Contra la aprobación presidencial

A Ignacio Marván y Jorge Chabat, con gratitud

Los estudios de opinión pública sobre corrupción en México han puesto desde hace décadas un énfasis especial en la relación entre la aprobación presidencial y la corrupción. A partir de las lecturas de análisis sobre opinión pública en el país, 1 el argumento por el que se ha analizado esta relación es que una de las consideraciones con las que la ciudadanía evalúa a los presidentes en turno son sus políticas anticorrupción. Aunque parece trivial, la idea tiene implicaciones relevantes para la forma que entendemos el sistema político mexicano. De ser correcta esta relación, un presidente que tenga entre la ciudadanía una percepción positiva sobre sus políticas anticorrupción se vería beneficiado de una mejora en su aprobación, lo cual idealmente crearía el incentivo para las administraciones de crear políticas anticorrupción robustas. Este ensayo busca problematizar esta idea.

A partir del análisis de la Encuesta MCCI-Reforma 2022, en las siguientes páginas se argumenta que la aprobación y la percepción de la corrupción podrían entenderse como fenómenos independientes y sin relación entre ellos. Según la evidencia que ofrece la encuesta, la aprobación podría estar relacionada con los atributos personales del presidente y tener un comportamiento estable con el tiempo, por lo cual la evaluación de sus políticas anticorrupción no afectaría su percepción entre la ciudadanía. Como consecuencia, una creciente percepción de corrupción podría no tener impacto en la evaluación ciudadana del presidente. Una de las principales implicaciones públicas de este hecho podría ser la necesidad de desapegar el avance de las políticas de corrupción con la aprobación presidencial. La percepción ciudadana de la corrupción se refiere a una experiencia reportada.

La aprobación del presidente se refiere a las narrativas que la ciudadanía. Las y los ciudadanos podemos exigir que las políticas anticorrupción sean planeadas y ejecutadas más allá del beneficio político de los gobernantes. Representan una responsabilidad pública, más allá de que ella implique en términos de beneficios para la aprobación del Ejecutivo.

El investigador Ricardo Gómez analizó la relación entre percepción de la corrupción y aprobación presidencial entre 1994 y 2006. 2 En su análisis, encontró que la corrupción en México comenzó a ser un elemento relevante para medir la aprobación presidencial a partir de la transición democrática del año 2000. Según el autor, la democracia hizo de la corrupción un tema fundamental para el sistema político mexicano. En tanto que se veía como un obstáculo para la democratización del país, el autor afirma que después de 2000 «los votantes empezaron a evaluar al presidente en términos de sus políticas y desempeño anticorrupción». 3 Esta idea ha permanecido en el debate como un argumento sobre el incentivo positivo que tendrían los gobiernos para hacer políticas públicas anticorrupción. Este texto breve, sin ninguna pretensión académica, sugiere revisar algunos de los divisaderos desde los cuales se analiza el tema para proponer nuevos argumentos sobre la forma de exigir a los gobiernos una adecuada planeación y ejecución de políticas públicas anticorrupción.

Percepción de la corrupción

Aunque ambas son formas de la evaluación subjetiva que las personas tienen sobre el mundo, la percepción de la corrupción y la evaluación del presidente pertenecen a categorías de percepción distintas. Por una parte, la de la corrupción se refiere a la experiencia vital en la que las ciudadanas y ciudadanos participan de un fenómeno que identifican como corrupción. Esta noción mide en qué medida los individuos consideran que participan de estas prácticas. Por otra parte, la evaluación del presidente se refiere a la disposición emotiva con la que se percibe a la persona que gobierna. La percepción de la corrupción es un registro vivencial de los hechos; la evaluación presidencial es acaso más semejante a un afecto. Como ha discutido la literatura de psicología política, en algunos contextos la percepción de corrupción puede influir en la evaluación que hacen los ciudadanos de su presidente. Sin embargo, para la Encuesta MCCI – Reforma de 2022, no hay evidencia de que esto suceda.

