Instituciones extractivas en México

Los estudios sobre el desarrollo han propuesto distintas hipótesis para explicar porqué algunos países alcanzaron un mayor desarrollo económico que otros. Una de las principales es la que asume que la cultura prevaleciente en ciertos países incentiva el desarrollo económico, hipótesis que se ha desarrollado tras la discusión de Max Weber sobre la ética del protestantismo como origen del modelo capitalista. 1 Otra idea más contemporánea es la que refiere que son las diferencias geográficas las que incentivan diferentes comportamientos con respecto al trabajo y la producción entre los países del norte y del sur. 2 A estas explicaciones se le oponen los estudios sobre los efectos del colonialismo, que asumen que las diferencias en el desarrollo se deben a que la explotación de los países colonialistas del norte sobre los recursos de los países del sur han profundizado las diferencias en los patrones de desarrollo. 3 Aunque todas estas hipótesis han sido útiles para explicar los divergentes caminos en los procesos de desarrollo de los países, lo cierto es que hay casos relevantes que demuestran la insuficiencia explicativa de una sola teoría como predictor de las desigualdades en el desarrollo de los países. Una propuesta alternativa que ha surgido en la literatura reciente proviene de las lecturas e interpretaciones que han hecho Daron Acemoglu y James Robinson, en su ya clásico libro sobre desarrollo ¿Por qué fracasan los países?. 4

La hipótesis central de estos autores es que, más allá de las variaciones en la cultura, la geografía o los patrones de dominación colonial, una posible razón que explica los caminos del subdesarrollo es la permanencia de instituciones extractivas en las sociedades. Según los autores, las diferencias en el éxito económico de los países derivan de las reglas e incentivos que motivan a las personas. De esta manera, identifican dos tipos de instituciones: extractivas e inclusivas. Por una parte, las inclusivas son aquellas que permiten a más personas participar en actividades económicas como la seguridad a la propiedad privada, el estado de derecho y los servicios públicos que igualan el campo de juego entre las personas. De acuerdo con los autores, los países que concentran en la vida pública un mayor número de instituciones inclusivas abren espacios para el desarrollo. Por otra parte, las instituciones extractivas son aquellas diseñadas para extraer la riqueza de un sector de la sociedad a otro. En los países donde son prioritarias las instituciones extractivas en la vida pública, las oportunidades necesarias para el crecimiento económico están limitadas a un sector de la población que extrae la riqueza de otros grupos, lo que deja como impronta un marcado camino hacia el atraso.

Para los estudios sobre corrupción, las hipótesis de Daron Acemoglu y James Robinson tienen relevancia en la medida que ponen en el centro del debate el funcionamiento de las instituciones públicas como motores del desarrollo. Según esta línea de argumentación, la corrupción no es un resultado predeterminado únicamente por la cultura, la geografía o las herencias coloniales. Por el contrario, la corrupción es el producto de las decisiones políticas que han mantenido la preeminencia de instituciones extractivas en la vida pública. Este ensayo busca analizar las principales formas de instituciones extractivas identificadas por la población mexicana mediante la Encuesta MCCI - Reforma 2022. La prevalencia de estas prácticas es indicativa de las instituciones extractivas que son comunes a la sociedad mexicana, mismas que pueden ser determinantes para explicar la corrupción y sus efectos devastadores para el desarrollo del país.

Instituciones extractivas en México

Este ensayo analiza la prevalencia de algunas instituciones extractivas en la vida pública en México. Para ello, la Encuesta MCCI-Reforma 2022 ha identificado mediante siete preguntas algunas de las prácticas extractivas más comunes en la vida pública mexicana, principalmente relacionadas con la necesidad de ofrecer sobornos para facilitar trámites o evitar sanciones. Este comportamiento es un ejemplo clásico de comportamiento rentista, mediante el cual un sector de funcionarios públicos aprovecha su posición para obtener ingresos adicionales a los que le corresponden mediante el abuso de la ciudadanía usuaria de los bienes públicos. En la encuesta primero se preguntó a las personas si en los últimos doce meses les habían solicitado una mordida, propina o favor al realizar algún trámite o recibir algún servicio o apoyo gratuito del gobierno. A 14% de los encuestados les sucedió aunque, por lo general, los hombres (18%) reportaron este hecho más que las mujeres (12%). También la población mayor de cincuenta años reportó más solicitudes de soborno en comparación con otros grupos de edad.

