Además de la multa, se inhabilitó a Carregin por 54 meses (equivalente a 4 años y medio) para participar en licitaciones o contratos en entidades del sector público.

La sanción e inhabilitación fue informada este viernes 20 de octubre mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en septiembre de 2022 que Carregin era una empresa “fantasma” que había sido creada con la identidad robada a una modesta ama de casa que no tenía dinero ni para pagar un adeudo de 3 mil pesos en una tienda Coppel.

El otro supuesto accionista de Carregin es un hombre que vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México, según constató MCCI en visitas domiciliarias.

A pesar de que los socios aparentemente fueron utilizados como prestanombres con sus identidades robadas, la Fiscalía General de la República solicitó la aprehensión de ambos por el desfalco que Carregin realizó en Segalmex, al simular la venta de azúcar inexistente, que nunca entregó.

El desfalco ocurrió así: El 23 de abril de 2020, la Dirección Comercial de Diconsa firmó un convenio con Carregin y posteriormente generó 37 pedidos cerrados regionales por los que pagaría 465 millones de pesos para recibir 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel en distintos almacenes del país.

Sin embargo, tres semanas después de firmar el convenio, la empresa solicitó a Diconsa cancelar 36 de los 37 pedidos regionales argumentando dificultades logísticas provocadas por la contingencia sanitaria, quedando en pie un pedido por 7,800 toneladas –con un costo de 145 millones de pesos– solicitado por la Unidad Operativa del Bajío.

De acuerdo con la denuncia, la Unidad declaró no tener la capacidad para almacenar las 7 mil toneladas en sus almacenes, por lo que, tras un acuerdo entre ambas partes, Carregin habría resguardado el azúcar en un domicilio ubicado en Paseo del Pedregal, Ciudad de México. Aunque no contaba físicamente con el producto, la dependencia depositó la totalidad de los 145 millones de pesos pactados en las cuentas de Carregin.

Además, los funcionarios encargados del pedido fijaron en $18.60 el precio por kilogramo de azúcar sin realizar un estudio de mercado. Tras descubrir los hechos, la dependencia realizó una búsqueda en el reporte semanal de precios que emite el Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar, donde encontró que el costo durante el periodo de la compra era menor.

Por común acuerdo, ambas partes firmaron un convenio modificatorio y de finiquito donde dieron por terminada la relación contractual en diciembre de 2020. Esto a pesar de que Diconsa ya había pagado la totalidad de las 7,800 toneladas de azúcar valuadas en 145 millones de pesos y la empresa apenas había entregado 3,110 toneladas en los almacenes de la dependencia.

Derivado de esta diferencia, Diconsa solicitó que Carregin realizara a más tardar el 31 de diciembre de 2020 una devolución a las cuentas bancarias de la dependencia por la cantidad de 88 millones de pesos, monto equivalente a las 4,700 toneladas de azúcar que no se entregaron. 

Diconsa volvió a requerir a Carregin que realizara la devolución el 25 de marzo y el 1 de julio de 2021, seis meses después del plazo que la dependencia había establecido inicialmente. Sin embargo, la empresa únicamente hizo el reembolso de 8 millones de pesos.

Por todas estas irregularidades y posibles actos de corrupción, María Oceguera Valle, representante legal de Diconsa, presentó el 26 de agosto de 2021 una denuncia penal ante la FGR contra Carregin y contra los exfuncionarios que resulten responsables. Entre las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR están la de Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial y quien firmó el convenio con Carregin; René Gavira Segreste, exdirector de finanzas y Carlos Dávila Amerena, exdirector jurídico de Diconsa.