El presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido la desaparición de los fideicomisos públicos desde abril. En mayo, el grupo parlamentario de Morena presentó una primera iniciativa de ley para extinguir 44 de ellos. La justificación del dictamen era “la necesidad de contar con recursos suficientes por parte del Gobierno Federal para enfrentar la crisis derivada del impacto” de la pandemia de covid-19. La iniciativa argumentaba que los fideicomisos promovían el mal manejo de los recursos públicos porque su figura jurídica no permitía una supervisión estricta y adecuada; por ello, prometía que su extinción eliminaría “la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos” y que contribuiría a “fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad”.
Durante el mes de junio, la Cámara de Diputados organizó un Parlamento Abierto para analizar el funcionamiento de aquellos fideicomisos públicos que se proponía extinguir. Entre ellos destacaban el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; los Fondos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); el Fondo para la Prevención de Desastres; el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR); el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), y los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a cargo de 26 Centros Públicos de Investigación. En las sesiones públicas, los legisladores oyeron a múltiples actores que atestiguaron la importancia de los fideicomisos públicos. Las intervenciones por parte de los Centros Públicos dejaron claro que los fideicomisos de Ciencia y Tecnología no son figuras que permiten la opacidad y la discrecionalidad en el uso de recursos; por el contrario, se trata de instancias supervisadas por la Secretaría de la Función Pública, cuyos representantes son miembros permanentes de los diferentes comités técnicos. Además, se apuntó que el ejercicio de los recursos de los fondos siempre está sujeto al escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación.
De igual manera, los directores de los Centros Públicos subrayaron que esta figura financiera es fundamental para su operación. A través de ellos se financian proyectos de investigación de largo plazo con presupuestos multianuales. Los fideicomisos de Ciencia y Tecnología no cuentan con recursos fiscales: están integrados por recursos propios y autogenerados, así como por el dinero que organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, entregan a los centros para realizar proyectos de investigación específicos.
A raíz del Parlamento Abierto, el 16 de julio la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió un primer dictamen de la iniciativa de extinción que retomaba los argumentos presentados durante aquel foro. Este documento recomendaba desaparecer solamente 5 de los 44 fideicomisos originalmente propuestos. Fueron excluidos explícitamente los fondos de los Centros Públicos, FIDECINE, FODEPAR, FONDEN, AMEXCID y el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El dictamen reconocía la importancia de estos fondos para la sociedad mexicana, así como para la promoción de la ciencia y la tecnología en una situación tan crítica de salud pública como la que atravesamos actualmente.
En este primer dictamen los diputados fundamentaron su oposición a la desaparición reconociendo los daños que infligiría al país. En relación con los fideicomisos de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, señalaban que “no hubiera sido posible atender pertinentemente las peticiones de distintos gobiernos estatales en la realización de pruebas para detección del coronavirus”; subrayaron, también, que si estos desaparecieran “las consecuencias serían graves. Por ejemplo, el IMSS “suspendería todos los proyectos de investigación actuales que buscan atender los problemas generados por la pandemia de covid-19”.
En cuanto al Fondo de atención a Desastres Naturales, los legisladores fueron igualmente contundentes: “Los costos de desaparecer el FONDEN son altos: desaparecerían incentivos que se crean para que los estados aseguren la recuperación de los daños a la infraestructura y al no poder responder al desastre de manera inmediata, aumentar la necesidad de invertir los efectos indirectos.” En su análisis apuntaban que disolver este fondo “e integrar los recursos al flujo presupuestario de las dependencias dificulta este acceso y puede limitarlo, esto costaría vidas y se podría considerar como un ataque directo a los ciudadanos, principalmente a los más pobres del país que son los que sufren más en un fenómeno natural catastrófico.”
Por desgracia, este primer dictamen fue retirado inmediatamente después de darse a conocer. Circularon rumores de que López Obrador había insistido en que la iniciativa original se impusiera; posición que el presidente luego externó en sus discursos mañaneros. En este contexto, la semana pasada, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió un nuevo dictamen que ratificaba la iniciativa del grupo parlamentario de Morena de extinguir los 44 fideicomisos públicos.