Además de preguntar si se le han solicitado sobornos para participar de lo público, la encuesta cuestiona directamente a la ciudadanía sobre las veces que ha incurrido en corrupción. Debido al carácter de la pregunta se utilizaron formas alternativas de fraseos para evitar el sesgo de deseabilidad social. Esto significa que, normalmente, las personas evitan referir fenómenos que revelan un aspecto negativo sobre sí mismas. En tanto que nadie quiere ser visto por otros como corrupto, lo mejor es hacer una pregunta lateral que pueda ser indicativa de la prevalencia de corrupción en la vida diaria de las personas. Por ese motivo, se preguntó a las personas si en los últimos doce meses se enteraron de algún familiar o conocido que haya tenido que dar una mordida o soborno por una de las siguientes razones: 1) evitar una multa, 2) acelerar trámites, 3) evitar detenciones arbitrarias, 4) establecer un negocio, 5) obtener un trabajo, 6) afiliarse a un programa social o 7) ser atendido en salud pública. Todas estas actividades dan evidencia de prácticas extractivas comunes en la vida pública en México.

El primer hallazgo que llama la atención es que 3 de cada 10 encuestados ha conocido a alguien cercano que en el último año evitó una multa mediante un soborno. Llama la atención que son casi el doble de personas aquellas que conocen a alguien que evitó una multa mediante corrupción que aquellas que refirieron haberles sido solicitado alguna forma de soborno. En cierta forma, valdría la pena recordar que no siempre el culpable de la corrupción es el funcionario público que pide un soborno. También hay un riesgo importante en el ciudadano que busca la corrupción para zafarse de la acción de la autoridad.

En términos de instituciones extractivas, la principal razón para ofrecer un soborno fue evitar una multa. Casi 3 de cada 10 personas encuestadas identificaron a alguien que incurrió en esta práctica durante el último año. Las dos prácticas extractivas que siguen como la segunda y tercera más comunes fueron el otorgar sobornos para acelerar trámites y evitar detenciones arbitrarias, ambas con 17% de menciones entre las personas encuestadas. Las siguientes razones para participar en una práctica de soborno fueron establecer un negocio (10.6%), obtener un puesto de trabajo (8.8%), afiliarse a un programa social (7.2%) y ser atendido en los servicios de salud pública (6.5%).

Al compararlo con anteriores ediciones de la Encuesta MCCI - Reforma 2022, es notorio que el reporte de prácticas extractivas principales se han mantenido en el tiempo. Desde 2019 hasta 2022, por ejemplo, en promedio 1 de cada 3 mexicanos se ha enterado de algún caso de alguien cercano que dio un soborno para evitar una multa. Las tendencias son semejantes para las siete formas de instituciones extractivas analizadas.

Las prácticas extractivas en la vida pública en México tienen consecuencias para la ciudadanía. Tras evidenciarse que en nuestro país las instituciones extractivas son comunes para buena parte de las y los mexicanos, vale la pena discutir algunos de los efectos negativos que generan para lo público. En primer lugar, restringen el derecho a participar en actividades públicas al imponer costos adicionales a la entrada de la ciudadanía. En segundo, abren la puerta a que algunas personas impongan estructuras de rentas que aprovechan lo público para el beneficio privado de algunos, lo que produce redes que favorecen que más personas participen de la corrupción. Finalmente, en tanto no haya un castigo, las prácticas extractivas pueden seguir sucediendo con impunidad en la vida pública en México, tanto por los funcionarios públicos que piden sobornos como por los ciudadanos que los ofrecen. Estos efectos negativos son parte de un resultado institucional que, a costa de evitar formas de organización más inclusivas, limita el crecimiento del país en tanto que permite que algunos sectores de la sociedad mexicana extraigan rentas de otros impunemente. Queda para futuras investigaciones preguntarse si este comportamiento rentista es el resultado de la falta de capacidades del Estado para eliminar las instituciones extractivas o de un Estado que abiertamente las incentiva.

El argumento de este ensayo se propuso demostrar que algunas de las prácticas extractivas que según Acemoglu y Robinson han afectado los patrones de desarrollo económico de los países siguen presentes en México. Más allá de evidenciar este problema público, esta investigación propone algunas preguntas a modo de cierre: ¿son las instituciones extractivas el origen histórico de la corrupción en México?, ¿tiene nuestro país las políticas públicas necesarias para convertir las normalizadas formas de extracción en instituciones inclusivas, que primen la libertad para el ejercicio de los derechos de todas las personas?, ¿es ese un propósito público presente en la agenda política que está imaginando la idea del desarrollo para el México del siglo XXI? Ojalá las respuestas nos sirvan para repensar los orígenes de la corrupción y abrir espacio a los caminos del futuro para combatirla. Urgen el diálogo, la acción pública, y nuevos divisaderos para ambas.