En mayo de 2022, el presidente estadunidense Joe Biden señaló que el costo mundial de la corrupción se ubicaba en el impreciso rango entre 2% y 5% del producto interno bruto global, que equivale a la inaccesible cifra de 94 billones de dólares. 1 Esta afirmación desató críticas sobre la veracidad de lo expuesto por el mandatario, que en más de una ocasión ha utilizado esta estimación como marco de referencia de la política anticorrupción en su gobierno. Semanas más tarde, en su revisión de hechos, el diario The Washington Post desmintió la validez de la cifra del presidente Biden debido a su poca solidez estadística.
Este ejemplo de la imprecisión en el uso de cifras oficiales sobre corrupción nos lleva a una pregunta: ¿cómo estimamos cuánto cuesta la corrupción en el mundo? La intuición que se antepone a la pregunta no viene únicamente del ocio de economistas y otros saberes esotéricos. Ante la decisión de enfrentar los problemas públicos con evidencia, es inevitable la responsabilidad de definir con precisión el tamaño y la forma que tiene el enemigo que queremos combatir. En la medida que haya estimaciones más precisas sobre las dimensiones de la corrupción en la vida pública global, habrá mejores formas de categorizar, estudiar y hacer política pública anticorrupción. Las narrativas simplonas que ignoran estas necesidades para entender la corrupción, sostenidas sólo en la premisa de un cambio moral del gobierno como estrategia de solución, no son otra cosa que demagogia. A final de cuentas, no se puede entender un problema público del que no se quiere hablar.
Pese a la importancia de contar con estimadores confiables sobre el costo que impone la corrupción a la sociedad, hay evidencia suficiente para pensar que la mayoría de las cifras sobre el costo de la corrupción son extrapolaciones o generalizaciones poco creíbles o abiertamente problemáticas. En un comprensivo reporte del Instituto Chr. Michelsen (CMI, por sus siglas en inglés), institución pública noruega, se revisaron diez de las cifras más usadas como aproximaciones del costo global de la corrupción. El resultado de su análisis no puede ser ignorado entre quienes estudian la corrupción. Seis de las cifras públicas sobre el costo mundial de la corrupción son problemáticas y cuatro carecen de fundamentos básicos. Ninguna de las estimaciones con las que contamos hoy es creíble.
Esta revisión crítica de las cifras sobre el costo de corrupción no puede llevarnos al pesimismo ni al cinismo sobre la futilidad de nuestros esfuerzos para entender el problema. Por el contrario, representa una oportunidad para encontrar nuevos divisaderos. Una de las principales observaciones que explican el uso de estas cifras equívocas es que, en la lucha contra la corrupción, muchas veces se utilizan con fines comunicacionales para promocionar políticas anticorrupción con muy buenas intenciones, pero sin fundamentos. Según recuerda el estudio de CMI, estas cifras han sido más un llamado a la acción que una guía para la acción pública. Acaso cuando hablamos de corrupción no vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos.
Como un epílogo para esta colección de ensayos, escrito desde las perspectivas críticas de autoras y autores, vale la pena proponer nuevos puntos de vista para entender las pérdidas que impone la corrupción en la sociedad mexicana. Aunque por su ámbito de estudio no constituye un intento para explorar de forma general el costo de la corrupción en el país ―labor que precisa otros instrumentos de investigación―, los argumentos en estos textos permiten identificar áreas donde hay pérdidas significativas para el país que deberían ser incluidos en las metodologías para medir los costos de la corrupción. Con eso buscamos ofrecer perspectivas que ayuden a dimensionar el reto que la corrupción impone a México en términos económicos, políticos y sociales.
El primer ensayo de Marina Gómez Robledo analiza la impunidad desde una pérdida fundamental para la sociedad: la capacidad que tenemos para imaginar un país justo. Según la autora, la pérdida de confianza en las instituciones de justicia no sólo representa un incentivo a cometer delitos, en tanto que se sabe que las posibilidades de castigo son mínimas. Significa también para las víctimas la imposibilidad de que el Estado les haga justicia. Esto representa un círculo vicioso de impunidad en el que pierde la sociedad algunos de los parámetros básicos para vivir en paz.
En su segundo ensayo, Gómez Robledo se refiere a la pérdida política que vive la sociedad mexicana cuando se pierde la confianza en los partidos e instituciones políticas. Cuando los ciudadanos perciben corrupción en las instituciones electorales, aumentan las dudas sobre la legitimidad de los ganadores de los procesos electorales. De ahí no sólo sobreviene la pérdida de confianza en el liderazgo y las decisiones públicas de las autoridades electas, sino también la incapacidad de tener una oposición que funcione como un contrapeso republicano en el sistema de partidos. En ese sentido, la falta de confianza en los partidos y las instituciones electorales representa una pérdida de confianza en un proceso político competido y confiable.
