México: mercado negro de implantes

Una investigación realizada en Estados Unidos revela la trama de corrupción en nuestro país de Zimmer Biomet, una de las principales fabricantes de dispositivos de uso odontológico. Para comercializar en México productos que carecían de registro sanitario o incumplían normas de etiquetado, recurrió al pago de sobornos a funcionarios fronterizos que durante 5 años toleraron el contrabando de mercancía.

 

 

Por Raúl Olmos

Ilustración de Christina Chung

Gráficos Mariana Hernández / Video Gloria Hernández

 

Durante 5 años ingresaron como contrabando a México implantes dentales y otros dispositivos de uso odontológico que carecían de registro sanitario o que incumplían normas de etiquetado.

Los productos fueron introducidos ilegalmente de 2009 a 2013 por representantes de una filial de la empresa trasnacional Zimmer Biomet, que opera en más de 100 países, la cual pagó 980 mil 774 dólares (equivalentes a 12.6 millones de pesos al tipo de cambio de entonces) en presuntos sobornos a funcionarios mexicanos de aduanas asignados en la frontera con Texas, de acuerdo con una investigación del caso realizada por autoridades de Estados Unidos.


 

La trasnacional Zimmer Biomet pagó casi un millón de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para introducir la mercancía de contrabando, según reveló una investigación de autoridades de Estados Unidos.

 

 

A pesar de haber incumplido la normatividad de salud y de haber violado la ley al incurrir en contrabando, el Gobierno federal nunca sancionó a Zimmer Biomet. Al contrario, lo ha mantenido como proveedor constante de todo tipo de implantes –no sólo dentales-, en contratos asignados directamente en hospitales públicos, principalmente del IMSS e ISSSTE, con montos que superan los 50 millones de pesos entre 2007 y 2017, que corresponde a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El 66 por ciento de los contratos se otorgaron entre 2009 y 2013, que coincide con el periodo en el que la empresa incurrió en contrabando y sobornos.

 

 

Entre los productos que Zimmer Biomet introdujo de contrabando –y que por lo tanto fueron comercializados en México sin control sanitario- está un tipo de cemento para adherir prótesis o implantes dentales de cerámica, así como membranas utilizadas para la regeneración o cicatrización de tejido, se menciona en el expediente, del cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo copias, como parte de la investigación global The Implant Files, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

La división odontológica de la compañía tiene en su catálogo cientos de productos, pero en las bases de datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) sólo aparecen 10 registros otorgados en el periodo en que se introdujo mercancía de contrabando, constató MCCI en la revisión documental.

En enero de 2017 la compañía reconoció ante un tribunal federal de Estados Unidos que incurrió en actos de corrupción y contrabando para comercializar ilegalmente sus productos dentales, por lo que se le condenó a pagar multas de 30 millones de dólares.

 

Doble acusación de corrupción

Esta no era la primera vez que la empresa se veía involucrada en actos de corrupción. Cuatro subsidiarias ya habían sido acusadas de haber pagado sobornos entre los años 2000 y 2008 a médicos de hospitales públicos en Argentina, Brasil y China, de acuerdo con una primera demanda judicial presentada en marzo de 2012 por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

A través de un distribuidor, se pagaban a los doctores comisiones de entre el 10 y el 20% del valor de los dispositivos. Cuando se descubrió este esquema ilegal, Biomet tuvo que pagar 5.5 millones de dólares en indemnización por los daños causados al vender los equipos con sobrecosto, además de que el Departamento de Justicia le fijó una multa de 17 millones 280 mil dólares y la imposición de un auditor.

A raíz de aquel caso, la compañía se comprometió a establecer un programa de integridad y vigilancia de cumplimiento de buenas prácticas empresariales. Sin embargo, volvió a incurrir en actos de corrupción, esta vez en la filial de México.

En 2013 la SEC recibió un reporte de posibles sobornos en nuestro país, que derivó en una segunda investigación contra la compañía, la cual reconoció su responsabilidad en 2017 ante un tribunal federal.

La compañía nació en 1927 en el pueblo de Varsovia, Indiana, con el nombre de Biomet. En junio de 2015 fue adquirida por Zimmer Holdings Inc. y desde entonces tiene el nombre combinado de Zimmer Biomet.

En México, tiene tres subsidiarias: Biomet México SA de CV, Representaciones Zimmer Inc., S de RL de CV y Biomet 3i México, SA de CV; ésta última es la división que se dedica a comercializar implantes dentales y piezas para la odontología.

