La tercera entrega del informe de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha abierto la caja de pandora de este gobierno. En él, se expone un repertorio de problemas de planeación, uso arbitrario y opaco de los recursos públicos y, en algunos casos, de abierta corrupción. Aunque la atención se ha centrado principalmente en los megaproyectos de infraestructura de esta administración, lo cierto es que las inconsistencias también están presentes en otras áreas sustantivas, entre ellas, la de la seguridad.
El objetivo de las auditorías es corregir los errores de la administración pública y evitar desfalcos al erario, pero también son un ejercicio de rendición de cuentas. Contrario a lo que piensa el presidente de la República, esta información sí debe servir como “arma” para que la ciudadanía vigile y exija mejores resultados a su gobierno. Así que a continuación se hace lo propio. Estas son algunas de las irregularidades encontradas en áreas de seguridad y justicia del gobierno federal.
Una Guardia Nacional militarizada, poco capacitada y mal desplegada
Aunque se insistió en que la Guardia Nacional (GN) iba a ser civil, o al menos controlada por civiles, la auditoría confirma que no es otra cosa que la militarización de la extinta Policía Federal. Según la ASF, prácticamente el 71% de los elementos de esta “nueva” corporación provienen de la Policía Militar y Naval; algunos ya laboraban ahí, mientras que otros nuevos fueron reclutados por las Fuerzas Armadas. El resto son poco más de la mitad de quienes antes integraban la Policía Federal y apenas un 0.1% han sido civiles reclutados directamente por la GN. La militarización es más evidente cuando se analiza al personal desplegado en tareas operativas: 91% proviene de las Fuerzas Armadas.
A ello hay que agregar que la construcción de los nuevos cuarteles de la GN, la adquisición de sus vehículos, armamento y equipo, además del pago de las remuneraciones de sus efectivos, han estado a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Lo anterior reafirma que esta corporación funge más como apéndice del Ejército mexicano que de la Secretaría de Seguridad a la que administrativamente está adscrita.
Hay quienes argumentan que no importa que los nuevos elementos provengan de instituciones militares, pues la capacitación y doctrina de la GN es policial (civil). No obstante, la auditoría realizada a esta institución demuestra que 94% de los elementos provenientes de la SEDENA no recibieron la capacitación inicial para ser policías; en el caso de los que provienen de la Marina, fue de 40%. Por otro lado, de acuerdo con la revisión de la ASF, 32% de los elementos que provienen de las Fuerzas Armadas no cuentan con carta de no antecedentes penales; al 42% no se le realizó exámenes psicológicos, y al 41% no se le aplicó exámenes de laboratorio. Finalmente, no se pudo comprobar que al menos un elemento cumpliera con los exámenes de control de confianza establecidos por ley.
Por si esto fuera poco, el informe de la Auditoría reafirma algo que muchos analistas hemos denunciado desde el arranque del despliegue de esta corporación: no está donde están los problemas de seguridad. En 2019, el despliegue inicial de la GN en 150 coordinaciones regionales no tuvo correlación con la incidencia delictiva de los estados ni con sus niveles de violencia. En todo caso, existió una correlación con el número de habitantes. Además, hubo casos con un sobredespliegue de elementos, como Oaxaca y Chiapas, donde fueron usados para contener los flujos migratorios, mientras que Guanajuato y Baja California –dos de las entidades más violentas del país– recibieron una menor proporción de efectivos por cada 100,000 habitantes.
Irregularidades en el Servicio de Protección Federal (SPF) encabezado por Manuel Espino.
El SPF es una corporación policial que pertenece a la Secretaría de Seguridad; su objetivo central es resguardar instalaciones públicas estratégicas. En 2019, el polémico expresidente del PAN, Manuel Espino, fue nombrado su coordinador nacional. En paralelo a su cargo al frente de esta corporación, el político duranguense ha emprendido una campaña de promoción personal que incluye la colocación de cientos de anuncios espectaculares en avenidas del país donde aparece promocionando la organización política “Ruta Cinco”. Un vistazo a sus redes sociales es suficiente para ver cómo promueve la imagen de su agrupación política al mismo tiempo que informa sobre sus actividades como servidor público.