En los textos de Diana García Ángeles se refieren las formas en que la percepción de corrupción representa una pérdida de confianza de la sociedad en el sistema de justicia, en una cadena generalizada que involucra lo mismo al Fiscal General de la República hasta el policía de calle. En su primer ensayo, se demuestra que el uso indebido de las atribuciones del Fiscal General limita las capacidades del poder judicial, la imparcialidad de su actuar y el debido proceso para las y los ciudadanos. Una Fiscalía concentrada en fungir como oficina de las venganzas personales del Fiscal desvía la atención de los verdaderos problemas de justicia en el país, para los cuales la labor de la fiscalía hasta ahora ha sido negligente, como evidencia la autora.
En el segundo ensayo de García Ángeles se analizan las enormes carencias en materia de combate a la corrupción que ha demostrado la Fiscalía en la actual administración. De ahí que no sea raro que los ciudadanos desconfíen del combate a la corrupción y de la Fiscalía como eje articulador del sistema de justicia. Esta desconfianza, que encadena a todas las instituciones responsables en la procuración de justicia, limita nuestra capacidad de sentirnos seguros como ciudadanos, en tanto que limita a su vez el ejercicio pleno de nuestros derechos.
El ensayo de Javier Martínez analiza el respaldo que tiene la militarización en la opinión pública. No sólo son las instituciones militares las mejor evaluadas en términos de menor percepción de corrupción, sino que también se les considera que podrían ayudar a disminuir la corrupción. El apoyo de la opinión pública hacia las instituciones castrenses viene acompañada de una advertencia del autor sobre los riesgos que esto conlleva. Aunque puede parecer una alternativa de corto plazo debido a la baja percepción de corrupción en estas instituciones, en el largo plazo la extensión de las instituciones castrenses a la vida civil puede ser un obstáculo para la consolidación de las instituciones democráticas. La advertencia del autor es fundamental para el debate público actual: no hay rutas institucionales claras para el caso de que las fuerzas armadas lleguen a trastocar el proceso democrático.
Los escritos de Miranda Carballo Corrales argumentan las formas en que la corrupción afecta el ejercicio de derechos básicos para mexicanos, mexicanas y mexicanes. En especial, la autora sostiene que la corrupción tiene efectos desproporcionados en las poblaciones más marginadas, en tanto que les desprotegen y perpetúan generacionalmente las desigualdades que las excluyen del mundo. Sucede así en los ámbitos de la educación y la salud. La corrupción que afecta estos ámbitos excluye a las personas de lo público y limita sus posibilidades de vida, su capacidad de ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En el caso de la educación, según Carballo Corrales, se pierde el derecho de generaciones de niñas, niños y niñes para imaginarse un futuro mejor. También les limita las herramientas que les permitan la movilidad social. En el caso de la salud, son millones de personas quienes pierden la paz al estar excluidos de un sistema de protección, lo que les impone costos desproporcionados para tener atención médica básica y mayores riesgos de corrupción. En ambos textos se argumenta que la percepción ciudadana de corrupción en las áreas de educación y salud están sostenidas en la evidencia del desproporcionado efecto que tienen los actos de corrupción en estos rubros para las comunidades más marginadas del país.
El ensayo de Lorenzo León argumenta que cuando la ciudadanía es víctima de la corrupción se hace más empática para considerarla como un problema. Quienes experimentan la corrupción se vuelven más escépticos en su capacidad y deseo de acceder a las herramientas del Estado. En ese sentido, las pérdidas de confianza y de justicia nos hacen más cínicos ante la corrupción de las autoridades, pero también menos capaces de cambiarlas. No menos importante resulta que la privatización de los objetivos públicos desmantela la misma concepción comunitaria de la arena pública y política. De esa manera, según el autor, perdemos Estado en la medida que perdemos la capacidad de cooperar y ver los problemas públicos con perspectiva. En lugar de poner en el centro del debate público los principales problemas del país, la corrupción absorbe la energía y los esfuerzos tanto de ciudadanos como de las autoridades. De ahí que la victimización de la corrupción sea un área de política pública central para combatir el problema.
El ensayo de Claudia Torres recuerda que la corrupción es también un problema para el sector privado, el cual impone importantes consecuencias públicas. La primera es la pérdida de competitividad tanto en las empresas del país como de cara a un mercado global, lo que incide directamente en la inversión privada en México y en la disminución de las expectativas de crecimiento de la economía. La segunda deriva del hallazgo de que la corrupción afecta desproporcionadamente a las pequeñas empresas, lo cual resulta fundamental para entender los retos que enfrentan la innovación y el emprendimiento. Dada la precariedad que les impone la corrupción a las pequeñas empresas, hay un límite claro sobre sus expectativas de crecimiento. La tercera representa un impacto directo a los consumidores mexicanos, que se enfrentan a menos bienes y servicios de calidad, debido a la falta de competencia que se produce por la corrupción. Finalmente, los impactos diferenciados de la corrupción entre pequeñas y grandes empresas aumentan las brechas de desigualdades en el país. De ahí que la autora concluye con la necesidad de que el sector privado y las grandes personas empresarias tomen acción para combatir la corrupción como una responsabilidad pública ineludible con el desarrollo de México.
