Esta pandemia colocó a la humanidad en una incertidumbre que hace muchos años no experimentaba. Hemos tenido que enfrentarnos a una enfermedad desconocida, cuyos síntomas, medidas preventivas y secuelas al inicio ignorábamos. A lo largo de este año, la comunidad científica y médica ha ido resolviendo e informándonos poco a poco. Este escenario de encierro e incertidumbre sobre cómo reaccionar ante la enfermedad –qué tratamiento seguir, si habrá hospital que pueda atendernos– nos afecta a todos. Hoy, contar con información pública oportuna, clara y veraz se ha convertido literalmente en un tema de vida o muerte.

La información pública, aquella que nuestras autoridades tienen la obligación de producir y hacer accesible a toda la sociedad, enfrenta tres grandes obstáculos para lograr su cometido de guiar a la población en las medidas de prevención y apoyarla para enfrentar la crisis sanitaria y económica: 1) Transparencia opaca, 2) necesidad de un lenguaje ciudadano, y 3) posverdad e información falsa.

Podemos describir a la transparencia opaca como la situación en la que existe una gran cantidad de información, pero con poco orden o de difícil localización. Existe una proliferación de sitios de internet, pero estos tienen una visión de mero cumplimiento normativo. Se trata de verter información que cumpla con los mandatos, por ejemplo, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, con poca atención a la calidad de la información y a su posibilidad de uso; por ejemplo, documentos o datos en formato PDF que no permite procesarlos o reutilizarlos. O bien, encontramos información de diversas dependencias en un mismo formato aunque cada dependencia tenga información diferente, dirigida a públicos diversos, como sucedió con la decisión del gobierno federal de uniformar todo en .gob.mx.  No es el mismo público ni la misma información la que necesita un estudiante que quiere saber los horarios de sus clases en línea, la de una investigadora que estudia la evolución de la enfermedad en el país, o la de una empresaria que desea conocer el impacto de la pandemia en el sector al que se dedica. 

Transparencia opaca

Esta información pública, si bien quizás cumpla con todos los requisitos de la Ley e incluso pueda ser bien evaluada por el INAI, en realidad no cumple con la función de informar. No cumple con proporcionar datos y evidencia que permitan a cualquier persona tomar decisiones. El estado de la información también provoca que los usuarios no puedan procesarla y desisten en buscarla.

La transparencia opaca se combate con una política de transparencia. Una política pública que entiende a la información pública como un recurso estratégico para la toma de decisiones y para la colaboración entre dependencias y con la sociedad. Como señala Mauricio Merino, la política de transparencia implica el propósito deliberado de actuar y decidir sobre la base de información que debe ser pública. Debe constituirse como un valor organizacional y un entramado de acciones públicas deliberadas para producir, utilizar y distribuir la información pública como un recurso estratégico.[1]

De modo que hacer público el resultado de las decisiones tomadas por las autoridades no debe entenderse como una tarea adjetiva. Las decisiones públicas deben tomarse en una caja de cristal; deben conocerse por todos, e incluso permitir la participación amplia de la sociedad. La información pública al alcance de toda la comunidad permite la colaboración entre las instituciones y con la ciudadanía. Con ello se genera confianza en las decisiones públicas. Cuando, por el contrario, las decisiones se toman en pequeños grupos, sin deliberación clara, se provoca que entre las dependencias la información presentada sea diferente, incluso en ocasiones contradictoria. Por ejemplo, la diferencia que se dio hace algunos días entre integrantes del gabinete sobre si contamos o no con la capacidad de almacenar y distribuir una vacuna. Tales discrepancias erosionan la confianza de la ciudadanía y, por supuesto, disminuye la colaboración.

Lenguaje ciudadano

Un segundo reto en la información pública es la forma en que la presentamos. En materia de salud, es particularmente retador comunicar información científica compleja como las formas de transmisión del virus, los diferentes tipos de vacunas o la sintomatología, de manera que sea comprensible para todo el público. Además, debemos asegurar que la información provenga de fuentes confiables, apoyadas en evidencia, que doten a la ciudadanía de confianza, tanto en la información presentada en internet, como en las respuestas a las solicitudes de acceso o cualquier documento público que las autoridades generen en ejercicio de sus facultades.