Al final, ese dictamen amplió la desaparición a un total de 109 fideicomisos y fondos públicos. Los legisladores justificaron esta medida con los mismos argumentos que habían sido esgrimidos en la iniciativa original: como una acción para “mitigar los daños que pueda ocasionar la crisis económica internacional provocada por el descenso de la actividad económica a causa de la pandemia mundial por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, así como una medida para asegurar “mayor transparencia” en el uso de los recursos públicos.
El segundo dictamen es desconcertante por dos razones. En primer lugar, porque los legisladores repiten palabra por palabra el resumen puntual de las participaciones en las sesiones del Parlamento Abierto que justificaba la recomendación del primer dictamen de no extinguir los fondos de los Centros Públicos, FIDECINE, FODEPAR, FONDEN, AMEXCID y el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. No obstante, sin ofrecer ningún argumento que aclare el cambio de opinión, los diputados ahora niegan que la extinción de los fideicomisos tenga consecuencias graves para para los beneficiarios de los fondos a desaparecer. En el caso de los fideicomisos de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, el dictamen se reduce a una simple afirmación: “la modificación de la iniciativa no implica que la atención al sector de ciencia y tecnología esté en riesgo.” Cuesta entender cómo fue que los legisladores llegaron a esta conclusión —y es aún más difícil comprender por qué no consideraron importante justificarla en su razonamiento.
El segundo elemento desconcertante es el destino que proponen los diputados para los recursos obtenidos por la Federación por medio de la extinción de los Fideicomisos. Tanto la iniciativa original como este segundo dictamen sugieren que los legisladores pretenden emplear el dinero público, que actualmente se encuentra resguardado en los diferentes fondos, para enfrentar la crisis de salud que atraviesa México. Sin embargo, durante la última semana —en un contexto de airada protesta por parte de cineastas, víctimas, periodistas y académicos— el argumento que ofrecen el presidente, el secretario de Hacienda y los diputados de Morena a la opinión pública parece indicar que el gobierno federal no tiene ninguna intención de redirigir los recursos. En su conferencia matutina del 1º de octubre, López Obrador indicó que “los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos, los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas lo mismo. Sólo que vamos a hacer una revisión para que […] se entregue de manera directa.” En otras palabras, el presidente asegura que el objetivo de la iniciativa de ley consiste en la desaparición de la figura jurídica de los fideicomisos, pero niega que haya intención de emplear los recursos obtenidos con otros fines. El problema con este argumento, como bien señala mi colega José Roldán Xopa, es que no se ve reflejado en los transitorios que propone el segundo dictamen.
De acuerdo con su análisis, el efecto de la desaparición de los fideicomisos es que “los recursos [públicos] que tiene el fondo deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación.” La iniciativa dictaminada propone dotar al presidente de la República —por conducto del secretario de Hacienda— de la facultad para “autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ‘excedentes.’” Es decir, el objetivo último de la extinción de los fideicomisos es poner a disposición discrecional del presidente el eventual ejercicio del dinero. En consecuencia, los fondos de los fideicomisos bien podrían emplearse en el sector salud —si así lo dispusiera López Obrador— pero sería igualmente posible que fueran empleados para financiar otros proyectos del gobierno, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.
En breve, el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos finalmente aprobado ayer por el pleno de la Cámara de Diputados afirma que su objetivo es coadyuvar a la transparencia del ejercicio del gasto público y promete invertir el dinero de los fondos extinguidos en el sector salud. Los diputados que lo aprobaron saben de primera mano cuáles serán las consecuencias de implementar esta legislación: entienden que están minando la capacidad del Estado para atender “a los más pobres del país” en caso de un desastre natural y saben muy bien que su acción tendrá un impacto devastador para la ciencia y la tecnología en general, y para los 26 centros públicos de investigación en particular. Asimismo, son conscientes de que la ley no acabará con la opacidad y la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, ni fomentará la transparencia y la rendición de cuentas, sino todo lo contrario.
Catherine Andrews. Profesora-investigadora de la División de Historia y Secretaria Académica del CIDE