Los textos de Miguel Torhton identifican dos asuntos relacionados con la forma en la que entendemos la corrupción en México. El primer ensayo se refiere a cómo las instituciones extractivas, una cara particular de las prácticas de corrupción, limitan el desarrollo. En este ensayo se ofrece evidencia de que todavía hay instituciones extractivas en nuestro país, lo que significa que se mantienen prácticas rentistas donde ciertos grupos se aprovechan de lo público para beneficios propios a costa del bienestar de los demás. La pérdida para la sociedad de esta organización institucional es la permanencia de las brechas de desigualdad que excluyen a ciertos sectores mientras permiten con impunidad que otros abusen de lo público.
El segundo ensayo es una crítica a la supuesta relación entre la aprobación presidencial y los avances en las políticas sobre corrupción. Los estudios de opinión pública han puesto en el centro esta relación bajo el argumento de que la implementación de políticas anticorrupción representan un incentivo para los gobiernos, en la medida que las y los ciudadanos evalúan positivamente su desempeño conforme a las políticas anticorrupción que ponen en práctica. El texto problematiza esta idea mediante evidencia que apunta a que la percepción de la corrupción y la evaluación presidencial pueden ser independientes. De ahí que el autor proponga la necesidad de que haya herramientas ciudadanas para que las políticas de combate a la corrupción no estén al capricho electoral de los gobiernos.
En los ensayos de Renata Gómez Lameiras se hacen dos alegatos sobre la justicia en México. En el primero se argumenta que el estado de las cárceles es indicativo del estado de la justicia en el país. En ese sentido, la percepción pública de corrupción está enlazada a un estado del sistema penitenciario que viola sistemáticamente los derechos de las personas privadas de libertad. Para evidenciar su alegato, la autora analiza encuestas de percepción de corrupción, las de percepción de la población carcelaria y el análisis presupuestal del sistema carcelario. Su argumento es claro: la omisión de las autoridades, que ha derivado en la disminución del presupuesto público a las cárceles, vulnera los derechos de la población privada de libertad. De ahí que prevalezca, tanto en esta población como en la percepción pública, la visión de que el sistema penitenciario es muy corrupto. De acuerdo con la autora, en México no habrá justicia hasta que las prisiones sean espacios para la reinserción social y no para el castigo.
El segundo ensayo discute las deficiencias en la justicia hacia la violencia de género en México. Desde una perspectiva feminista, Gómez Lameiras apunta a la percepción de corrupción en jueces y magistrados para la opinión pública desde el emblemático caso de violencia de género de la saxofonista mixteca María Elena Ríos, en el cual las decisiones de las instituciones de justicia vulneraron la integridad de la víctima y la revictimizaron. Este caso es ilustrativo de la poca voluntad de cambio que tiene el Estado mexicano: sus instituciones de justicia siguen dejando desprotegidas a las víctimas de violencia. La corrupción que lleva a la revictimización de las mujeres que viven estos casos es también, según la autora, una forma de violencia de género.
El texto de Ricardo Alvarado Andalón refiere las deficiencias que tiene la denuncia como una posible salida de la corrupción. En su análisis, se identifica una de las principales paradojas de la lucha anticorrupción en México. Aunque los esfuerzos se han centrado en el éxito de la denuncia pública, en la práctica la cultura de la denuncia parece fallida desde el inicio en la medida que la ciudadanía desconfía de ella. En tanto que la denuncia resulta un mecanismo en el que las ciudadanas y ciudadanos no pueden confiar, la posibilidad de que sea una salida de política pública contra la corrupción presenta serias limitaciones estructurales. El texto de Alvarado Andalón demuestra los límites de la denuncia como política pública y abre un espacio de discusión sobre las implicaciones de este modelo fallido.
El texto de Leonardo Núñez González identifica una tendencia fundamental para entender los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador en México. Desde que empezó esta administración ha crecido el número de personas que atribuyen el origen de sus políticas sociales al Presidente y a su partido. Esto es el resultado de una política social ideada con fines electorales. En 2022, 7 de cada 10 beneficiarios de programas sociales creen que el dinero que reciben proviene de AMLO y de su partido. No sólo el problema es que la política social en México viola abiertamente la ley electoral con respecto a la personalización de los programas públicos para crear redes de apoyo electoral. El autor demuestra también que los programas sociales han fallado en atender a las poblaciones más desfavorecidas. La política social de esta administración no sólo no ha reducido la pobreza, sino que causa nuevos pobres todos los años. De acuerdo con el autor, 11 millones de personas que no eran pobres al iniciar el sexenio, hoy lo son. Asimismo, mientras en 2016 7 de cada 10 de los hogares más pobres recibían al menos un programa social, en 2022 sólo 5 de cada 10 los reciben. La mitad de los hogares más pobres hoy están desprotegidos de la acción del Estado como consecuencia de una política social que prioriza crear bases de apoyo electoral.
CRÉDITOS
Unidad de Investigación Aplicada
Comunicación
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