 

Introducían contrabando en vehículos

En enero de 2009, Biomet 3i comenzó a tener dificultades para importar ciertos productos de membrana utilizados para procedimientos odontológicos. Las autoridades aduanales en el Aeropuerto de la Ciudad de México detuvieron sus cargamentos, al detectar que no cumplían con la normatividad de etiquetado, que exige identificar el país de origen y un registro válido emitido por las autoridades reguladoras, en este caso la Cofepris.

 

La trama de sobornos y contrabando inició en 2009, cuando la empresa enfrentó problemas para importar su mercancía desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por falta de registros y por incumplir las normas de etiquetado de los productos.

 

 

De acuerdo con la investigación del caso, realizada en forma conjunta por la SEC y el Departamento de Justicia, el 7 de enero de 2009 varios empleados en la sede de Biomet en Florida recibieron un correo electrónico del entonces gerente de la filial en México, quien propuso utilizar los servicios de un agente aduanal texano para introducir las membranas sin registro a través de aquel estado fronterizo.

“En el aeropuerto de México las aduanas son más estrictas y la importación es más complicada. En la frontera de Texas, ya que es una frontera terrestre, es menos estricta y no solicitan todos los documentos”, escribió un directivo en uno de los correos, siempre de acuerdo con el expediente del caso.

Ese correo detonó una investigación interna, pagada por la propia empresa. El jefe de asuntos regulatorios para América Latina pidió que todos los envíos de la membrana se mantuvieran en espera, hasta nuevo aviso, ya que el registro para importación no estaba actualizado. En un correo, fechado el 29 de enero, se le advirtió al directivo que importar implantes o artículos dentales sin el aval de la Secretaría de Salud, representaba un delito.

La investigación interna reveló que el agente de Texas que había sido contratado por la compañía para acelerar los envíos, carecía de licencia para realizar operaciones de comercio exterior y que eludía los requisitos legales para importar productos. Además, introducía a México equipo médico que carecía de una licencia sanitaria. De hecho, incurría en contrabando porque cruzaba la frontera en sus propios vehículos, con la mercancía en el interior.

Sobre la base de estos hallazgos, la compañía instruyó a sus filiales en México para que dejaran de trabajar con el agente texano, cuyo nombre fue omitido en la versión pública del expediente consultado por MCCI.

 

Ocultan sobornos como consultoría

En abril de 2010, Biomet 3i México –la filial de la compañía trasnacional- reemplazó al agente de aduanas texano por uno mexicano, pero nuevamente incurrió en falta de control en las normas anticorrupción, como no establecer un contrato por escrito ni una lista de tarifas por sus servicios, además de tolerar que se utilizara a terceros que participaban en actividades de alto riesgo, como contrabando y sobornos.

La empresa enfrentó problemas para importar sus productos por el aeropuerto.
FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM

 

Casi a la par de que asumía su encargo el nuevo agente, la filial mexicana volvió a enfrentar problemas para importar sus productos a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por falta de registros y por incumplir las normas de etiquetado de los productos.

Y pese a los antecedentes del agente texano, se volvió a plantear como solución el recurrir al contrabando a través de la zona fronteriza de Laredo.

Para ello, el agente aduanal mexicano contrató a dos personas que lo auxiliarían a pasar la mercancía y a pagar sobornos a funcionarios mexicanos en la frontera, según detalla el expediente de la investigación.

Para justificar los desembolsos, el agente proporcionó a Biomet 3i facturas por separado, las cuales fueron ingresadas al sistema contable bajo conceptos de servicios profesionales y consultoría, pero no estaban respaldadas por ninguna tabla de tarifas o cualquier otro detalle; la descripción sólo tenía vagas referencias de que los pagos eran por “servicio especial”, “servicio extraordinario” o “cruce de puente”. Los montos de esas facturas eran inusualmente altos, y se debía a que encubrían el pago de sobornos.

Entre abril de 2010 y septiembre de 2013, la trasnacional pagó 980 mil dólares por supuestos servicios adicionales al agente de aduanas y sus colaboradores. Esos cargos impropios, que correspondían a sobornos, fueron registrados en una cuenta de “costo de fletes” de la compañía.

Entre 2008 y 2013, la compañía obtuvo ganancias por 2 millones 652 mil dólares de las transacciones de contrabando a México, según refieren los documentos de la investigación.

