciudadanía. Cuando en la Encuesta MCCI - Reforma 2022 preguntamos la percepción sobre el trabajo de los Servidores de la Nación, la opinión mayoritaria (47%) es que se trata de representantes políticos del presidente y su partido, mientras que 43% los perciben como funcionarios públicos que cumplen con la función institucional descrita por el gobierno.

Si se divide entre ciudadanos que no reciben ningún programa social y los que sí o tienen a un familiar con alguno, en el grupo de beneficiarios no se desploma la percepción de que se trata de una estructura política: 48% de los beneficiarios de programas sociales ven a los Servidores de la Nación como representantes políticos. Es decir, casi la mitad de los beneficiarios —que puede presumirse que tienen una mayor interacción y por lo tanto una idea mejor formada del papel de estos funcionarios— los identifican como una estructura directamente asociada a los intereses de Andrés Manuel López Obrador y su partido.

Un fenómeno equivalente aparece cuando se pregunta sobre la percepción de corrupción en los Servidores de la Nación. Entre la población general, 60% de la ciudadanía considera que hay mucha o algo de corrupción en esta estructura. Al dividir entre beneficiarios y no beneficiarios, el primer grupo mantiene una opinión mayoritaria de que hay corrupción, pues 55% lo creen. En el grupo de no beneficiarios esta percepción es más alta: 64%.

Sobre las personas que no tienen interacción con los Servidores de la Nación, puede ser entendible que la percepción no necesariamente sea el reflejo de la incidencia real de corrupción y por lo tanto haya una sobreestimación, pero difícilmente puede decirse lo mismo de los beneficiarios, que conocen y tratan directamente con estos funcionarios públicos. En este caso, es llamativo que la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales perciben a los Servidores de la Nación como una estructura corrupta, pues solo 25% creen que en ella hay poco o nada de corrupción.

Si bien es difícil poder hacer inferencias directas sobre la prevalencia de la corrupción a partir de percepciones, es notable que 7% de los beneficiarios encuestados reportaron algún caso en el que se tuvo que dar una mordida o soborno explícitamente para la afiliación a algún programa social del gobierno dentro de los últimos 12 meses. Y cuando esa pregunta se amplía a considerar la petición de una mordida, propina o favor para recibir algún servicio o apoyo del gobierno, 14% de los beneficiarios reportaron haber sido víctimas de la corrupción. Además de la experiencia personal de los encuestados, es necesario recordar que existen múltiples episodios documentados de Servidores de la Nación violando la ley con fines electorales y haciendo uso ilegal de recursos públicos, lo que incluso ha sido comprobado y sancionado por las autoridades.7

Las consecuencias de la política social clientelar de AMLO

Entre las consecuencias de que la política social de esta administración tenga características abiertamente clientelares, hay dos que destacan por su relevancia: por un lado, el fracaso en la disminución de la pobreza y la desigualdad; por el otro, la deformación de las preferencias políticas ciudadanas para apuntalar el apoyo al partido del presidente a cambio de recursos públicos.

El termómetro más importante para medir el éxito de la política social también es el que presenta los peores resultados: hoy hay más personas pobres en México que al inicio de sexenio. Mientras que en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, en 2020 esta cifra se había elevado a 55.7 millones. Igualmente, la cantidad de personas en situación de pobreza extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones, es decir, 2.1 millones de personas que antes no estaban por debajo de la línea de bienestar mínimo hoy no pueden ni siquiera comprar una canasta básica.8

Y si bien una parte de esta situación puede ser atribuible a la crisis por el coronavirus, también es necesario señalar que México fue el único país de América Latina que no modificó ni una sola parte de su política social para tratar de proteger a las personas más vulnerables. Mientras todos los demás gobiernos se adaptaron para tratar de llevar más recursos a quienes más lo necesitaban, México se quedó de brazos cruzados.9 Esto solo amplificó los problemas de fondo de una política social clientelar.

Si bien las estadísticas oficiales muestran que en 2022 el 34% de los hogares mexicanos recibe al menos un programa social —que contradice el discurso presidencial que asegura que son 70% de los hogares—, los datos revelan que los hogares más pobres de México hoy están más abandonados que antes. Mientras que 7 de cada 10 de los hogares más pobres del país recibían algún programa social en 2016, para 2022 esa cifra cayó a 5 de cada 10.10 Esta es la noticia más alarmante de todas: las personas más pobres han sido abandonadas por una política social que, en el discurso, supuestamente debería protegerlas primero.