En este punto es importante recordar los elementos básicos del movimiento sobre lenguaje ciudadano.[2] En la elaboración de cualquier documento de información pública debemos recordar redactarlo o construirlo de forma clara, directa y sencilla; orientada hacia el usuario-objetivo, y centrada en el propósito

Esto significa que debemos tener claro a quién va dirigida la información, qué queremos comunicar y hacerlo con frases sencillas y directas sin abusar de tecnicismos, aunque con precisión. En este aspecto también resulta útil aprovechar las tecnologías de la información y el procesamiento de datos; ambos elementos son parte de los compromisos de Gobierno Abierto que tiene México.[3] Así, es importante esforzarnos para presentar de manera innovadora datos e información relevante para la toma de decisiones. El Gobierno de la Ciudad de México tiene ejercicios muy interesantes en este sentido; por ejemplo, los mapas de contagios por alcaldías, las bases de datos de excesos de defunciones o las infografías que presenta en redes sociales sobre las medidas de prevención y las restricciones según el semáforo epidemiológico.

Posverdad e información falsa

Quizás este sea el reto más importante a combatir. Se trata del desdén a la evidencia y a la información que proporciona la ciencia. Señalar que se cuenta con otros datos, poner en duda el uso del tapabocas —como ha sucedido en muchas partes del mundo— o afirmar que un detente combate el virus, erosiona la confianza en la información pública y, peor aún, en las instituciones de un Estado democrático. El fenómeno de la posverdad ha ido en aumento en todo el mundo, tanto en el ámbito público, como en el privado. Las protestas negacionistas relacionadas con la pandemia, respecto al cambio climático, o los movimientos antivacunas son ejemplo de este fenómeno.

Se menosprecia la verdad misma y sus atributos como la objetividad, la consistencia, la imparcialidad, la sinceridad, el respeto a las evidencias, la precisión, el reconocimiento de la falibilidad y la búsqueda de la minimización de errores.[4] Se desestiman los procedimientos para alcanzar la verdad como el resultado de un diálogo colaborativo, en el que se confrontan hipótesis, ideas o creencias. A diario, las redes sociales son campo fértil para la desinformación provocada por la posverdad. Desgraciadamente, esta situación también ha afectado a la información pública.

La posverdad es un fenómeno que nos toca combatir como sociedad. Es vital –como afirma Victoria Camps– que, ante la información, independientemente de si somos servidores públicos, profesoras, o ciudadanas, antepongamos la duda a la reacción visceral. Es importante dudar, reflexionar, ponderar pros y contras ante la información recibida. Camps propone un conjunto de criterios prácticos para depurar nuestras interpretaciones de sesgos o deformaciones provocadas por intereses políticos o partidistas que en ocasiones se alejan de la realidad. Para lograrlo debemos: [5] 1) volver una y otra vez hacia la realidad que queremos interpretar; 2) conocer las diversas interpretaciones respecto de los hechos y dirimirlas a través del diálogo dinámico y abierto con los otros. Sin denostar, sin dividir entre amigos y enemigos.

Ante la amenaza de la posverdad y la desinformación que conlleva, es importante recordar las recomendaciones de Hannah Arendt, quien señaló que en una democracia hay que defender siempre los “repositorios de la verdad”, como el sistema judicial, la universidad, el sistema educativo, la ciencia y el periodismo. Estos son los sitios en los que se dialoga, se enfrentan visiones divergentes, se recaban datos y se genera evidencia.[6] 

Las reservas de verdad son el antídoto de la desinformación y la posverdad. Por ello es indispensable preservarlas y que sean tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones públicas, de modo que la sociedad pueda confiar en sus autoridades y en la información que publican como resultado de análisis rigurosos y diálogos abiertos.

Ana Elena Fierro. Doctora en derecho y profesora investigadora en el CIDE.


[3] Estrategia de transparencia y rendición de cuentas ante la situación de emergencia por Covid-19 https://gobabiertomx.org/

[4] Arrieta, Agustín, La posverdad es más peligrosa que la mentira, 2020 http://www.ipsnoticias.net/2020/09/la-posverdad-mas-peligrosa-la-mentira/

[5] Camps Victoria, Posverdad la Nueva Sofistica, 2017

[6] Arendt Hannah, La verdad y la mentira en la política, 2017, Madrid, España.