 

Los correos delatores

Las autoridades de Estados Unidos que realizaron la investigación de este caso tuvieron acceso a correos electrónicos de la compañía, que evidencian que directivos de la filial mexicana conocían el esquema de contrabando y pago de sobornos. En algunos mensajes se hace referencia al mecanismo que utilizaban para mezclar mercancía legal e ilegal, que luego se comercializaba en México.


Las autoridades de EU intervinieron correos electrónicos de la empresa, en los cuales encontraron evidencias de corrupción. En este mensaje, un directivo de la empresa recomendó meter la mercancía por la frontera con Texas, en donde la vigilancia era “más flexible”.

 

 

 

La compañía enviaba los productos de su base de operaciones en Florida a una dirección en Texas proporcionada por el agente de aduanas, en donde se separaban los productos en dos conjuntos: aquellos que estaban debidamente etiquetados y registrados según la legislación mexicana, y los que incumplían con la normatividad.

El agente aduanal importaba a través del Aeropuerto de la Ciudad de México aquellos artículos médicos que cumplían con todos los requisitos legales, mientras que los que carecían de registros sanitarios y etiquetado válidos eran introducidos como contrabando por Laredo.

Una vez que los artículos ingresaban a México, el agente reunía tanto los de procedencia legal como los de contrabando, y los entregaba como un solo envío a la compañía Biomet 3i México.

Uno de los correos que demuestran este mecanismo fue enviado el 17 de marzo de 2010 a un directivo de Biomet en México por un empleado del agente de aduanas (identificado en la investigación como subagente).


En este otro mensaje, un directivo decía que en la frontera con Texas no había problemas para introducir sustancias prohibidas.

 

 

“Aquí está el procedimiento que se seguirá para liberar los envíos a través de la aduana (en Texas)”, decía el mensaje. Luego, daba instrucciones de la dirección a la que se enviaría la mercancía y el nombre de la persona que la recibiría. “La persona responsable de llevar a cabo este paso, irá a nuestro almacén y luego nos enviará el presupuesto”.

Según la SEC, ese correo es la evidencia de que personal de Biomet sabía que se pagarían sobornos para garantizar que los productos sin registro ingresaran a México.

El 8 de abril de 2010, el director de Biomet 3i México escribió otro correo electrónico a cinco empleados en los que les explicaba que tenían problemas para importar mercancía a través del aeropuerto, porque algunos dispositivos médicos tenían registro de haber sido fabricados en Estados Unidos, pero las etiquetas indicaban que provenían de otros países.

En el mismo correo recomendó enviar los productos por la frontera, en donde eran más flexibles, y para ello aportó el domicilio del agente que realizaría el trámite.

Al día siguiente, el directivo envió otro correo electrónico a tres empleados de Biomet en el que los instruía a mezclar la mercancía: enviar por el aeropuerto los productos hechos en Estados Unidos, que sí cumplían con el registro y etiquetado, y por Texas lo que llamó “envíos especiales”.

El contrabando se realizada por la frontera con Texas. 
FOTO: DARIO URIBE/CUARTOSCURO.COM

Ese mismo 9 de abril, el directivo le escribió al jefe de asuntos regulatorios de Biomet para América Latina, en el que le advertía de los problemas que enfrentaban para importar desde el aeropuerto y que el agente de aduanas que les daba servicio les había recomendado “que usemos la frontera y en este caso Texas porque en este punto de entrada las autoridades no son tan estrictas, ya que desde Estados Unidos a México no hay problema con las sustancias prohibidas”.

El jefe de asuntos regulatorios respondió el mismo día, en otro correo: “Entiendo completamente. ¿Cómo configuramos esto para que el producto ingrese a través de Texas?”.

“Dos empleados ya están trabajando para hacer el envío de este viernes a Texas”, le respondió el director de Biomet 3i al jefe de reglamentación.

Las operaciones irregulares siguieron en los siguientes años, de acuerdo con la investigación de la SEC.

Prueba de ello, es un correo electrónico obtenido en la investigación, fechado el 27 de abril de 2012, en el que un empleado del departamento regulador de Biomet le informa al director de la filial en México que no podía importar un cemento dental cerámico en particular porque no tenía la licencia necesaria. En respuesta, el directivo le dijo que la alternativa era importar por la frontera con Texas.


Los correos evidenciaron que los productos no tenían las licencias necesarias para entrar a México.

