Sobre la impunidad

La impunidad y la corrupción guardan una correlación donde resulta casi imposible que la una pueda ser estudiada y erradicada sin la otra. La impunidad se convierte en un incentivo para que gobierno, empresas y ciudadanos cometan actos de corrupción. La corrupción, por su parte, lesiona y debilita a las instituciones encargadas de la legalidad.

La impunidad es la ausencia -de hecho o de derecho- de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificadas en las leyes, según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el reporte Orenlichter. 1

México reprueba en impunidad. Según el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI), 2 México está en el top 10 de los países con los niveles más altos de impunidad: está en el lugar 60 de 69, y con un índice de 49.67 que representa 10 puntos más frente al promedio global (39.9). Estamos por debajo de países como Chile, Colombia, Panamá o Costa Rica, y arriba de países como Nepal, Marruecos y Honduras.

Los mexicanos están tan conscientes de los altos niveles de impunidad presentes en el país que no denuncian actos de corrupción porque no creen que sirva para algo. Así respondió 62.3% de las personas que consideran inútil denunciar un acto de corrupción, según la Encuesta MCCI - Reforma 2022.

Una percepción que, desafortunadamente, es una realidad. Los resultados de las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción son, por decir lo menos, insuficientes. Del 1ro de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020, sólo 0.19% de las denuncias reportadas terminaron en sentencias condenatorias, según el documento Fiscalías Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. 3 Es decir que solo este mínimo porcentaje recorrió todo el proceso penal y terminó en una condena determinada por un juez. De igual forma, según este mismo informe, “solamente siete fiscalías estatales han conseguido sentencias condenatorias, dando un total de 34 casos. Por el contrario, 25 fiscalías estatales y la federal aún no han sido capaces de obtener, al menos, una sentencia que condene a una persona por un delito de corrupción, por lo que las 17,839 denuncias por delitos por hechos de corrupción permanecen impunes en este ámbito”. La evidencia pública apunta a que interponer una denuncia no resulta en justicia.

La impunidad, dijimos, es cometer un delito y que no pase nada. Es el vacío de la ley. Y en México la percepción sobre el cumplimiento de las leyes no es para nada alentadora. El 46%, según la Encuesta MCCI-Reforma 2022, piensa que en México “nunca o casi nunca” se respetan las leyes, y el 42.24% considera que “solo algunas veces”. Porcentajes similares aparecen ante la pregunta “¿cree que hoy en día los actos de corrupción en México se castigan?”, el 46.7% respondió que “nunca o casi nunca” y el 41.9% que “solo algunas veces”. Estos porcentajes no han sufrido cambios desde 2019, cuando se realizó la primera edición de esta encuesta.

Son tantos los casos de impunidad que se acumulan en la memoria de las y los mexicanos que resulta sencillo entender de dónde viene esta percepción negativa. Un ejemplo que ilustra muy bien la impunidad en México es la llamada Estafa Maestra. 4 En septiembre de 2017 se descubrió la existencia de una red de más de 120 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno desvió más de 400 millones de dólares y donde estuvieron involucradas dependencias del Estado, universidades públicas y empresas privadas. De los aproximadamente 80 funcionarios relacionados, sólo cinco han enfrentado un proceso penal.

Otro ejemplo más reciente es el caso de Delfina Gómez quien, siendo presidenta municipal de Texcoco, retuvo, de febrero de 2013 a julio de 2015, el 10% del salario de cientos de trabajadores públicos para financiar ilegalmente a Morena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó, en enero de 2022, la multa de cuatro millones y medio que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso a Morena por este delito 5 y, aún así, Delfina Gómez es hoy en día candidata a la gubernatura del Estado de México y, hasta inicios de agosto, fue titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La impunidad en México falla en todas sus etapas. Desde un desconocimiento de en dónde acudir para presentar una denuncia, hasta en las etapas de denuncia, investigación, resolución, aplicación de sanciones y prevención. En la Encuesta MCCI-Reforma, en sus ediciones de 2019 y 2020 (después se dejó de hacer esta pregunta), más del 56% dijo no saber dónde denunciar un acto de corrupción.

Las personas encuestadas no solo piensan que en México no se castigan los actos de corrupción, sino también, el 84.6% considera que en México “frecuentemente o muy frecuentemente” se llevan a cabo actos de corrupción. Estos porcentajes son muy similares entre todas las preferencias electorales. Sin embargo, donde sí hay diferencias según la preferencia partidista es ante la pregunta: “¿Cuál cree usted que es la principal causa de la corrupción en México?”. Entre los votantes de Morena aparece en primer lugar (48.1%) los “gobiernos anteriores” y en segundo lugar (31.7%) “la impunidad o falta de castigo”. Entre los votantes de PAN, PRI, MC, PVEM, candidatos independientes y aquellos que no tienen preferencia electoral, aparece como causa principal “la impunidad o falta de castigo”. Solo los votantes del PT coinciden con los de Morena.

Esto es sin duda motivo de reflexión, ya que, a pesar de que los votantes de Morena juzgan que son los “gobiernos anteriores” la principal causa de la corrupción en México, estos mismos consideran (82.2%) que hoy en día los actos de corrupción son “frecuentes o muy frecuentes” y que “solo a veces” se respetan las leyes y se castigan los actos de corrupción.

Vale la pena entonces preguntarnos si, en términos reales, ¿han tenido efecto las políticas anticorrupción del gobierno actual o esta supuesta lucha permanece solo en el discurso?