En resumen, hoy hay más pobres que antes y los hogares con más necesidades reciben menos programas sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de los beneficiarios de los programas sociales en la Encuesta MCCI - Reforma 2022, se debe precisar que no necesariamente estamos hablando de las personas más pobres del país. Esto es muy importante, pues en una parte de la opinión pública suele existir una estigmatización en la que se asume erróneamente que cuando se habla de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno de López Obrador, nos referimos únicamente a las personas con menores niveles educativos o de ingresos, lo que abre la puerta a una serie de prejuicios condenables. Esto no es así.

Si la política social de esta administración no sirve para abatir la pobreza ni la desigualdad, ¿entonces para qué sí sirve? La Encuesta MCCI - Reforma 2022 nos da una respuesta desoladora: para aumentar la intención de voto por Morena.

Como ya se ha señalado, en los últimos años ha habido un incremento de la percepción de que Andrés Manuel López Obrador es la fuente principal de la que brotan los recursos de la política social. Pues este fenómeno ha ido de la mano con una marcada diferenciación y cambio en las preferencias electorales entre los beneficiarios de los programas sociales. Mientras que la intención de voto por Morena ha caído 5 puntos porcentuales entre las personas que no reciben ningún programa de 2020 y 2022, entre los beneficiarios directos la situación es totalmente al revés: la preferencia por Morena ha incrementado de 52% a 61% en el mismo periodo. Es decir, entre beneficiarios y no beneficiarios hay una diferencia de 23 puntos en el apoyo al partido del presidente.

La mejor hipótesis para explicar esta enorme brecha de preferencias electorales que se sigue abriendo entre los beneficiarios y los no beneficiarios de los programas sociales tiene que ver con el carácter clientelar con el que se despliega y comunica diariamente la política social. Curiosamente, esta no es la primera vez que se detecta este fenómeno alrededor de Andrés Manuel López Obrador.

El eslogan «por el bien de todos, primero los pobres» acompaña al hoy presidente desde hace más de 20 años. Cuando llegó a ser jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2000, una de sus primeras decisiones fue poner en marcha su Programa General de Desarrollo. En ese plan destacó la creación de programas como las pensiones para el bienestar de los adultos mayores, becas para personas con discapacidad o apoyos económicos para madres solteras. Igualmente, para la implementación y comunicación de sus programas, Andrés Manuel López Obrador se apoyó en un ejército de alrededor de 5 mil personas pagadas que se encargaban de mantener contacto directo con la población beneficiaria, conocidas como las «Brigadas del Sol».11 Este cuerpo de denominados «voluntarios» fue una de las primeras creaciones de AMLO en 1997, cuando llegó a la presidencia de su entonces partido —el PRD—12 y fue una piedra angular en su estrategia electoral.13

Los resultados de estas acciones están a la vista: en el Distrito Federal aumentó la identificación partidista con el PRD, que pasó de 25.1% a 43.4% entre el 2000 y 2006, un cambio de más de 18 puntos. Algunas investigaciones que se hicieron durante el gobierno de López Obrador en la capital apuntaban al efecto que estaban teniendo los programas sociales, pues se comenzaron a identificar fenómenos diferenciados de aprobación y preferencias electorales entre los beneficiarios.14 Años después, otras investigaciones han corroborado que «la condición de beneficiario de los programas sociales representó la principal variable explicativa del incremento del perredismo en las elecciones de jefe de Gobierno de 2006».15

Conclusiones

Andrés Manuel López Obrador ha logrado utilizar la política social como una herramienta que le ha redituado beneficios políticos y electorales al menos en dos momentos diferentes: primero como jefe de Gobierno de la capital y después como presidente de la República. Los paralelismos no terminan ahí, pues en ambos casos la estrategia ha tenido prácticamente las mismas características, aunque con diferentes dimensiones e implicaciones.

Los datos de la Encuesta MCCI - Reforma 2022 muestran que el presidente ha logrado desplazar gradualmente la visión institucional de la política social para transformarla en programas que los beneficiarios asocian directamente con su persona. Esto beneficia directamente a él y su gobierno, pues no puede comprenderse la aprobación de ambos sin considerarse el efecto que los programas sociales están teniendo en la población. Sin embargo, las evidencias sugieren que los rasgos clientelistas de sus acciones también están beneficiando a su partido político, Morena.

Todo esto nos lleva a una última y espinosa cuestión. El objetivo final de una política social exitosa debería ser la transformación de las condiciones de vida de las personas para permitirles desarrollarse libres y sin miedos relacionados con limitantes socioeconómicas, pero los programas sociales de la actual administración no lo están logrando. Si, como mencionamos en nuestra declaración de principios al comienzo de este volumen, entendemos por corrupción el abuso de cualquier posición de poder —pública o privada— con el fin de generar un beneficio privado indebido a costa del bienestar colectivo o individual, ¿podemos decir que la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de clientelar, es corrupta? Está en ti, apreciable lector, decidirlo.