En general, la encuesta es indicativa de que las y los encuestados muestran una percepción pesimista con respecto a la corrupción. En el cuarto año del levantamiento de la encuesta, la corrupción está considerada como el tercer problema del país. De igual forma, 8 de cada 10 encuestados considera que en México suceden actos de corrupción frecuente o muy frecuentemente. Cuando se les preguntó sobre el pasado, la mitad de los encuestados creyeron que la corrupción había empeorado. Al considerar el futuro, en los próximos 12 meses 4 de cada 10 encuestados considera que la corrupción aumentará y uno de cada 4 considera que se mantendrá igual. Estos indicadores revelan una percepción de corrupción generalizada y normalizada en México, para la cual los ciudadanos no ven un cambio aparente. Los hechos percibidos en materia de corrupción son claros. De acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, la corrupción no cede.

Evaluación presidencial

Es llamativo, sin embargo, cómo cambia la relación sobre la corrupción cuando se añade a la ecuación la evaluación presidencial. Como se refirió en el apartado pasado, prevalece una percepción negativa de corrupción. Sin embargo, la evaluación de las políticas anticorrupción de la administración actual muestra una interesante contradicción: la calificación del combate a la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es más positiva que negativa, como puede apreciarse en la siguiente gráfica. Pese a ello, al compararse en el tiempo, es notorio que ha tenido una caída precipitada en comparación con los primeros años de su gobierno. En 2019, 72% de las personas consideraba positivamente la lucha contra la corrupción en la administración de López Obrador. A partir de 2020 y en adelante, sólo 44% de la ciudadanía encuestada consideró como positiva la forma en que la actual administración combate la corrupción.

Pese a la caída en la evaluación positiva de las políticas de corrupción en este gobierno, el hallazgo parece inconsistente con el argumento expuesto al principio de este ensayo, según el cual una administración con alta percepción de la corrupción podría llevar a una evaluación negativa para quien sea titular del Poder Ejecutivo. En este caso, la evaluación de las políticas de corrupción no afecta la evaluación del presidente en turno que, según las estimaciones de la Encuesta MCCI - Reforma 2022, es aprobado en su gestión por 6 de cada 10 encuestados.

Valdría la pena problematizar esta aparente contradicción. ¿Por qué si se considera que hay una creciente corrupción se cree que las políticas anticorrupción y la administración del presidente van por buen camino? En tanto que los análisis sobre el tema asumen que la relación sería la opuesta, tal vez valdría la pena revisar algunos de sus supuestos. Quizás el más importante es que la percepción de corrupción podría afectar la percepción del desempeño del presidente. Pero, ¿qué pasaría si la medición del desempeño del Ejecutivo estuviera mediada por otros factores? En la Encuesta MCCI - Reforma 2022 se encontró que 6 de cada 10 encuestados, una proporción igual a aquella que aprueba al Presidente, considera que es una persona honesta. Aunque otras áreas e instituciones de la administración resultan mal evaluados en términos de la corrupción percibida, la mayoría de los encuestados consideran que el Presidente es un individuo honesto. Valdría la pena poner atención a ese hallazgo para futuras investigaciones: acaso la valoración emotiva sobre los atributos personales del presidente podría primar en su evaluación y en la consideración de algunas de sus políticas, antes que la consideración sobre la percepción de corrupción que vive la ciudadanía en la vida diaria.

Este divisadero crítico no pretende ningún esquema de corroboración académica, sino que busca sembrar dudas sobre la forma que entendemos la relación entre percepción de la corrupción y evaluación presidencial. De acuerdo con este hallazgo, el argumento que propone que las administraciones tienen incentivos para diseñar e implementar políticas públicas anticorrupción robustas como una forma de mejorar su percepción pública y ser más competitivos electoralmente podría estar basada en supuestos infundados en algunos contextos. Es decir, no podemos considerar que el solo incentivo electoral de las políticas anticorrupción puede ser suficiente para obligar a los gobiernos a diseñarlas y llevarlas a cabo.

En ese sentido, esta revisión crítica impone la necesidad de repensar la estructura de incentivos según los cuales un gobierno desarrolla medidas anticorrupción, mismas que constituyen un pilar fundamental para un gobierno democrático. Más allá de pensarlo como una política con beneficios electorales para las administraciones, se abre la posibilidad para entender a las políticas anticorrupción como una exigencia de la ciudadanía que no puede depender del favor electoral de la administración en turno. De ahí que valga la pena que las y los ciudadanos cuenten con mejores herramientas, además de la vía electoral, para exigir que se cumplan las responsabilidades de transparencia y anticorrupción que corresponden al gobierno.