 

 

El 27 de julio de 2012, otro correo electrónico de un asistente del agente de aduanas (el ‘subagente’) aportó evidencias de un presunto pago de sobornos. “Adjunté la solicitud de prepago y el formulario del envío de esta semana”, decía el mensaje dirigido a un empleado de Biomet en México, seguido del siguiente desglose de pagos que se debían realizar:

Impuestos de modelos con registro            26,900 pesos

Entrega, digitalización y honorarios          18,009 pesos

Pago por modelos sin registro                      115,860 pesos

A los tres días, el subagente envió una factura a Biomet 3i México solicitando el pago de los 115,860 pesos por “servicios profesionales”, sin más descripción por los servicios prestados, por lo que la sospecha era que en realidad encubría un soborno.

La sospecha se reforzó cuando ese mismo día el gerente de Biomet 3i transfirió los 115,860 pesos a una cuenta bancaria del subagente, que era el que se encargaba de sobornar a funcionarios fronterizos para introducir la mercancía de contrabando.

Tras realizarse la transferencia bancaria, un empleado de la compañía en México le escribió al asistente del agente aduanal: “Adjunto copias de los depósitos. ¿Sabrá algo sobre la mercancía?”.

Tanto los pagos legales efectuados al agente aduanal, como los que se hicieron al subagente por servicios no comprobados, que se presume correspondían a sobornos, fueron anotados en los registros contables de Biomet 3i como gastos aduanales y se consolidaron en los estados financieros de la compañía.

Ese tipo de operaciones se replicaron entre 2010 y 2013, periodo en el que la filial mexicana de Zimmer Biomet pagó 980 mil 774 dólares por presuntos sobornos.

 

La compañía sabía

De acuerdo con la SEC, los directivos de la compañía vieron numerosas señales de alerta que indicaban que el agente y sus colaboradores (los ‘subagentes’) estaban recurriendo a sobornos para eludir las leyes aduaneras con respecto a la introducción de productos no registrados y etiquetados incorrectamente, pero no aplicaron medidas preventivas y correctivas a tiempo.

A pesar de que en julio de 2012 Biomet 3i confirmó con su asesor regulatorio que era ilegal importar artículos sin registro, la empresa permitió que ese mecanismo continuara y que se comercializaran los productos que ya habían ingresado al país.

“Además, los empleados de Biomet en varios niveles y departamentos estaban al tanto de los problemas de importación que surgían en México y no cuestionaron cómo el agente de aduanas estaba logrando superar dichos problemas, mientras que otros empleados en México sabían que los sobornos se estaban pagando en la frontera”, advirtió un informe de la SEC.

Adicionalmente, Zimmer Biomet no implementó controles contables internos suficientes para detectar o prevenir el soborno y para garantizar la exactitud de sus libros y registros.

 

Acepta responsabilidad en tribunal

En enero de 2017, Zimmer Biomet celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido, ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia.

En este tipo de acuerdos, las empresas que son descubiertas en actos de corrupción se comprometen a pagar una multa o indemnización, así como cooperar en las investigaciones y establecer políticas de cumplimiento de buenas prácticas empresariales.

En el juicio, Zimmer Biomet reconoció su responsabilidad en haber violado la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), también conocida como ley anti-sobornos, por no haber establecido controles contables rigurosos ni esquemas de vigilancia.

En el documento judicial al que se tuvo acceso se exponen los detalles del esquema de sobornos y contrabando que utilizó la empresa para introducir a México y Brasil dispositivos médicos sin registro entre 2010 y 2013.

Por estos actos criminales, la compañía acordó pagar una multa penal de 17 millones 460 mil dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como una multa civil de 13 millones 22 mil dólares a la Comisión de Bolsa y Valores.

La compañía se comprometió a contratar un oficial de cumplimiento independiente, por un mínimo de 3 años, para revisar los controles contables internos y prevenir en el futuro nuevos casos de sobornos.

En México, en contraste, el gobierno federal no aplicó sanciones a alguna de las tres filiales de Zimmer Biomet, según se corroboró en un informe actualizado del 17 de noviembre de 2018 de la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, pese a la confesión de que se sobornó a funcionarios mexicanos y se comercializaron ilegalmente productos introducidos de contrabando y sin registro sanitario.

 

Las asignaciones directas a Biomet México –la principal filial de la compañía- se han multiplicado en los últimos años, principalmente en hospitales públicos del IMSS y el ISSSTE, para vender prótesis de cadera, rodilla y otros dispositivos médicos. Los contratos superan los 50 millones de pesos a partir de 2007, la mayoría sin licitación de por medio.