Según la ASF, en el año 2019 la corporación policiaca que dirige Manuel Espino presentó irregularidades por un total de 63.57 millones de pesos; la Auditoría logró recuperar apenas 331,000, la mayoría proveniente de partidas para pagos a personal que no se habían realizado y de una factura duplicada. La irregularidad principal aún no aclarada se encuentra en dos contratos de servicio de hospedaje y alimentación que ascienden a 63.24 millones de pesos; no se ha comprobado que estos servicios en efecto fueran prestados. Ésta y otras irregularidades llevaron a la ASF a promover 15 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de servidores públicos de esa dependencia.
Menos recursos –y mal ejercidos– para la búsqueda de desaparecidos en los estados
La ASF también auditó la gestión financiera de la dependencia encargada de una de las políticas de más peso en la narrativa de justicia de esta administración: la búsqueda de personas desaparecidas.
En primer lugar, el informe de la Auditoría reporta que, pese a que originalmente la Cámara de Diputados autorizó 400.8 mdp para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), se hizo una modificación que redujo su presupuesto a 244.6 mdp. Es decir, los recursos originalmente aprobados para atender una de las áreas más críticas en materia de derechos humanos se recortaron un 39%. De los recursos que sí se ejercieron, más del 85% fueron subsidios a entidades federativas y municipios. Es por ello que la ASF recomienda fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional para dar seguimiento a los recursos otorgados a las comisiones locales y verificar que se apliquen correctamente.
Por ejemplo, a Coahuila se le otorgaron más de 84 millones de pesos para la construcción y equipamiento del Centro Regional de Identificación Humana de Saltillo. Sin embargo, cuando personal de la ASF visitó el centro en agosto de 2020 encontró que sólo operaba a un 5% de su capacidad, únicamente con presencia de parte del personal administrativo. De hecho, el Centro fue oficialmente inaugurado por autoridades federales unos días después de la visita de la Auditoría, pese a que la obra fue entregada en febrero de 2020. Adicionalmente, se detectó un sobrecosto de 16 mdp –o 22%– frente al proyecto original de la obra.
En otro caso, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México recibió un subsidio de 10 millones de pesos por el que debía aportar un copago del 10%; sin embargo, nunca cumplió con la transferencia requerida de un millón de pesos. Además, equipos de comunicación para vehículos, drones y hasta una camioneta adquiridos con recursos federales se quedaron embodegados por falta de capacitación, instalación y hasta por no tramitar las placas de circulación del vehículo.
En suma, proyectos emblemáticos como el de la Guardia Nacional –una de las pocas acciones que este gobierno ha ofrecido en materia de seguridad– adolecen seriamente de planeación y confirman una peligrosa tendencia militarista. Por otro lado, instituciones para la seguridad como el Servicio de Protección Federal han quedado en manos de personajes con agendas políticas que ponen en duda su compromiso con el servicio público y que podrían ser causa del desorden administrativo que impera en las dependencias. Finalmente, agendas tan delicadas como la de la búsqueda de desaparecidos se han visto afectadas por los recortes presupuestales y su política de subsidios muchas veces se diluye por la mala administración de recursos en las entidades federativas.
Cada año, la Auditoría Superior de la Federación nos da un panorama desolador de cómo se malgastan los recursos públicos, ya sea por incapacidad o corrupción, en áreas tan delicadas como la seguridad. No es exclusivo de esta administración o del gobierno federal (como lo demuestran las auditorías a los fondos para la seguridad pública destinados a estados y municipios). Por ello, en lugar de iniciar una embestida oficialista en contra de esta institución, deberíamos prestarle cada vez más atención y construir una ruta para fortalecer sus atribuciones, garantizar su independencia y lograr que el enorme trabajo que realiza su personal realmente se refleje en una mejoría en administración pública. Es ahí, en las entrañas de la burocracia, donde muchos de los problemas de nuestros gobiernos podrían ser resueltos.
Analista en asuntos de seguridad y Socio-Director de DataInt.
