Desde hace algunos años, se encuentra en la agenda del gobierno mexicano el combate a la corrupción. La acción más importante realizada al respecto ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que consta de un entramado legal generado entre 2015 y 2016, conformado por una reforma constitucional y siete leyes generales. El sistema está conformado por la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual menciona en 10 ocasiones la palabra “integridad” como concepto y como valor a desarrollar dentro de las organizaciones públicas y privadas.
La integridad, de manera operativa, puede traducirse en políticas encaminadas a mejorar el apego a los códigos y leyes que rigen la conducta de las personas dentro de las organizaciones, la existencia de sistemas auditables de los procesos que se llevan a cabo, la debida diligencia o due diligence para contratar a terceros que tengan solvencia ética, contar con una política de transparencia de intereses, entrenamiento al personal respecto a las características del propio sistema de integridad, entre otras medidas similares.
Todas estas acciones están encaminada a evitar conductas que representen una desviación a los códigos, normas y leyes que rigen las funciones de servidores públicos y personal de la iniciativa privada. En otras palabras, previenen la corrupción y, cuando se dan casos, proveen mecanismos para investigar y sancionar a los responsables. Para lograr esto, es necesario contar con unidades responsables de dar seguimiento a la implementación de distintas acciones de acuerdo con los objetivos de cada organización.
En México podemos observar un caso exitoso de implementación de integridad corporativa en la industria farmacéutica. En 2005 la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica decidió crear el Consejo de Ética de la Industria Farmacéutica (CETIFARMA)[1] con el propósito de “fortalecer el desarrollo de una industria farmacéutica, socialmente responsable, íntegra, transparente y atenta a evitar comportamientos que pongan en riesgo el cumplimiento de los principios éticos establecidos en el Código de Ética y Transparencia”. Este órgano tiene la facultad de atender quejas de incumplimiento de sus códigos que sean presentadas por empresas farmacéuticas, autoridades sanitarias, instituciones del sector salud, profesionales de la salud y consumidores. Asimismo, monitorea el cumplimiento de disposiciones legales y de los códigos a las que están sujetas las empresas que pertenecen a CETIFARMA en materia de farmacovigilancia, uso de muestras médicas, eventos educativos sobre ciencias de la salud donde se involucran de alguna manera las empresas, la designación de un oficial de cumplimiento y los compromisos con el medio ambiente.
Un importante sector de la industria farmacéutica en México pertenece a CETIFARMA. 14 años después de haber creado este órgano de autorregulación, las empresas pertenecientes han cambiado la manera de gestionar sus procesos, y se han observado esfuerzos para mejorar el apego a los códigos que rigen su actuar. Uno de ellos es la Certificación de Empresas con Prácticas Transparentes (EPT) que, básicamente, consiste en comprobar que las políticas y prácticas internas se apegan a la legislación mexicana y a los códigos de autorregulación a las que se están sujetas.
En resumen, CETIFARMA es quien vigila la aplicación de la integridad como valor transversal en la gestión de procesos de las empresas farmacéuticas, promoviendo activamente el cumplimiento de códigos y leyes y sancionando comportamientos que contravengan los principios éticos de la industria en cuestión.
Otro ejemplo respecto al enfoque de integridad como valor rector de una organización es la Oficina de Ética que tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si bien no cuenta con facultades de recibir denuncias por mala conducta del personal o cualquier desviación a sus códigos que pueda ser observada, sí promueve activamente en todas sus oficinas del mundo que se implementen programas de “capacitación y educación respecto de cuestiones éticas en coordinación con la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y otras oficinas”, y protege a las personas de represalias por haber denunciado una mala práctica en las oficinas designadas para esto, buscando promover “una cultura ética de la organización sobre la base de los valores que compartimos de integridad, responsabilidad, transparencia y respeto.”
Fomentar el valor de la “integridad” dentro de las organizaciones no garantiza que estén exentas de actos de corrupción, pero sí es una herramienta que permite disminuir potenciales desviaciones. Para combatir la corrupción en las organizaciones, no sólo debe existir el fomento de valores que generen un mejor apego de la gestión de sus procesos a sus marcos normativos. También son necesarios mecanismos eficaces de supervisión que lleven consigo la capacidad técnica de investigación y es fundamental contar con un sistema de consecuencias con las facultades necesarias para aplicar sanciones bien establecidas para que estas medidas no se conviertan en represalias y se generen incentivos perversos en esta dinámica.
Históricamente el gobierno de México no ha sido capaz de apropiarse de una cultura de integridad. Los resultados están ahí, basta voltear a ver el número de anomalías que año con año detecta la Auditoría Superior de la Federación y los estudios de periodistas e investigadores que encuentran modus operandi y les dan rostro a quienes realizan malas prácticas con el dinero de todos[2] para darse cuenta de que muchos servidores públicos no están tomando decisiones basadas en la integridad y con apego a derecho, sino con el apego a intereses personales sin importar el daño que le generan a las y los mexicanos.
Los resultados a largo plazo de implementar los estándares éticos más altos en la gestión de las organizaciones públicas y privadas se traducen en construir una mejor democracia en el país y aumentar el nivel de confianza de la ciudadanía en su gobierno. Es un camino largo de recorrer y perfectible en todo momento, pero vale la pena mejorar la cultura organizacional y cambiarla hacia un modelo donde la toma de decisiones no sólo esté basada en efectividad o eficiencia, sino en la integridad entendida como un valor intrínseco aplicable en cualquier acción.
Carlos Osorio (@CarlosOsoHrdz)
Investigador de GESOC A.C.
[1] Para conocer más de CETIFARMA, ingresar a https://cetifarma.org.mx/
[2] Animal Político ha llevado la estafeta de investigaciones serias respecto a grandes casos de corrupción que involucran a Titulares de Secretarias de Estado, Gobernadores y demás servidores Públicos que en la mayoría de los casos triangulan dinero con empresas fantasma. https://www.animalpolitico.com/
